Esta semana ha sido la «app» norteameriana, pero el consumo colaborativo parece haber llegado para quedarse. ¿Se trata de un nuevo modelo económico? ¿Puede el Gobierno ‘poner puertas al campo?
Nuestro país se viene topando, desde hace meses, con una nueva realidad que, mal que nos pese, parece haber llegado para quedarse. Se trata del llamado «consumo colaborativo», mal definido por muchos de sus detractores como «economía sumergida» cuando, en realidad, las diferencias entre ambos modelos son más que sustanciales. Aunque la tensión en torno a Uber comenzó hace ya tiempo en Barcelona y encaminó sus pasos posteriormente hacia Madrid, no ha sido hasta esta misma semana cuando, tras un más que polémico comunicado del Ministerio de Fomento, la preferencia de muchos ciudadanos por compartir coche en tiempos de crisis parece haberse convertido en el gran tema de debate.
La cartera que dirige Ana Pastor anunciaba el pasado martes que el Gobierno no dudaría en imponer multas de hasta 600 euros a aquellos
usuarios de coches compartidos que operen sin las licencias oportunas. El comunicado de Fomento daba respuesta a la tensión reinante en el gremio del taxi,
harto del «intrusismo» que, a su parecer, ejerce en estos momentos Uber, una compañía que se dedica al traslado de viajeros aunque, eso sí, operando sin las correspondienets licencias VTC, obligatorias en España para estos casos.
El martes, acto seguido al anuncio del Gobierno, surgieron ya las correspondientes dudas: ¿qué se considera ánimo de lucro? ¿pueden multarme por utilizar un servicio como BlaBlaCar?Ante el revuelo generado, a Fomento no le quedó más remedio que matizar sus palabras y asegurar que
compartir coche es legal, lo que no está permitido es hacerlo con fines lucrativos. Las autoridades, según anunció el director general de transporte terrestre del Ministerio,Joaquín Del Moral, realizarán comprobaciones para dilucidar que las empresas que proporcionan un servicio público con carácter profesional, en el que exista «una actividad económica, una remuneración por la prestación de estos servicios, y también una actividad empresarial», poseen todos los permisos para ejercer su trabajo.
¿Cómo identificarlo?
Los problemas comienzan cuando tratamos de identificar el ánimo de lucro en las compañías que abanderan el llamado «consumo colaborativo». De hecho, durante una reciente entrevista con ABC, Anna Aguilar, portavoz de Uber en España, aseguraba a este periódico que su compañía «no se dedica al transporte de viajeros sino que simplemente pone en contacto a particulares con particulares para que se beneficien mutuamente». No existe, en palabras de Uber España, fin lucrativo que justifique la necesidad de licencias VTC. Para regiones como Cataluña, sin embargo, la explicación de la empresa americana no tiene sustento alguno, motivo por lo que el gobierno regional anunció el martes que vetaría la actividad de la «app» e impondría fuertes sanciones a sus promotores.
Si, como vemos, Uber niega la mayor… ¿quién decide entonces que la empresa es un servicio de transporte de pasajeros con fines lucrativos? Según la portavoz de Uber, «la actividad principal de la empresa no es otra que crear comunidades de usuarios que se ponen en contacto entre ellos», algo que «en nada se parece al taxi». Será Fomento, pues, el encargado de llevar a cabo las comprobaciones pertinentes y establecer — o no — las sanciones oportunas.
Un nuevo modelo social
ABC se ha puesto en contacto con Albert Cañigueral, responsable del portal www.consumocolaborativo.com y que no ha dudado un segundo en solicitar al Ejecutivo mayor cautela a la hora de juzgar la actividad de compañías como Uber o BlaBlaCar. A su juicio, «el Gobierno debería darse cuenta de lo que está pasando en España, pues se está dando de bruces con todo un movimiento social y económico que, desde luego, está aquí para quedarse. Hoy ha sido Uber contra el taxi, pero mañana aparecerá otra compañía y pondrá en la picota a otro sector toalmente distinto. ¿Qué harán entonces?».
Lo que deberían hacer las autoridades, a juicio de Cañigueral, no es otra cosa que «analizar bien la situación antes de tomar decisiones a la ligera, hablar con todas las partes y demostrar que sabe escuchar a los ciudadanos, que han manifestado que quieren ejercer su libertad utilizando este tipo de servicios». Es, para el experto, un total sinsentido intentar «poner puertas al campo» y tratar de frenar un nuevo sistema económico del todo beneficioso para la población, más incluso en época de crisis. «¿Por qué lo primero que se nos viene a la cabeza es que compañías como Uber o BlaBlaCar van a suponer la ‘muerte’ del taxi? ¿No pueden convivir ambos servicios y que el ciudadano decida?. Si el Gobierno frena a este tipo de compañías a base de prohibiciones, lo único que conseguirá será crear más tensión y hacer la situación mucho más difícil. La gente quiere que esto ocurra y, si la ley lo prohíbe, buscará otra solución para llevarlo adelante».
Economía colaborativa VS sumergida
Que Uber practica la llamada «economía sumergida» para lucrarse es uno de los argumentos esgrimidos por sus detractores para arremeter contra la aplicación que, lejos de este modelo, sí defiende el consumo colaborativo como filosofía de empresa. Sin embargo, ¿está clara la diferencia entre ambos modelos?
Cañigueral no lo duda un instante: «El consumo colaborativo siempre se lleva a cabo a través de plataformas digitales, por lo que la transacción económica queda registrada y puede comprobarse. Comparar el consumo colaborativo con la economía sumergida, que es ilegal, es un argumento muy débil y que no se sostiene en absoluto. Tanto en Uber como BlaBlaCar cualquier persona puede ver cuánto paga el usuario por el servicio, cómo lo hace y hacia dónde va ese dinero».
El ejemplo de California
El conflicto entre Uber y los taxistas españoles no es, desde luego, nada nuevo para la compañía norteamericana. Allá donde ha estado, la «app» ha ido sembrando la polémica en cuanto a su forma de operar y su, para muchos, agresiva entrada en el mercado. En California, Estado en el que Uber tiene su sede, la compañía tampoco se salvó de las críticas y tuvo que hacer frente a no pocas quejas por parte de muchos de sus detractores, quienes alegaban, entre otras cosas, que la «app» era un «serio peligro» para el ciudadano al trasladar a pasajeros sin licencia.
A diferencia de lo ocurrido en nuestro país, el creciente apoyo ciudadano a la famosa aplicación hizo reflexionar a las autoridades del Estado norteamericano que, lejos de vetar a la compañía, repensaron sus políticas y dieron paso a un tiempo de diálogo en el que todas las partes involucradas mostraron su opinión al erspecto. Hoy, en California conviven ambos modelos de forma satisfactoria. «En España, tanto la posición actual de Uber como la de los taxistas está siendo demasiado extremista, por lo que es necesario tomar ejemplo y abrir un diálogo público en el que todos tomemos parte para decidir cuál es la mejor solución. No se puede intentar regular esta situación sin consultar al ciudadano».
SALUT Y BUEN VIAJE
