La Unidad de Vigilancia Aduanera continúa investigando para el Juzgado, que está pendiente de recibir el informe que emita la AEAT sobre los documentos recogidos en los registros domiciliarios.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá en tramitación los 192 expedientes sancionadores abiertos recientemente a taxistas por ceder supuestamente la gestión de sus licencias, mientras el Juzgado de Instrucción número ocho continúe remitiendo información sobre el procedimiento penal abierto a siete presuntos ‘floteros’, cinco de ellos imputados por fraude fiscal, que en la actualidad se encuentra en fase de diligencias previas.
La Administración local ha iniciado un procedimiento administrativo a raíz de la información recibida por el Juzgado, sobre la investigación llevada a cabo por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria (AEAT), que saltó a la luz tras una operación policial llevada a cabo en el seno de las cooperativas de taxis de la ciudad capitalina y que de momento permanece abierta.
Concretamente, la administración judicial envió al Consistorio un CD con las licencias municipales de autotaxi que presuntamente estaban siendo explotadas por los imputados. Sin embargo, según ha podido saber este medio, la Unidad de Vigilancia Aduanera continúa investigando para el Juzgado, que además, todavía está pendiente de recibir el informe que emita la AEAT sobre los documentos recogidos en los registros domiciliarios.
Los expedientes no han sido incoados únicamente a viudas y jubilados, sino también a titulares de licencia dados de alta como autónomos, lo que ha ocasionado un reguero de críticas y presiones al presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, denunciante del caso de los floteros.
Aunque afirma que ninguno de los casi 60 miembros de la Atlatc han recibido la susodicha ‘carta’, para Suárez esta situación constituye una “huida hacia delante” por parte del concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, y “no tiene lógica”, ya que los datos utilizados forman parte de un proceso judicial que permanece abierto y “todavía no han ido a declarar ni los imputados”.
El concejal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento, Pedro Quevedo, denunció en un comunicado que Sabroso, ha pasado de argumentar que “no tenía competencias para actuar a dedicarse a expedientar a diestro y siniestro, sin respetar la presunción de inocencia con la clara intencionalidad política de enfrentar a los denunciantes con los denunciados”.
Quevedo reivindica que Sabroso “faltó a la verdad en repetidas ocasiones en sede plenaria, pues ha quedado demostrado que sí había capacidad para maniobrar, el problema es que además de hacerlo tarde lo ha hecho mal, expedientando antes de que acabe el proceso judicial abierto”.
Para el edil de NC las “prisas” del concejal de Movilidad Ciudadana responden a “castigar a los denunciantes y enfrentarlos con las viudas y los jubilados, que si bien muchos de ellos estaban actuando de forma irregular con sus licencias, también es cierto que el Ayuntamiento se los permitía”.
En el mismo sentido se posiciona la presidenta de los Asalariados del Taxi, María Eugenia García, que cuestiona los motivos que han llevado al Consistorio a actuar en base a una información parcial, en vez de hacerlo con los datos propios recabados durante las revisiones ordinarias incluidas en el Reglamento vigente que “no se han hecho”.
Para García la actuación de la Administración local tiene el propósito de “hacer creer a la juez que está actuando”.

Sanción de hasta 6.000 euros
El expediente abierto por el Ayuntamiento cuenta con un periodo de alegaciones de 15 días para evitar una sanción que puede llegar a los 6.000 euros, así como la pérdida de las licencias autorizadas al titular.
Para el Ayuntamiento se trata de un procedimiento común, que ya había sido anunciado por Sabroso, y que nace de la colaboración entre la Administración local y el Juzgado.

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