El patrón advirtió a la Fiscalía de la explotación irregular de más de 230 licencias
Teresa García – Las Palmas5 El patrón que desencadenó la operación contra floteros del taxi por presunto fraude fiscal denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos a un total de doce floteros que explotan irregularmente más de 210 licencias. En la denuncia presentada el 22 de febrero de 2012, que provocó la apertura de una investigación por parte de la fiscal Eva Ríos, Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), acusa también de presunto encubrimiento del fraude de los floteros a José Luzardo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT).
De hecho, la sede de la ATAT fue una de las asociaciones de taxistas que han sido registradas durante la operación puesta en marcha el pasado martes por la titular del juzgado de Instrucción número 8, Victoria Rosell, que se ha saldado por el momento con la imputación de siete floteros por delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y contra los derechos de los trabajadores. Otros 13 floteros se enfrentan a una investigación paralela de la Agencia Tributaria.
Entre los floteros denunciados por Suárez, uno de los cuales explota más de 50 licencias de taxi, figuran tres patrones que fueron investigados en la redada que se llevó a cabo en 2010. Al respecto, señala que dos de estos floteros siguen con “sus licencias supuestamente arrendadas” y ” tan sólo han cerrado el taller, pero se sigue trabajando de puertas adentro”.
En cuanto al tercer investigado en la operación de 2010, que incluso llegó a estar imputado por presunto fraude a la hacienda pública, tampoco “ha cambiado su situación” y “supuestamente sigue con el mismo fraude fiscal”, advierte Suárez, que creó en 2011 la asociación para luchar contra la explotación irregular de licencias de jubilados o viudas.
Recaudación
También aparecen en la denuncia al menos dos de los siete detenidos el pasado martes: M. G. S., al que Suárez acusa de tener arrendadas más de cuarenta licencias, así como su hijo, J. G. A., que “se encarga de recoger la recaudación de los conductores”. Fue precisamente en casa de M. G. S., donde se encontraron 140.000 euros en metálico dentro de un sobre, según confirmaron fuentes judiciales.
En la denuncia, a la que tuvo acceso este periódico en 2012 cuando fue presentada ante la Fiscalía, Suárez acusa a José Luzardo, de estar “dando cobertura” a los floteros desde la ATAT, “dándoles su teléfono a los taxistas que se iban jubilando o a las viudas que aprovechándose de su total desconocimiento del sector las manipulan al ir a regularizar su situación”.
Suárez asegura que cada chófer liquida por turno al flotero 50 euros al día, “lo que significa 100 euros por coche al día. Ese dinero no se declara por ningún lado, entre otras cosas porque las empresas están a nombre en su gran mayoría de jubilados o viudas del sector. Tener 20 coches arrendados significarían unos ingresos de 2.000 euros diarios sin declarar. El beneficio radica”, añade, en contratar por “dos horas” a los asalariados, cuando en realidad trabajan muchísimas más horas, o tenerlos “sin contrato los fines de semana”.
El representante de la Atlatc asegura, por otro lado, que la ATAT se financia, entre otros ingresos, “con la venta ilegal de periódicos, ya que los mismos son entregados gratuitamente por las editoriales para repartirlas entre los taxistas a través de las cooperativas”, con el objetivo de que los clientes puedan leer la prensa durante el trayecto.
La ATAT, afirma, “los vende a 50 céntimos, lo que le supone un montante anual de 46.397,17 euros que ellos tienen reflejados como donación taxistas periódico, según el balance de cuentas que presentaron a sus socios en la asamblea que tuvieron en el año 2011″.
Expedito Suárez informa en su denuncia que la asociación que preside Luzardo, a la que pertenecen más de 800 socios, “lleva años coqueteando con la política para” recibir “subvenciones siendo ellos los que las reparten y las dan a dedo”. En 2009, añade, “se denunció tal irregularidad ante el Cabildo de Gran Canaria” y “no se hizo absolutamente nada”./La Provincia
LOS CUATRO FLOTEROS DETENIDOS ACAPARAN 600 LICENCIAS DE TAXI
La investigación judicial que provocó la detención de siete personas el martes vinculadas al negocio del taxi sostiene que la «estructura organizativa» creada para defraudar dinero a Hacienda «presuntamente llegaría a acaparar unas 600 licencias del total de 1.600 de esta capital».
La operación policial iniciada el martes pasado en las dos cooperativas de taxis de Las Palmas de Gran Canaria, que se saldó con la detención de siete personas a las que se acusa de fraude a Hacienda, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y de atentar contra los derechos de los trabajadores, se sustenta en una amplia investigación previa.
El auto judicial que autorizó los registros desglosa las acciones solicitadas por la Agencia Tributaria para obtener las pruebas físicas necesarias que sustentan las respectivas acusaciones, evitando «demoras injustificadas que pudieran poner en riesgo el resultado de la instrucción, dadas las relaciones de los investigados entre sí y con las empresas y gestorías de las que son clientes, que pudieran derivar racionalmente en la desaparición o alteración» de las pruebas.
La investigación se soporta sobre evidencias obtenidas «desde enero del pasado año 2012», tanto por la Fiscalía como por la Agencia Tributaria, a partir de la sospecha de que se podía estar «cometiendo un posible fraude fiscal y en su caso de blanqueo de capitales, en la explotación ilícita de una serie de licencias municipales de taxi en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, con la colaboración de personas de su entorno», según describe la citada autorización, fechada el mismo día 2 de julio.
El dispositivo señala a cuatro de los detenidos como líderes de «una estructura organizativa dirigida y diseñada» a explotar «numerosas licencias de taxi no concedidas por la Administración municipal». El procedimiento seguido apunta que las licencias son cedidas «por viudas o jubilados titulares legítimos de las licencias originales, a cambio de una remuneración mensual de unos 500 euros, haciéndose cargo los investigados de todos los gastos de los vehículos, incluidos los seguros, organizando a los conductores en turnos de explotación del taxi, de manera que el vehículo obtenga rendimiento durante las 24 horas del día, debiendo entregar los conductores una cantidad fija de entre 40 y 50 euros al finalizar su turno al flotero». Según el informe de la Inspección de Hacienda, para alcanzar la cifra de 120.000 euros anuales que el Código Penal tipifica como delito fiscal, se deriva que tal cantidad se alcanzaría por las personas investigadas «con 20 o más licencias en 2008, 19 o más licencias en 2009 y 2010, y a partir de 18 licencias en 2011».
Los datos aportados por Hacienda al juzgado en la investigación previa apuntan que la «organización» tiene tal «incidencia en el sector», que «acapara unas 600 licencias del total de 1.600 de esta capital» , el equivalente al 37% de la flota de taxis existente en la actualidad. /Canarias7
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