La investigación judicial contra los floteros contó también con escuchas telefónicas que contribuyeron a desvelar una «estructura poderosa» que supuestamente obligaba a los conductores a trabajar más allá de lo prudente. Se dio el caso de que tras doce horas al volante, el asalariado no ganó nada.

El auto judicial que autorizó los registros en la operación contra los floteros y que se saldó con la detención de siete personas explica que en el transcurso de la operación también se permitieron «intervención de comunicaciones durante un corto periodo de tiempo». Estas escuchas telefónicas confirmaron la existencia de una «estructura poderosa» de explotación ilegal de licencias de taxi que, aparte de incurrir supuestamente en delitos como fraude, blanqueo de capital y falsificación documental, también propiciarían la presumible comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores.
En este sentido, el auto recoge  que «de las intervenciones de comunicaciones telefónicas (…) se han detectado casos en los que tras una jornada laboral de hasta doce horas, pagando los gastos de gasolina y la cuota diaria del flotero, los  conductores pueden haberse visto sin ninguna ganancia a cambio de su actividad laboral, incluso pidiendo por favor que alguien de la organización les acercara a su casa por no disponer de medios para ello».

Sin control municipal.

El texto también pone en entredicho la actuación del Ayuntamiento al señalar que el engranaje de los floteros «al parecer cuenta a su vez con la inexistencia de control alguno por parte de las autoridades municipales».
En este sentido, la investigación judicial habla de «correturnos» o «esquiroles», personas que con otros trabajos «incluso al parecer algunos de ellos como agentes de la autoridad, completan sus ingresos con estos pagos opacos al fisco», tal y como detectaron también los funcionarios de la unidad operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
La investigación se centró en cuatro floteros por la sencilla razón de que acaparan unas 600 licencias de las 1.640 que hay en la ciudad, lo que supone el 37% de la flota existente en estos momentos en la capital.
Tras la intervención de la semana pasada, siete personas fueron detenidas, aunque fueron puestas libertad provisional./Canarias7

SALUT Y BUEN VIAJE.