Arxiu de la categoria: Flotas

EL AYUNTAMIENTO ABRE EXPEDIENTE A 192 TAXISTAS POR CESIÓN ILEGAL DE SUS LICENCIAS

Ángel Sabroso inicia los trámites para revocar los permisos a los taxis explotados por floteros – Asalariados y patronos le acusan de sancionar a autónomos legales

El Ayuntamiento de la capital grancanaria ha abierto expedientes sancionadores a un total de 192 taxistas por cesión ilegal de sus licencias a floteros para que éstos las exploten. Con la apertura de estos expedientes que acaban de ser notificados por carta a los taxistas cuyas licencias están siendo investigadas por un presunto delito de fraude fiscal, el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, ha iniciado el proceso para revocar los permisos a los patronos, en su mayoría viudas y jubilados, que han arrendados sus taxis a floteros.
Las asociaciones de asalariados y patronos, cuyas denuncias han propiciado el proceso judicial que se ha saldado por el momento con la imputación de siete floteros, advirtieron ayer de que el Ayuntamiento ha incoado expedientes también a autónomos que no han cometido ninguna irregularidad. Tanto Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), como la presidenta de la Asociación de Asalariados, María Eugenia Suárez, denunciaron que el Ayuntamiento está “metiendo en el mismo saco” de los jubilados y viudas a autónomos que explotan sus taxis de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento municipal.
Fuentes municipales indicaron ayer que los datos de los titulares de licencias que, presuntamente, han sido cedidas ilegalmente a floteros, fueron remitidos al consistorio por el Juzgado de Instrucción número ocho, que preside Victoria Rossell, la magistrada que está investigando los presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y contra los derechos de los trabajadores cometidos por los siete floteros imputados. Las fuentes añadieron que fue el Ayuntamiento el que solicitó al juzgado la remisión de los datos y aclararon que los titulares de licencias expedientados pueden recurrir la sanción, que contempla una multa cuya cuantía oscila entre 4.601 y 6.000 euros, por haber cometido una infracción muy grave, que también lleva aparejada la retirada de la licencia.

Traspaso
El Ayuntamiento considera que los taxistas expedientados han incumplido el artículo 104.4 de la Ley de Ordenación del Transporte de Carreteras de Canarias (Lotcc), que impide ceder las licencias a terceros.
La resolución municipal establece también la suspensión de la transmisión de licencias hasta que culmine el procedimiento. Sabroso anunció el pasado mes de julio que bloquearía el traspaso de licencias hasta que concluyera la investigación judicial. El concejal condicionó también en aquel momento la retirada de las licencias a la culminación del proceso, pese a lo cual el Gobierno municipal ha decidido ahora iniciar los expedientes de revocación.
Según se puede leer en uno de los expedientes sancionadores, a los que ha tenido acceso este periódico, el juzgado envió al concejal Sabroso la lista de licencias que está investigando la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, que son los datos en los que se ha basado el Ayuntamiento para incoar las sanciones, pese a que la información de Vigilancia Aduanera está pendiente aún, para confirmar la existencia de los presuntos delitos, de que la Agencia Tributaria concluya el informe sobre la documentación obtenida en las redadas realizadas el pasado 2 de julio en varios locales y domicilios de floteros.
Expedito Suárez manifestó ayer su “sorpresa” por las “prisas” que le han entrado de repente al Ayuntamiento para iniciar los expedientes sancionadores, pese a que la investigación judicial “no ha concluido aún y tampoco hay sentencia. El Ayuntamiento”, insistió, se ha negado a hacer las inspecciones anuales que establece el reglamento, a través de las cuales puede comprobar sin problemas si los jubilados y viudas están explotando irregularmente las licencias. “No puedo creer que el Ayuntamiento lo supiera y no haya hecho nada hasta ahora”, añadió Suárez quien denunció el perjuicio que está causando el Gobierno municipal a los autónomos que han actuado legalmente. “Si lo que pretende el Ayuntamiento con estos expedientes es poner al sector del taxi en contra mía con los expedientes sancionadores, ha conseguido el objetivo”, sostuvo Suárez, quien está sufriendo las críticas de taxistas sancionados, que le consideran culpable de lo que está ocurriendo. Por su parte, María Eugenia García Rocha, consideró que “el Ayuntamiento intenta engañar a la Justicia, haciendo ver que está intentando regular el sector, cuando lo que realmente busca es dejar las cosas como están. El Ayuntamiento sabe perfectamente quién incumple la ley, pero permanece de espaldas a ella. Nuestra única esperanza es la juez. Si la Justicia no entra en ese Ayuntamiento, estamos perdidos”.

SALUT Y BUEN VIAJE.

LOS FLOTEROS GANABAN 5000 EUROS POR LA VENTA DE TAXIS

Las ganancias de los floteros por la gestión de las licencias del taxi no se limitan sólo a los 50 euros diarios que supuestamente perciben de los asalariados, sino que también cobran comisiones por la transmisión de licencias. Los pinchazos telefónicos detectan ganancias en negro de hasta 5.000 euros por el traspaso de los taxis.

El negocio de los floteros –los intermediarios del taxi que supuestamente gestionan de modo irregular centenares de licencias en la capital grancanaria– no sólo se nutría de la llamada gallina, esto es, la cantidad fija que el asalariado paga por trabajar cada día, sino que además existía un sistema de comisiones ligado al traspaso de las licencias municipales. Las escuchas telefónicas efectuadas por la unidad operativa de Vigilancia Aduanera apuntan a una supuesta trama de comisiones cobradas en las operaciones de traspaso de licencias.
«En definitiva, parece práctica habitual que cuando el titular vende licencia y coche, el flotero que explotaba dicha licencia recibe algún tipo de comisión», explican los agentes en el informe remitido al juzgado de instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El pinchazo de una llamada efectuada el 22 de abril a las 19.21 horas apunta en esta dirección. Uno de los presuntos floteros investigados, B.M.G., recibe una llamada de una persona que se identifica como F. y que se interesa por el arriendo de una parada, que ya ha sido vendida. «Él vendió la licencia», dijo en relación al titular del permiso municipal, «y yo he vendido el coche (…) como la licencia… el coche está a nombre de él (…) pues él me da a mí un dinero (…) que es el coche, queeee son cinco mil euros que me tiene que dar a mí y después ya».
El mismo proceder es detectado en otra conversación incorporada al sumario del caso, sólo que en esta ocasión el protagonista es otro de los investigados, J.M.S.O. La conversación tiene lugar el 9 de mayo a las 11.28 horas y en ella, un titular de licencia, cuyo nombre corresponde a la sigla G., contacta con el flotero que está explotando su licencia. Curiosamente, al igual que ocurrió con B.M.G., la comisión es de entre 5.000 y 6.000 euros por la venta. «Vale venga si tengo que sacarlo… lo que yo te tengo dado de renta a ti y tal tengo que sacarle unas perras», le explica el flotero al titular de la licencia. Éste ha llegado a un preacuerdo con el futuro comprador en que el precio de la transacción sería de 70.000 euros: 65.000 para el titular y 5.000 para el flotero. «Calculo que tú te puedas quedar con cinco o seis mil euros».

SALUT Y BUEN VIAJE.

LOS TAXISTAS RECLAMAN QUE SE REVOQUE LA LICENCIA A QUIENES CAUSEN BAJA COMO AUTÓNOMOS

El sector exige una acción contra el fraude igual de contundente que la de Santa Cruz

Los responsables de las asociaciones del sector del taxi reclamaron ayer al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una actuación contundente para acabar con el fraude en la gestión de licencias. Los presidentes de los colectivos de asalariados, autónomos y titulares de licencias ponen como ejemplo a Santa Cruz de Tenerife, cuyo departamento de Transporte ha revocado en este año 39 permisos por incumplir la ordenanza municipal que regula la actividad.
Las sanciones se acordaron por incumplimientos graves y flagrantes, entre los cuales destacan cuatro casos de titulares de licencias que llevaban años dados de baja como autónomos en la Seguridad Social. “Es también se pueden hacer aquí, pero el Ayuntamiento de la capital grancanaria no hace las inspecciones anuales para detectar esos casos”, se lamenta Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias Auto-Taxi de Canarias (Atlatc).
Suárez asegura que la Ley del Transporte de 2007 establece la obligación de realizar una inspección anual en la que se debe presentar un certificado con la fe de vida laboral. Ese documento recoge la fecha de alta en la Seguridad Social. “Hemos llegado a la situación de los floteros porque el Ayuntamiento ha utilizado a viudas y jubilados como escudos para no hacer nada”, añade el responsable de Atlatc, cuya asociación destapó el fraude que en la actualidad investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. En esa causa penal, tras la denuncia de la Fiscalía y los registros efectuados por la Agencia Tributaria, la juez ha citado como imputados a siete taxistas para tomarles declaración por fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores, todo relacionado con la supuesta acumulación y explotación ilegal de las licencias.
Algo parecido piensa el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), José Luzardo. “Claro que se pueden hacer aquí esas inspecciones”, responde Luzardo. “Otro gallo cantaría si se hubieran hecho esos controles, porque el problema se remonta a 25 o 30 años atrás y la prueba de que persisten los casos de fraude está en la denuncia presentada por la Fiscalía”, añade.
En la Asociación de Asalariados de Las Palmas, que preside María Eugenia García, se sienten “agraviados” por la inactividad del Ayuntamiento. En concreto echan en falta sanciones como las impuestas en la capital tinerfeña, pues en ambas ciudades el sector está regulado por la misma ley y el mismo reglamento.
Los responsables municipales de Las Palmas de Gran Canaria respondieron ayer que no pueden valorar los casos en los que sus colegas de Santa Cruz han revocado las licencias, entre otros motivos porque desconocen los detalles de cada situación y los preceptos invocados para retirar las licencias, pero sí rechazan que causar baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sea motivo suficiente para la revocación.
En ese sentido, el Ayuntamiento sostiene que el Ministerio de Trabajo, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, ya respondió en febrero 2009 que es compatible ser titular de una licencia y no estar dado de alta como autónomo. Ese informe se dictó tras un escrito presentado por Atat para denunciar el supuesto fraude. “Desconocemos si existe alguna otra circunstancia que fundamente los expedientes resueltos por el Ayuntamiento de Santa Cruz”, subrayan sus homónimos en la capital grancanaria.
Y agregan que en 2012 se incoaron 288 expedientes sancionadores, frente a los 148 de 2011 o los 89 de 2010. Esto representa un incremento de casi el doble de denuncias, aunque no por las inspecciones anuales de control que reclaman las asociaciones del sector, sino por la actuación fiscalizadora de la Policía Local. También alegan que esperan por los resultados de la investigación penal para revocar las licencias si se demuestra que se ha producido una cesión ilegal para la explotación de terceros.

SALUT Y BUEN VIAJE.

MULTAN Y CACHEAN A LA PRESIDENTA DE LOS AUTÓNOMOS DEL TAXI

Eugenia García sospecha represalias por denunciar actividades ilícitas de los floteros; ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia. La Policía Local aún no ofrece su versión.

Dos actuaciones policiales, cada cual más llamativa, el mismo día y sobre la misma taxista, en este caso la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, Eugenia García. Según denunció ella misma la noche de este martes ante el juzgado de guardia, el lunes fue objeto de una multa que considera arbitraria a las cinco y media de la tarde, en la parada del parque de San Telmo, y de una retención con registro “exhaustivo” de su coche a las 22.30 al grito de “danos la droga que llevas” a la altura del barranquillo de don Zoilo.
El jefe de la Policía Local ha dicho a CANARIAS AHORA que en unos días estará lista la versión de ese cuerpo, una vez recabe los informes de los agentes que protagonizaron los hechos.
Eugenia García, que denunciara en 2010 la corrupción en el sector del taxi con el archivo de la causa por errores en la investigación policial, se ofrecía precisamente este lunes a la justicia, en compañía de otros taxistas, para testificar en las diligencias que se siguen actualmente contra los floteros, como se conoce en el argot a las personas que explotan masivamente licencias de taxi de las que no son titulares.
Según la denuncia que presentó escrita a mano en el juzgado de guardia la noche de este martes, a las 17.30 del lunes fue requerida por agentes de la Policía Local para un “control de vestimenta”. Los policías se dirigieron a Eugenia García y a otros tres taxistas, asalariados igual que ella, con el mismo motivo. En medio de esa operación se presentó otro agente (el 10.590) a bordo de una motocicleta que interviene sin motivo aparente para decir a la taxista que así no puede ir vestida. La requerida se dirige a los otros agentes, según su testimonio, para referirles su extrañeza por un control así cuando el sector está sumido en una fuerte polémica por las ilegalidades detectadas y la presencia de trabajadores no regularizados.
Igualmente, siempre según su versión, manifiesta a los agentes su extrañeza por la exigencia de aplicación de un reglamento de vestimenta que data del año 70 y que, entre otras cosas, prohíbe a los hombres el uso de sandalias. Su crítica a la actuación policial y sus referencias al problema de los autónomas son respondidas por el agente 10.590 con un expeditivo “ahora sí que te multo”, a lo que sigue una sanción de 200 euros por vestir ropa deportiva (la taxista asegura que vestía traje de manga hueca y sandalias atadas a los tobillos).
Pasado ese mal trago y aún sin salir de su extrañeza, Eugenia García asegura haber sido víctima de otra actuación arbitraria por parte de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria a las 22.30 horas, concretamente en la confluencia entre el paseo de Chil y el Barranquillo de don Zoilo. Siempre según su relato, tras realizar su último servicio y dirigiéndose a su casa, fue interceptada por un coche patrulla de la Policía Local con todas sus señales luminosas y acústicas activadas que le rebasa y le corta el paso por la parte delantera hasta obligarla a detener su vehículo.
Los agentes le ordenan salir del coche, momento en el que se incorpora a la operación la dotación de otro coche, en este caso camuflado, del que se bajan dos agentes de paisano que se identifican mostrando fugazmente sus placas. “Danos la droga que llevas”, le increpan ante el asombro de la taxista.
No hubo detención ni apareció droga alguna ni en el taxi ni en posesión de la retenida, que en varias ocasiones reclamó a la fuerza actuante que se avisara a la Policía Nacional ante la poca confianza que le podía inspirar una actuación de ese tipo.
Casualmente este martes circuló en el WhatsApp del colectivo de los taxistas de la ciudad la reproducción de una página del periódico Canarias7 con una noticia referida a Eugenia García (“Ocho taxistas piden declarar como testigos contra los floteros”) bajo la cual se podía leer en un español un tanto macarrónico: “Represalias no tomará el sector del taxi con su señoría (Rosell). El sector del taxi respeta las decisiones de su señoría. El sector del taxi tomará decisiones oportunas contra aquellos compulsivos que mienten, como la que presume de ser presidenta de asalariados del taxi. Consumidora de estupefacientes que por respeto al sector no debería estar trabajando en nuestro sector”.

Tardará la versión policial
La versión de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria sobre estos hechos de los que ha sido víctima la dirigente del taxi Eugenia García no se conocerá hasta este miércoles o el jueves, según indicó a este periódico el máximo responsable de ese cuerpo, el comisario Javier Henríquez.
Henríquez aseguró que había recibido este mismo martes por la mañana a la afectada por espacio de dos horas, pero tampoco le ofreció ninguna versión porque todavía no la conocía.
García se quejó ante Henríquez de ser víctima de represalias por parte de determinados agentes de la Policía Local precisamente por ser activa denunciante de los abusos e ilegalidades que se cometen en el sector del taxi.
Javier Henríquez admitió a preguntas de este diario mantener amistad con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), José Luzardo, considerado el más influyente defensor del actual status quo del sector. “Lo veo un par de veces al año, pero nada más”, recalcó.
Preguntado si es consciente de que muchos agentes de la Policía Local compaginan su actividad profesional con la de conductores de taxis, Henríquez restó importancia a esa extendida evidencia, pero admitió que incluso su actual conductor en el pasado (hace más de cinco años) se dedicó a esa actividad.
Incluso dijo conocer la existencia de agentes de la Policía titulares de licencias de taxi, algunos de los cuales ya las han vendido, lo que vulneraría el reglamento del sector.

SALUT Y BUEN VIAJE.

LA “MAFIA” IMPUNE DEL ALQUILER ILEGAL DE TAXIS EN MADRID

Creditaxi mueve hasta 170 licencias y decenas de miles de euros al mes en negro en el negocio ilegal de los subarriendos, leonino para los conductores
Ana Botella prometió atajar la situación por carta en enero, pero el sector asegura que ‘no se ha hecho nada’

El conductor pone cinco euros para su propio despido, la gasolina y las horas de esfuerzo ‘apatrullando’ las calles de Madrid, “a veces corriendo como un loco para llegar a los 1.000 euros al mes, poniendo en peligro a su cliente y al resto de los conductores”.

El propietario de la licencia, en muchos casos un jubilado que puede estar a 500 kilómetros, bebiendo ‘caipirinha’, pone el documento y el vehículo. Y Creditaxi, la mayor empresa dedicada al negocio ilegal del alquiler de taxis en Madrid, hace de intermediaria y cobra 300 euros por vehículo por mantener el coche en perfecto estado, y por ‘semiesclavizar’ al conductor.

Así de sencillo es el negocio del subarriendo, las flotas, terminantemente prohibidas por la ley, que marca que las licencias son personas y no se puede mercadear con ellas.

Hay taxistas que, según asociaciones como Todotaxi, lo hacen por días: alquilan su coche por 80-90 euros por jornada. Pero también hay empresas que se quedan con parte del pastel de las licencias,acaparando mercado y haciendo competencia desleal a los conductores autónomos, que se ven peleando contra gigantes.
Creditaxi, que tiene sus oficinas en el piso de arriba de la mismísima Gremial y regenta varios talleres por todas la ciudad para sacar beneficio de todo el circuito de cada vehículo (gana con el mantenimiento, con la mecánica, con el seguro), mueve entre 150 y 170 taxis en Madrid y es “la más grande” del negocio de las flotas.

Lo cuenta a este diario Jesús Serrano, uno de los jefes de la sociedad, creyendo que habla con dos candidatos a comprar una licencia y subarrendarla a través de la empresa, que funciona, en su ilegalidad, como un reloj. “Esto es como si te compras un piso de 120 ó 130.000 euros y te dedicas a alquilarlo por 600 euros al mes”, nos explica otro de los dueños de la firma, una tapadera en toda regla cuyo negocio legal es el asesoramiento legal a taxistas y el préstamo para la adquisión, legal, de licencias.

El sector entero lo ha denunciado. La Gremial, la Federación y también Todotaxi, que se reunió el pasado 7 de noviembre con Federico Adrados, director de la Oficina del Taxi de Madrid, “con un dossier enorme sobre el negocio ilegal del subarriendo”, explican.

La propia alcaldesa, Ana Botella, se dio por enterada de las denuncias dos meses después, el 16 de enero, enviándoles una carta asegurando con se haría un “estudio exahustivo” de lo denunciado. “No ha cambiado nada, no se ha hecho operación alguna y empezamos a pensar que es por algún motivo oscuro”, dicen en Todotaxi./Mundo

SALUT Y BUEN VIAJE.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA IMPONDRÁ A SUS TAXIS UNA JORNADA DE 8 HORAS, DESCANSOS Y UNIFORME

A los nuevos taxistas se les exigirá, además, el título de EGB o similar y conocimientos del idioma inglés

Trescientos de los taxis que componen la flota de Las Palmas de Gran Canaria se deberán sustituir, debido a que superan los 12 años de antigüedad, según el borrador del nuevo reglamento, que impondrá el uso del uniforme, un día de descanso y una jornada de ocho horas para los conductores asalariados.

El primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, y el coordinador general de Seguridad del Ayuntamiento,Claudio Rivero, han dado a conocer este martes el borrador del reglamento, que esperan consensuar con el sector, los grupos políticos municipales y los usuarios.

Sabroso ha subrayado que el nuevo reglamento persigue tres objetivos: mejorar la calidad de servicio, las condiciones laborales de los taxistas y regular un sector que “necesita orden”.

Según el concejal, el Ayuntamiento de la capital grancanaria será posiblemente el primero de los municipios en adaptar su normativa a la Ley del Transporte por Carretera de Canarias de 2007 y al reglamento regional del taxi.

El actual reglamento, de 2002, está “desfasado y no se adecúa a la normativa autonómica”, ha indicado Rivero, quien ha añadido que el nuevo que se propone contiene seis títulos, 76 artículos, siete disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.

El procedimiento de concesión de licencias, su titularidad, duración y mantenimiento de la misma por jubilación, incapacidad laboral y viudedad, transmisión y número máximo a conceder o el régimen tarifarios son cuestiones que fija la ley y que el reglamento no puede regular, ha advertido Sabroso.

Acabar con los «floteros»

El concejal ha dicho que personalmente comparte la exigencia de las asociaciones de taxistas que han reclamado cambiar la ley para evitar el problema de los “floteros”, que en la capital grancanaria acaparan casi la mitad de las licencias y ha dado lugar a una investigación judicial, tras la denuncia presentada por uno de estos colectivos.

Sabroso ha manifestado que en algún momento el Parlamento canario tendrá que abordar la modificación de la ley, pero que en estos momentos la prioridad es actualizar el reglamento del taxi.

Sobre las condiciones laborales, ha subrayado que se permitirán únicamente contratos de jornada completa por parte de los titulares de licencias para sus asalariados.

En cuanto a la modernización de la flota, se establece un plazo de un año para renovar los vehículos con más de 12 años, antigüedad que tienen 300 de los 1.640 que circulan por la ciudad.

Además, los nuevos vehículos que se autoricen deberán tener como máximo dos años de antigüedad, ha precisado Sabroso, quien ha hecho hincapié en que también regulará las condiciones para que disponer de una flota “eficiente” desde el punto de vista energético y medioambiental.

A los nuevos taxistas de la capital grancanaria, donde se calcula quetrabajan unos 3.000 contratados, aunque son muchos más los habilitados, se les exigirá además el título de EGB o similar yconocimientos del idioma inglés, y deberán disponer de una tarjeta electrónica para su identificación.

Los usuarios podrán elegir el taxi en las paradas, según ha indicado Sabroso, quien también ha hecho hincapié en que se establecerá la posibilidad de pago con tarjeta de crédito, la emisión de facturas con impresoras y aire acondicionado en los vehículos.

Para aumentar la flota adaptada a personas con movilidad reducida, a la que se ajustan ahora solo 15 vehículos, se exigirá esta adaptación para obtener entre la segunda y la quinta licencia por parte de un mismo titular y se obligará a estos taxis a una amplia cobertura de servicio.

El reglamento también introduce la creación del distintivo de calidad turística, de manera que solo aquellos que lo dispongan podrán optar a paradas especiales como las de los cruceros.

Entre las novedades que introduce para incrementar los ingresos, Sabroso ha señalado que la tarifa del taxi se actualizará conforme al IPC, habrá más flexibilidad para instalar publicidad y difundir publicidad con medios audiovisuales, informó Efe.

El Ayuntamiento ha abierto un plazo de quince días para que se aporten las enmiendas pertinentes, para después proceder a su aprobación inicial y a su publicación, con el fin de que se presenten las alegaciones que se consideren/ABC

SALUT Y BUEN VIAJE.

EL AYUNTAMIENTO RETIRARÁ LAS LICENCIAS DE TAXIS FRAUDULENTAS

Esta práctica ilegal es habitual en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de 30 años.

Redacción. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retirará las licencias de taxi que los intermediarios o “floteros” explotan irregularmente en la ciudad cuando se demuestre sus propietarios las han cedido a otra persona, ha indicado el concejal de Movilidad, Ángel Sabroso.

El Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad inició hace meses una investigación, en la que participan la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, para investigar la explotación irregular de licencias de taxi por parte de terceros en la capital grancanaria, ha informado el concejal.

Esta práctica ilegal es habitual en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria “desde hace más de 30 años” pero hasta ahora la corporación municipal no ha podido actuar contra ella debido a la imposibilidad de demostrar las irregularidades, ha alegado Sabroso.

El problema reside en que, cuando los agentes de la Policía Local requieren la documentación a un taxista, este les muestra la licencia del titular y su contrato de trabajo como asalariado, pero el intermediario o “flotero” no aparece por ningún lado, por lo que no se puede demostrar su existencia.

El responsable de la licencia de taxi es el titular, al que la administración hace una concesión para su explotación, pero no puede cederla a un tercero, por lo que en aquellos casos que esta práctica quede demostrada, se le retirará la licencia otorgada, tal como establece la normativa.

El concejal considera “una excelente noticia que, por fin, se investigue la explotación de las licencias por parte de intermediarios” y que se pueda actuar.

El Ayuntamiento ha solicitado información sobre la investigación en marcha a la Agencia Tributaria, al tiempo que ha paralizado la trasmisión de licencias de taxi en la ciudad para evitar que los titulares que las gestionan de manera irregular pudieran cederlas a otras personas.

El concejal ha hecho estas declaraciones después de que siete asociaciones del taxi hayan exigido hoy cambios en la Ley de Transporte por Carretera de Canarias de 2007, a la que culpan de que los “floteros” acaparen casi la mitad de las licencias de Las Palmas de Gran Canaria, así como del “fraude y las corruptelas” que ocurren en otros municipios.

Estas asociaciones de varios puntos de Gran Canaria, así como de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Adeje, apoyados por Compromiso, Nueva Canarias y PSOE, han denunciado la situación de “semiesclavitud” de los asalariados y han reclamado además la dimisión de Sabroso por haber permitido que los floteros gestionen en la ciudad entre 600 y 700 licencias irregularmente.

El concejal ha insistido en que este problema existe desde hace décadas, por lo que no se puede atribuir la responsabilidad de las irregularidades al actual grupo de gobierno municipal (PP).

Durante el actual mandato, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incrementado el control sobre los taxistas con el fin de que cumplan la normativa, de forma que en el segundo semestre de 2011 se tramitaron 148 denuncias; en 2012, un total de 288, y en los primeros cinco meses de 2013 ascendieron a 85.

Como consecuencia de ello, en 2011 se tramitaron 98 expedientes sancionadores y en 2012 un total de 298 -más de las denuncias puestas, debido a que algunas se tramitaron por otra vía-, mientras que en los cinco primeros de meses de este año fueron 76 expedientes./La Provincia

SALUT Y BUEN VIAJE.

LOS TAXISTAS EXIGEN CAMBIOS LEGALES PARA ERRADICAR DE CANARIAS A LOS “FLOTEROS”

Los miembros de las asociaciones aseguran que informaron al Consistorio al inicio de la legislatura

La erradicación definitiva de la figura del ‘flotero’ del servicio de taxis exige un cambio en la legislación canaria. Los miembros de varias organizaciones y sindicatos de autónomos y asalariados del taxi pidieron ayer al Gobierno de Canarias la modificación de la Ley del Transporte por Carretera de 2007 para acabar, “de una vez por todas”, con los conductores que se dedican a arrendar de manera irregular licencias de taxis.
La lacra que afecta al sector desde hace varias décadas ha cobrado importancia en los últimos días después de que la Agencia Tributaria llevase a cabo varias entradas y registros en cooperativas, gestorías y domicilios de floteros y se incautase de abundante documentación además de miles de euros.
La investigación, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, se saldó asimismo con la detención de siete personas que quedaron en libertad imputadas por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores.
La vía judicial que se ha abierto tras la denuncia el año pasado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas del presidente de la Asociación de Titulares de Licencias Auto-Taxi de Canarias, Expedito Suárez, no es suficiente. Para que se dé una auténtica regulación del sector es necesario un cambio en la legislación vigente.
Para exigir esta modificación, los presidentes de asociaciones de asalariados y de autónomos del taxi, además de los dirigentes de varios sindicatos de Gran Canaria y Tenerife, ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta en el Pueblo Canario.
“Es la ley de 2007 la que ha generado la corrupción tan grande que existe en Las Palmas de Gran Canaria”, aseguró Suárez, quien se refirió especialmente al primer teniente de alcalde y concejal del área de Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente, Ángel Sabroso, como el edil que ha permitido que se llegue a esta situación. “Exigimos su dimisión”, exclamó Suárez, que recordó que mayo de 2012 presentó un escrito en el Ayuntamiento en la que se denunciaba la situación irregular de los ‘floteros’.
Su petición fue secundada por los representantes de las otras cinco asociaciones presentes. De hecho, la presidenta de la Asociación de Asalariados de Las Palmas, María Eugenia García, fue aún más lejos. “Me pongo nerviosísima cuando escucho al señor Sabroso hablar porque nos trata a todos como verdaderos ignorantes. Él tendría que dimitir porque ha tenido información precisa y clara de lo que sucedía desde su primer día en el Ayuntamiento”, destacó antes de asegurar que en la Corporación “se prevarica desde el día uno”.
El abogado de una de las asociaciones presentes, José Miguel Morín, enunció el artículo 104.4 de la Ley del Transporte por Carretera para recordar que el reglamento “prohibe el arrendamiento, el subarrendamiento y la cesión de la licencia”. Por esto, “a día de hoy la figura del flotero es ilegal”.
Morín esgrimió el comunicado que emitió la Policía Local de la capital grancanaria en febrero de 2011 para argumentar que la Corporación no hace nada para corregir las irregularidades del sector. “Los agentes explican en ese comunicado que en la Corporación hay una falta de interés, una desidia política, porque las sanciones en materia del taxi no se tramitan y terminan prescribiendo. Hay un caos absoluto en el control del sector del taxi por parte del Ayuntamiento”, aseguró.
Los representantes de Compromiso por Gran Canaria y Nueva Canarias, Nardy Barrios y José Eduardo Ramírez, respectivamente, estuvieron apoyando a los taxistas en su comparecencia. “El Partido Popular ha podido solventar este asunto porque desde el año 2002 el reglamento recoge en su artículo 23 y 24 que el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias tienen la obligación realizar una inspección anual ; algo que nunca se ha hecho”, afirmó Barrios.
De hecho, adelantó la solución de que la Corporación le dé un plazo a los jubilados, a las viudas y a los incapacitados para desprenderse de las licencias.
Sabroso, por su parte, remitió al mediodía un comunicado en el que en los últimos tres años se cursaron 521 denuncias y se tramitaron 472 expedientes de sanción. Asimismo, aseguró que la explotación irregular de licencias del taxi “se remontan a más de 30 años” y que es “prácticamente imposible” demostrar que un conductor asalariado no está contratado directamente por el titular d e la licencia”.

LA JUEZ PIDE AL AYUNTAMIENTO TODOS LOS DATOS DE LOS TAXIS

Las Palmas – La jueza encargada de la investigación del fraude de los floteros ha reclamado al Ayuntamiento toda la información relativa al sector del taxi, desde los vehículos adscritos a cada licencia hasta los asalariados, pasando por los titulares de los permisos. Tráfico entregará más de 6.000 folios en formato electrónico.

El servicio de Transportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está trabajando ya en recopilar todos los datos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene sobre el sector del taxi con el fin de entregarlos a la magistrada del juzgado de instrucción 8, María Victoria Rosell, quien investiga el supuesto fraude cometido por los floteros al gestionar de formar irregular centenas de licencias municipales.
Ante la avalancha de información, que en conjunto alcanza los 6.000 folios, los empleados municipales se dirigieron al juzgado para remitirle todos los datos en formato electrónico.
En principio, la juez había dado de plazo hasta el próximo lunes para obtener toda la información relativa a asalariados, titulares de licencias y vehículos adscritos a cada permiso, si bien en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confían en recopilar toda la información antes de que acabe la semana.
La investigación abierta contra los floteros se saldó la pasada semana con la detención de siete personas, si bien todas han sido puestas en libertad provisional.
En cualquier caso, el cerco al que han sometido al flotero tanto la Agencia Tributaria como la Fiscalía y el juzgado de instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria han motivado ya que algunos floteros hayan empezado a devolver a sus titulares las licencias que gestionaban de manera irregular.
Hay que recordar que cuatro de los más importantes floteros de la ciudad controlan unas 600 licencias de taxi de las 1.640 que tiene concedidas el Ayuntamiento capitalino. Es más, las estimaciones hechas por los asalariados del taxi fijan en 800, esto es, la mitad, las licencias controladas por los floteros del taxi.
Por otro lado, desde UGT en la Policía Local, José Antonio Alonso, reclamó ayer la dimisión del concejal de Movilidad del Consistorio capitalino, Ángel Sabroso, por no evitar el problema de los floteros en Las Palmas de Gran Canaria.
El representante sindical recordó que ya a principios de 2011 los policías se quejaron de que la falta de un abogado en el departamento de trafico impedía la tramitación de las denuncias a los taxistas./Canarias 7

SALUT Y BUEN VIAJE.

DOCE HORAS EN EL TAXI PARA NO GANAR NADA

La investigación judicial contra los floteros contó también con escuchas telefónicas que contribuyeron a desvelar una «estructura poderosa» que supuestamente obligaba a los conductores a trabajar más allá de lo prudente. Se dio el caso de que tras doce horas al volante, el asalariado no ganó nada.

El auto judicial que autorizó los registros en la operación contra los floteros y que se saldó con la detención de siete personas explica que en el transcurso de la operación también se permitieron «intervención de comunicaciones durante un corto periodo de tiempo». Estas escuchas telefónicas confirmaron la existencia de una «estructura poderosa» de explotación ilegal de licencias de taxi que, aparte de incurrir supuestamente en delitos como fraude, blanqueo de capital y falsificación documental, también propiciarían la presumible comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores.
En este sentido, el auto recoge que «de las intervenciones de comunicaciones telefónicas (…) se han detectado casos en los que tras una jornada laboral de hasta doce horas, pagando los gastos de gasolina y la cuota diaria del flotero, los conductores pueden haberse visto sin ninguna ganancia a cambio de su actividad laboral, incluso pidiendo por favor que alguien de la organización les acercara a su casa por no disponer de medios para ello».

Sin control municipal.

El texto también pone en entredicho la actuación del Ayuntamiento al señalar que el engranaje de los floteros «al parecer cuenta a su vez con la inexistencia de control alguno por parte de las autoridades municipales».
En este sentido, la investigación judicial habla de «correturnos» o «esquiroles», personas que con otros trabajos «incluso al parecer algunos de ellos como agentes de la autoridad, completan sus ingresos con estos pagos opacos al fisco», tal y como detectaron también los funcionarios de la unidad operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
La investigación se centró en cuatro floteros por la sencilla razón de que acaparan unas 600 licencias de las 1.640 que hay en la ciudad, lo que supone el 37% de la flota existente en estos momentos en la capital.
Tras la intervención de la semana pasada, siete personas fueron detenidas, aunque fueron puestas libertad provisional./Canarias7

SALUT Y BUEN VIAJE.

EL AGUJERO NEGRO DEL TAXI

La operación contra veinte ´floteros´ por presunto fraude fiscal pone de manifiesto el oscuro negocio que se mueve en la capital con la explotación irregular de licencias de taxis.

Teresa García La intervención policial del pasado martes en diez cooperativas, gestorías y domicilios de floteros, que se saldó con siete patrones imputados por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad en documentos oficiales y contra los trabajadores, ha vuelto a poner de manifiesto que el arrendamiento irregular de licencias de taxis pervive sin mayores problemas en la capital grancanaria . Los asalariados cifran en más de 12 millones el dinero que defraudan al año los floteros que controlan más de 700 licencias de taxi de jubilados o viudas de antiguos titulares, pero aseguran que aún siendo grave este delito, lo es aún más el fraude que se comete contra la ordenanza municipal del taxi.
Entre la redada contra los floteros que se llevó a cabo el 8 de abril de 2010 y la del pasado martes, apenas nada ha cambiado. Ambas actuaciones han puesto sobre la mesa la existencia del triple fraude que florece alrededor de los floteros. Contra la hacienda pública, porque buena parte del negocio no se declara; la ordenanza del taxi, que prohibe el arrendamiento de licencias; y contra la Seguridad Social. contra Muchos jubilados y viudas cobran sus pensiones, pese a estar percibiendo ingresos por la explotación de sus taxis, a lo que hay que añadir las contrataciones irregulares de los asalariados, a los que hacen contratos de dos horas, aunque en realidad lleguen a trabajar más de 12 horas.

El Ayuntamiento, hasta la fecha, ha sido incapaz de eliminar la actividad ilegal de los floteros, una figura que se ha vuelto familiar en el taxi. Sólo cuatro de los siete imputados en la intervención del pasado martes controlan más de 150 licencias y uno de ellos, más de 60. El concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, asegura que es muy difícil demostrar la explotación irregular dentro del sector, y espera que la investigación que realiza la Agencia Tributaria le facilite las pruebas necesarias para revocar los permisos. Considera que “la mejor arma” contra el intrusismo son los controles que efectúan desde hace más de un año los agentes de la Policía Local para detectar contratos fraudulentos a los asalariados.

El presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, entiende que el edil lo tiene “muy fácil” si realmente quiere normalizar la actividad: “El problema de los floteros se soluciona en los despachos, no en la calle haciendo controles. El Ayuntamiento tiene la obligación de pasar anualmente una revisión y exigir a los titulares del taxi una fe de vida laboral en la que conste que está dado de alta como autónomo. Esto le permitiría comprobar las irregularidades que hay en el sector y actuar” contra viudas y jubilados, señala Suárez, quien recuerda que el reglamento nacional de los servicios urbanos de transporte establece en su artículo 17 que “toda persona titular de licencia de la clase A o B (taxis) tendrá la obligación de explotarlas personal o conjuntamente mediante la contratación de asalariados y afiliación a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión”. El nuevo reglamento canario del taxi aprobado el pasado año, al que no se ha adaptado todavía la ordenanza de la capital grancanaria, establece que un autónomo puede gestionar hasta un máximo de cinco licencias en Las Palmas de Gran Canaria. Y el artículo 29, que ha sido impugnado por los autónomos y asalariados de Tenerife, permite que no se deroguen las licencias a las viudas y jubilados que tengan un contratado. María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados, está “harta” de denunciar que el objetivo de este reglamento no es otro que “amparar” al flotero, y advierte de que va en contra del reglamento nacional. Tanto García como Suárez piden la dimisión de Sabroso por su “incapacidad” para resolver el problema. “Si el concejal dice que no puede controlar las irregularidades de los jubilados, tiene que dimitir”, sostiene Suárez.

En cualquier caso, García indica que la pervivencia de los floteros, cuya existencia se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, se debe a “la dejación de funciones por parte del Ayuntamiento”. Fue María Eugenia García la que provocó la primera investigación contra la explotación irregular tras repetidas denuncias desde 2007, tanto en el Consistorio como en los tribunales. La Policía llevó a cabo en 2010 la primera redada en las empresas de tres floteros que explotaban unas setenta licencias. A partir de ahí, se inició una investigación a cuatro bandas, liderada por la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que participan la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento.

Fraude

Hacienda comprobó que uno de los tres floteros investigados ocultó al fisco más de 600.000 euros, por lo que fue imputado por fraude fiscal, pero el juzgado de Instrucción número tres archivó la causa en 2011, tras anular las pruebas obtenidas por la Policía Local, al considerar que se pidió autorización para hacer las grabaciones y registros a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, lo que no es válido para el procedimiento penal. El archivo fue recurrido por la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, quien argumentó que hasta que no concluyó la operación no se comprobó que había delito. El recurso está todavía pendiente de resolver.

Por su parte, la Inspección de Trabajo impuso multas a 80 titulares de licencias por la cesión ilegal de trabajadores, que también fueron recurridas. Mientras tanto, la investigación realizada por la Policía Local demostró la explotación irregular de 70 licencias. El Ayuntamiento inició en 2011 los expedientes para revocar quince de estas 70 licencias, pero no llegó a hacer efectiva la orden, porque los afectados recurrieron. Dos años después, todos los expedientes han caducado: La Corporación municipal aludió a los recursos y la anulación de las pruebas.

Hasta 2011, las irregularidades de los floteros fueron denunciadas exclusivamente por los asalariados, mientras que los autónomos miraban para otro lado. El propio José Luzardo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi, llegó a afirmar que los floteros no existían. Pero la llegada de la crisis hace aumentar el malestar entre este colectivo, que se queja de que los arrendadores tienen sus coches circulando las 24 horas del día, lo que reduce aún más el menguante negocio: han perdido la mitad de clientes.
Es en este marco cuando Expedito Suárez creó una asociación de autónomos, y en 2012 presentó una denuncia en Fiscalía que dio lugar a la batida del pasado martes. María Eugenia García recuerda que el ahora ministro y exalcalde José Manuel Soria “ya advirtió en 2002 a las viudas y jubilados que tenían que regularizar la situación”. García plantea al Ayuntamiento, como una salida intermedia, que permita que los titulares puedan legalizarse “sin ningún tipo de sanción”, y derogue luego las licencias afectadas./La Provincia

SALUT Y BUEN VIAJE.