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LAS PALMAS: FLOTERO ANTE LA JUEZA POR GESTIONAR UNA FLOTA DE TAXIS

Se enfrenta a nueve años de cárcel y el pago de 1,5 millones de euros

Visto sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo a Francisco José R. Q., quien ha sido acusado por el Ministerio Fiscal de haber ocultado de manera deliberada los beneficios económicos que obtuvo de la gestión de 34 licencias de taxis de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2005 y 2007.

En la vista, la fiscal delegada de delitos económicos, Evangelina Ríos, elevó a definitivas su petición de condena de 961.294 euros de multa por las infracciones cometidas durante los tres años en los que operaron esas licencias, nueve años de cárcel por tres delitos contra la hacienda pública y una indemnización en concepto de responsabilidad civil a la Agencia Tributaria de Las Palmas de 480.620 euros. Por su parte, la defensa del presunto flotero ejercida por el letrado Alberto Hawach interesó la libre absolución de su patrocinado argumentando que la investigación ha estado viciada porque antes de iniciarse el proceso ya había unas diligencias abiertas contra Francisco José R. Q., de las que éste nunca fue informado, que se han cometido varias vulneraciones de la intimidad del acusado y que, según la ley, los delitos de los que se le acusan ya han prescrito.

Según la Fiscalía, el acusado, durante los años señalados, estaba dado de alta en tres epígrafes distintos del Impuesto de Actividades Económicas: Comercio menor de accesorios y recambios de vehículos, reparación de automóviles y bicicletas y transporte para auto-taxi. Pero según la denuncia, Francisco José R. Q. realizaba actividades paralelas como comisionista, con pólizas de Mapfre dentro del sector del taxi. Además, en 2005 montó un surtidor de la BP donde acudían todos los vehículos de su flota.

En 2005 y 2007 llegó a explotar 34 licencias de taxi, por las 36 que gestionó en 2006 y lo hacía, según la fiscal, a través de una organización en la que contactaba con usuarios de licencias que estaban al borde de la jubilación o buscaba viudas de titulares fallecidos. Entonces se comprometía a abonarles 500 euros al mes a cambio de la explotación de las licencias y se hacía cargo del mantenimiento de las mismas. Posteriormente, buscaba dos asalariados por taxi que se repartieran el día en turnos de 12 horas, en los que debían abonar una cantidad de entre 42 y 48 euros –según el año– y el depósito de carburante lleno. El beneficio para los conductores es el que lograran una vez alcanzada esa cantidad. Posteriormente se dejaba el sobre con el dinero del querellado en un cajetín.

Francisco José R. Q. presentó declaraciones en las que dejó una cuota debida a Hacienda de 2.286,57 euros en 2005, 522,62 euros en 2006 y 6.478,48 en 2007. Según la denuncia, en todas estas declaraciones omitió consignar importantes ingresos derivados de la explotación numerosa de licencias y fue la AEAT la que comprobó que los ingresos de esos años ofrecieron un rendimiento de 284.450,37 euros en 2005, 315.830,42 en 2006 y 376.054,36 en 2007. La Fiscalía sostiene que, por lo examinado en sus declaraciones, el acusado cometió tres delitos contra la Hacienda Pública./Canarias7

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EL TAXISTA QUE DENUNCIÓ A LOS FLOTEROS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TEME POR SU VIDA

Expedito Suárez asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso al que se ve expuesto en el gremio

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell

Expedito Suárez fue declarado testigo protegido por la Justicia después de que un vehículo embistiera su taxi cuando se encontraba trabajando. El conductor estaba implicado en la investigación que surgió a raíz de la denuncia que interpuso en 2013, que destapó tres décadas de prácticas mafiosas en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Suárez recuerda que decidió denunciar el caso de los administradores de licencias, comúnmente denominados floteros, después de que la fiscal Evangelina Ríos le dijera que tenía la obligación de advertir al Ministerio Público si se estaba cometiendo un delito. Cuatro años después, teme por su vida.

Asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso a los que se ve sometido en el gremio, puesto que la única respuesta que recibe cuando alerta de lo que le sucede es: “Vete y denuncia al juzgado”. Las pruebas que recaba, afirma, resultan insuficientes para formalizar una denuncia, aunque la cámara del teléfono móvil le sirve de escudo para evitar que ciertos comportamientos afloren. “Yo lo grabo todo, porque me tengo que cubrir las espaldas”, apostilla.

No ha sido el único al que han amenazado de muerte, señala que otros testigos del caso que se han conocido a medida que han pasado los años, han sufrido presiones similares que llegan a afectar a sus respectivas familias. “Mamón, chivato, hijo de puta, como te coja te voy a matar, te voy a reventar la cabeza”, son algunas de las frases que, asevera, han recibido.

Esto ha supuesto un reguero de conflictos judiciales cruzados que, en algún caso ha terminado con una condena por un delito leve de amenazas; mientras que otros han sido archivados. El propio Expedito perdió un juicio por un mensaje publicado a través de una aplicación móvil.

   El taxi de Expedito Suárez tras haber sido embestido.

“Yo ya he hecho constar quién sería el responsable si me pasara algo”, apostilla Suárez, quien prefiere no hacer públicos los nombres ante el temor de represalias. En marzo del presente año hizo constar estos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga el caso de los floteros, al que entregó audios, grabaciones e imágenes vejatorias suyas que circulan por Internet.

A pesar de todo, Suárez asegura que volvería a denunciar el caso ante la Justicia: “Te lo juro, me tienen que matar, y éste me va a matar, pero yo no me echo para atrás, porque yo vi a mi madre llorando porque no me entendía. Ahora lo ha entendido, pero el sufrimiento que ha pasado mi familia lo van a pagar. Ellos se han aprovechado de nuestros padres para hacer su negocio, por la ignorancia de gente analfabeta o con pocos estudios que se fiaban más de lo que les decían en la oficina que de sus propios hijos”.

Un caso empantanado desde 2015

Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la ley prohíbe el arrendamiento y la cesión de licencias, ésta proliferó en Las Palmas de Gran Canaria, donde una sola persona llegó a controlar más de 60 licencias con las que pudo ganar una media de 6.500 euros al día.

La primera en denunciar estos hechos ante la Justicia fue la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, en un caso que fue archivado en Instrucción y que orden ó reabrir la Audiencia Provincial. La posterior denuncia de Expedito Suárez derivó en una investigación policial que precintó las dos cooperativas de taxistas de la ciudad capitalina y se saldó con siete detenciones.

A los acusados, que quedaron en libertad con cargos, se les atribuyeron delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina seguía su curso a finales de 2014 pese a los intentos de los acusados de frenar la investigación, que contaba con más de 32 cajas llenas de documentación. Sin embargo, se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell, quien se acogió a una excedencia para poder presentarse a las elecciones de 2015 como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

Alba, con Evangelina Ríos como fiscal, se centró casi exclusivamente en el caso que se ha destapado como un intento de perjudicar la carrera política y profesional de Rosell. Esto ha supuesto al magistrado  que tenga pendiente una sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial y una penal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde está siendo investigado por seis delitos.

La fiscal Evangelina Ríos, por su parte, es la que llevó a cabo una investigación contra la misma jueza Rosell que ha sido anulada recientemente por el Tribunal Supremo por haber vulnerado derechos fundamentales de la magistrada.

Mientras tanto, las sanciones han venido de la mano de la Agencia Tributaria, quien impuso multas a 75 titulares de licencias por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Además, la Tesorería General de la Seguridad Social instó a los propietarios, muchos de ellos viudas y jubilados, a darse de alta en el régimen de autónomos en caso de que estuvieran explotando las licencias.

También se ha pronunciado el Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a once dueños de permisos a abonar 6.251 euros cada uno por cesión ilegal de trabajadores. Este caso, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es semejante al que llevó a cabo el Juzgado de lo Social 8, contra sesenta titulares a raíz de la demanda interpuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Sesenta taxistas de Las Palmas responden ante el juez por cesión de trabajadores a un ‘flotero’

Durante este tiempo, Expedito Suárez ha renunciado a ser miembro de la Cooperativa de Taxis Las Palmas y ha abandonado la presidencia de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc). En la actualidad, representa al colectivo de nueva creación Taxistas Independientes de San Telmo (Taxitel).

“Hasta los floteros están en contra de los floteros”

Suárez afirma que una vez estalló el caso, los floteros pasaron de mostrar su actividad abiertamente en el gremio con “chulería”, a “esconderse más”. Sin embargo, lamenta que la actividad sigue teniendo lugar en las calles de la capital grancanaria, por lo que algunos asalariados podrían seguir teniendo que pagar entre 45 y 60 euros diarios para poder mantener su puesto de trabajo.

Una situación que ha puesto en conocimiento de distintas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de un escrito presentado el pasado mes de enero.

El denunciante valora el rechazo que ha generado la actividad de los administradores de licencias en el sector, pero ironiza que en la actualidad “hasta los floteros están en contra de los floteros”, siempre que les suponga un beneficio, como el rechazo a la implantación de un régimen de libranzas en la capital. Desde Taxitel solicitará al Consistorio, además, la regulación horaria, para que cada taxi trabaje un máximo de 16 horas diarias./eldiario.es

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LOS TAXISTAS CRITICAN LA ANULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OCHO HORAS

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La Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc) ha criticado la resolución judicial que anula la obligatoriedad de que los titulares del taxi realicen contratos a jornada completa a los asalariados. Y es que según el presidente la entidad, Antonio León, han sido titulares investigados por explotación irregular de las licencias, conocidos como floteros, los que han recurrido la ordenanza municipal que obligaba a contratar a los asalariados a tiempo completo. A juicio de León, la sentencia que se publicó a finales del pasado año sólo favorece a los presuntos floteros que “están siendo investigados por la Agencia Tributaria y un juzgado de lo Penal en Las Palmas de Gran Canaria”. Es por ello que la Atlatc reclama un mayor control por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para evitar los contratos fraudulentos que permitan a los titulares de las licencias dar de alta a los conductores solo durante algunas horas, en vez de las ocho que establece la actual ordenanza municipal del taxi.

La normativa se aprobó de manera definitiva en abril de 2014 y en ella se recoge esta polémica medida que fue recurrida por varios titulares de licencias ese mismo año. Pero la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la tumbó al entender que “ni la Ley 13 de 2007 de ordenación del transporte por carretera de Canarias, ni el Decreto 74/2012 del 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi, contienen habilitación legal para que el Ayuntamiento regule a través de una ordenanza las relaciones laborales en el sector del taxi”, según recoge el escrito.

“Ahora volveremos a tener las calles llenas de contratos basura los fines de semana, a través de los cuales se contrata a chóferes por horas, dándoles de alta a través del sistema de red el jueves o viernes y de baja el lunes”, apuntó León. Desde su punto de vista, “sin inspecciones los titulares de las licencias tienen cinco días de margen para volver a dar de baja al asalariado solo por el día que se le contrató”.

Por su parte, el edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, aseguró que no recurrirán el fallo judicial, aunque anunció que se están buscando alternativas para acabar con el fraude. Afirmó que se están buscando nuevas fórmulas como el aumento de controles y la identificación visible en los vehículos de los tipos de contratos.

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LAS PALMAS: LOS PROFESIONALES DEL TAXI EXIGEN A CLAVIJO LA DESTITUCIÓN DEL DIRECTOR DE TRANSPORTES

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La Federación Regional de Taxistas advierte de la “salvaje liberalización” de servicios que prepara el Ejecutivo regional con la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera

La “libre implantación” de Uber y plataformas similares y las autorizaciones para los ‘taxis insulares’, amenazas para el sector

Se avecinan curvas en el sector del transporte en el Archipiélago. La nueva regulación que prepara el Gobierno canario ha levantado ampollas entre los profesionales del taxi. La Federación Regional (Fedetax) ya ha pedido al presidente Fernando Clavijo la “inmediata destitución” del director general del ramo, Elías Castro Feliciano, y la retirada de un borrador que, en su opinión, abre la puerta a una “salvaje liberalización” de servicios en el sistema general de transportes.

La propuesta de modificación de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias ha concitado el rechazo prácticamente unánime de las cooperativas de taxi de las Islas, “una unidad histórica”, en palabras de uno de sus representantes. Fedetax no se opone a introducir cambios en la normativa que regula el sector, pero reclama tener voz propia en el debate y que el texto resultante sea fruto del consenso y no de la imposición.

 Para los profesionales del taxi, el Gobierno canario ha ido “mucho más allá” que la Unión Europa y España en la liberalización del transporte. Entre los aspectos del borrador que ha suscitado más recelos en el sector se encuentra el de los arrendamientos de vehículos con conductor (UTC), que habilita “la libre implantación” de Uber y otras plataformas similares. La Fedetax sostiene que la nueva ley, aún en fase de borrador, da un paso “sin precedentes” al suprimir los requisitos de calidad y proporcionalidad en el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de manera que “cualquiera podrá tener un coche y destinarlo a realizar los servicios que hasta ahora vienen realizando los taxis”.

“Hemos luchado durante años para que nuestra legislación sea diferenciada, acorde a un territorio fraccionado como el nuestro, y habíamos conseguido que se estableciera, según el contingente de taxis que exista en cada momento, una ratio de 1:30 (un UTC por cada 30 taxis), en la línea de lo que defiende el Tribunal Supremo”, ha explicado a este periódico un portavoz de la Federación Regional de Taxistas de Canarias, que advierte de que esta regulación “deja tirado” al sector frente a una empresa como UBER , que mueve “miles de millones de euros”.

La nueva figura del transporte regular de uso especial, ya presente en la normativa española, también es objeto de preocupación por parte de los taxistas. Se trata de una modalidad que permite a los vehículos discrecionales (microbuses, guaguas…) el cobro individual de los servicios, es decir, el pago por plaza y no por su capacidad total. Para ello es necesario contar con una autorización especial expedida por la administración competente que estará condicionada a que la empresa transportista haya contratado el servicio previamente con los usuarios.

El problema, según los taxistas, radica en que la normativa canaria no establece las limitaciones para estos usos especiales que sí impone la ley estatal, que lo circunscribe a “centros de trabajo, colegios, cuarteles…” La Fedetax mantiene que la propuesta del Gobierno regional pretende “favorecer la libre prestación de servicios con pago individual en puertos, aeropuertos, playas y hoteles”. “Si una gran cadena hotelera, a través de una empresa de guaguas discrecionales, pide al Cabildo un permiso especial, el Cabildo no va a negárselo. Vamos a tener dos transportes regulares: el normal y uno a la carta para determinados hoteles y empresas”, agrega.

A ello se le suma, a juicio de la Fedetax, la restricción del transporte turístico. Y es que su regulación se ciñe a “las excursiones con guía, coches de hotel de cinco estrellas y vehículos adaptados a mercancías (buceo, parapente…)”, dejando a expensas del transporte con cobro individual “todo traslado a/desde playas y puertos y aeropuertos bajo el manto del regular de uso especial”. Los profesionales del sector lamentan que la norma canaria “desoiga” en este punto a la nacional, a pesar de que es la referencia a lo largo de toda la modificación legislativa.

Al contrario de lo que ocurre con la Ley del Suelo, el proyecto estrella de Fernando Clavijo para esta legislatura, el borrador de la Ley de Transportes profundiza en la “pérdida de control” por parte de los ayuntamientos. Las corporaciones locales sólo podrán incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores sobre aquellas licencias o autorizaciones que hayan otorgado, lo que, en la práctica, lo limita al sector del taxi, excluyendo al resto de servicios urbanos. “En Gran Canaria y en Tenerife, las principales islas, apenas hay cuatro o cinco inspectores. Si se le quitan competencias a los ayuntamientos para inspeccionar y sancionar, será un descontrol”, vaticinan.

La norma canaria da además a los cabildos la posibilidad de otorgar autorizaciones de transporte interurbano sin necesidad de estar en posesión de licencia municipal. Quien disponga de este permiso podrá cargar viajeros en municipios distintos a aquel donde esté residenciado el vehículo “sin control de los ayuntamientos”. “Cuando el taxi insular no esté atendiendo el servicio de la concesión (transporte a la demanda), podrá realizar servicios de taxi normales sin sujeción territorial (ámbito insular)”, advierten.

La tarifa máxima obligatoria del taxi, el límite de contratación de un solo asalariado, la eliminación de la sanción de inhabilitación o la falta de protección en una región ultraperiférica son otros de los aspectos de la ley canaria que han generado controversia entre los profesionales del sector. “Una cosa es adaptarse a las normativas europea y española y otra cosa es que borren de mapa al taxi. Estamos hablando de 15.000 familias”, lamenta un portavoz de Fedetax./Canarias Ahora

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TRABAJO INSPECCIONA LA JORNADA LABORAL DEL TAXI

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La Inspección de Trabajo ha anunciado el inicio de “actuaciones inspectoras” para evitar abusos en la prolongación de la jornada laboral de los trabajadores. La orden general ha generado inquietud en el taxi, que considera que limitar el trabajo a nueve horas no cubre los costes y pone en peligro a unos 800 asalariados.

El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, Andrés Fernández Temprano, ha remitido a las asociaciones y cooperativas de taxis una nota en la que informa del inicio de controles del horario laboral de los asalariados. Así las cosas, los titulares de las licencias deberán expedir un documento con el horario desarrollado por cada trabajador del servicio. Para ello, se exigirá “el registro de jornada, que deberá ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador”. Y se aclara que este registro “deberá estar en el centro de trabajo y debe garantizar la fiabilidad y la invariabilidad de los datos”.

Fuentes del sector del taxi señalan que hay asalariados que pueden llegar a trabajar doce horas diarias con recaudaciones mensuales de entre 1.400 euros o 1.500 euros, pese a que sólo tienen en nómina 900 euros.
Esta fuente de incertidumbre en materia de cotizaciones es uno de los aspectos que ha llamado la atención de la Seguridad Social. En su nota, que no es exclusiva para el mundo del taxi, se refiere a ello cuando asegura que “la creación de empleo y la consiguiente disminución del desempleo se compadecen mal con la realización por los trabajadores ocupados de horas extraordinarias de manera irregular, como sucede cuando estas horas no se declaran o cuando se hacen por encima de los límites permitidos”.

El Estatuto de los Trabajadores fija que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo”. En cuanto a su cómputo diario, aclara que el límite máximo es de nueve horas, salvo que se acuerde entre el empresario y el trabajador y siempre con la condición de que entre jornada y jornada medie un tiempo de descanso mínimo de doce horas.

El incumplimiento de llevar el registro de comienzo y fin de la jornada laboral se castiga con hasta 646 euros, mientras que el hecho de que no se respete la jornada laboral se considera una falta grave que se sanciona con penas que van desde los 626 euros hasta los 6.250 euros.

La Asociación de Asalariados Unidos del Taxi, que preside Cristo García, aseguró ayer que la orden de la Inspección de Trabajo pone en riesgo la continuidad de unos 800 asalariados del taxi porque no podrán cubrir los gastos si se reduce la jornada laboral./Canarias7:G.H.M./ J.D. /

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LAS PALMAS, EL DESCANSO EN EL TAXI DISPARA UN 20% EL PAGO A LOS FLOTEROS

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La cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Asalariados del taxi entrevistados por este periódico advierten de que el nuevo régimen de libranza los enfrenta ante un ultimátum del flotero: “o subes la gallina -lo que pagan al administrador de las licencias- o te buscas otro coche”.

No salen del anonimato para no perder su trabajo, pero entienden que su debilidad también debe ser conocida. Asalariados del taxi a sueldo de floteros se quejan de que los días libres obligatorios, suspendidos de forma cautelarísima, les están obligando a alargar las jornadas para poder asegurar la gallina. Como tal se conoce a la cantidad fija que el asalariado paga por trabajar cada día y que con el nuevo reglamento del descanso obligatorio ha subido un 20%.

“Los floteros no pierden ni un euro”, explica uno de ellos, “si yo hasta ahora tenía que pagarle 45 euros por día, ahora me suben a 54 euros diarios”. Eso garantiza, aún con los dos días de libranza, unos 270 euros a la semana para el flotero. Eso en el caso de los coches con dos turnos de conductores. Para los que solo hay un chófer, la gallina pasa de entre 55 y 60 euros, según el administrador, a unos 70 euros, confirma otro asalariado que tampoco pertenece a ninguna asociación.

Se trata, por tanto, de una subida de un 20% que se impone bajo la amenaza de no seguir dando empleo al asalariado. “Nos dijeron que si no aceptábamos, que buscáramos otro coche”, prosiguieron las mismas fuentes. Hay también autónomos, no floteros, que han subido cinco euros al día la exigencia a sus asalariados, bajando su recaudación semanal 20 euros.

La principal consecuencia de ello es que los empleados del taxi «tendremos que trabajar doce horas» para asegurar un nivel de ingresos que ronda los 1.000 o 1.300 euros y que se suele conseguir en menos tiempo. “Si tenías un día bueno, podías parar a las ocho horas, pero ahora habrá que seguir para compensar los días libres”, explican.

En todo caso, los taxistas consultados se mostraron a favor de la prueba porque consideran que un sábado de madrugada pueden hacer bastante negocio al evitar la gran afluencia de taxis que se produce entre las 03.00 y las 05.00 horas de sábados y domingos.

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LOS ASALARIADOS DEL TAXI DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ACUSAN AL AYUNTAMIENTO DE CONTINUAR CON LA POLÍTICA VEJATORIA PARA EL SECTOR DEL PP

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Consideran que la imposición del descanso de dos días, es una mera cortina de humo para ocultar su falta de voluntad para acabar con la explotación ilegal de licencias por parte jubilados y viudas


Los asalariados del taxi de Las Palmas de Gran Canaria acusan al ayuntamiento de mantener la política de ineptitud de la anterior corporación del Partido Popular.

Tras la decisión, por parte del consistorio, de regular dos días libres de descanso a la semana, los asalariados critican que no se les ha consultado.

 

La Presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, considera que el ayuntamiento una vez más está tratando de poner una “cortina de humo” regulando supuestamente en defensa del sector, pero sin abordar en profundidad el verdadero problema del taxi en la capital grancanaria.

Acusa al ayuntamiento de mantener una política continuista y no actuar donde verdaderamente se está produciendo una flagrante injusticia e irregularidad.  “En Las Palmas de Gran Canaria hace más de 25 años que no se conceden licencias de taxi y esto es una aberración”, asegura la Presidenta de los Asalariados, que añade que la ciudad ha crecido en población y en magnitud y es incomprensible que mientras esto ocurra, el Cabildo esté dando autorizaciones a coches privados con la excusa de que hay un servicio que cubrir.

Mientras, denuncian que el consistorio permita que jubilados y viudas de taxistas sigan explotando ilegalmente licencias. Una situación que califican como vejatoria para el conjunto del sector.

El alcalde por su parte declaraba en Radio San Borondón este lunes que se trata de igualar la capital grancanaria al resto de grandes ciudades que ya tienen regulado el sector  considerando el derecho de los trabajadores del taxi al descanso./Radio SB

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LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITE QUE LOS PROPIETARIOS DE TAXIS NO SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

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Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),  como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.

Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.

García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.

Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.

432 altas

La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.

Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.

Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.

García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.

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HACIENDA SANCIONA A 75 TITULARES DE TAXI QUE ADMITIERON HABER CEDIDO SUS LICENCIAS A OCHO FLOTEROS

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que iniciará un procedimiento sancionador que podría concluir con la imposición de multas de 4.000 euros y la revocación de los permisos

El concejal de Transportes, José Eduardo Ramírez, espera tener antes de final de año los expedientes de la Agencia Tributaria para poderles dar curso por la vía administrativa

La Agencia Tributaria ha sancionado a 75 titulares de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria que admitieron ante este organismo haber cedido sus permisos a ocho floteros para que los administraran al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares cotizaran a la Seguridad Social.

Muchos de ellos ya han pagado las multas por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Al haber reconocido los hechos, las sanciones impuestas por este tipo de fraude se han visto reducidas.

En los próximos días, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ya tiene constancia de estas actuaciones, solicitará de forma oficial a Hacienda que le remita los expedientes finiquitados para poderles dar curso por la vía administrativa.

Según ha explicado a este periódico el concejal de Transportes de la corporación, José Eduardo Ramírez, a partir de ese momento se abrirá un procedimiento que podría culminar, siempre que no prosperen las alegaciones de los implicados, en una sanción de aproximadamente 4.000 euros por cada licencia cedida de forma irregular y la revocación de los permisos.

Ramírez, que espera poder tener los expedientes antes de que finalice el año, ha señalado que el Ayuntamiento ya tramita varios procedimientos por actuaciones similares correspondientes al año 2014.

El caso de los floteros estalló en julio de 2013 con el precinto y registro policial a dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, ordenados por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en coordinación con la Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el entonces presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez. Previamente había sido María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, quien había llevado el caso a la Justicia., aunque fue archivado.

A raíz de las primeras detenciones y de las investigaciones que constataban la explotación irregular de licencias y la existencia de un sistema de comisiones vinculado al traspaso de los permisos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el PP, se comprometió a estudiar si era viable legalmente que el nuevo reglamento, en ese momento en periodo de redacción, estipulara que sólo pudiera haber una licencia por titular, que éste tuviera dedicación plena y que estuviera dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.

Sin embargo, la ordenanza municipal aprobada finalmente deja en manos del Gobierno de Canarias la concesión de licencias, sobre la base de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, y permite que una persona pueda acumular hasta cinco permisos.

Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social informó a principios de año a los propietarios de licencias de taxi que estaban obligados a darse de alta como autónomos para explotarlas. Sin embargo, tres meses después de que concluyera el plazo otorgado para regularizar la situación, la Administración  sigue sin obligar a los propietarios a inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos (RETA) y ha permitido que vinculen las licencias a un familiar-colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que esté dado de alta en el RETA.

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LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITE QUE LOS PROPIETARIOS DE TAXIS NO SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

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Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.

Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.

García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.

Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.

432 altas

La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.

Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.

Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.

García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.

SALUT Y BUEN VIAJE

 

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