También se usaron nombres de familiares y feriantes, según la investigación.
Los integrantes de la trama de los cursos de formación de la patronal utilizaron datos de vendedores ambulantes, de feriantes e incluso de sus propios familiares y empleados para rellenar los listados con los centenares de nombres de alumnos que necesitaban para justificar las subvenciones. El avance de la investigación muestra que también emplearon DNI y nombres de taxistas en cursos de teleformación que no se impartieron o en los que, al menos, los participantes no fueron los que figuran en las listas.
“Me llamaron del juzgado para preguntarme si había hecho siete cursos de los que no tenía noticia”, asegura María Jesús Montaño, taxista de 35 años que lleva siete en el sector. Su nombre figuraba en listados de alumnos de asociaciones empresariales madrileñas no relacionadas con el transporte, según su testimonio. La trabajadora sospecha que obtuvieron sus datos a través de la principal patronal del sector en Madrid, la Gremial del Taxi, o después del curso que realizó con la empresa Sinergia, la matriz del conglomerado creado por José Luis Aneri, uno de los cabecillas de la trama y el único que permanece en prisión desde que ingresó en Soto del Real el pasado 1 de marzo.
La trama ha recibido entre 2010 y 2013 más de 17 millones procedentes de subvenciones públicas. Al menos 12 millones corresponden a fondos estatales —Tezanos y Portan gestionan en la actualidad una subvención de casi un millón de euros recibida en 2013— y otros cinco millones de dinero de la Comunidad de Madrid, con capital procedente de las cuotas de los trabajadores y del Fondo Social Europeo.
En los últimos meses, decenas de taxistas han tenido que testificar en los juzgados de Plaza de Castilla por la investigación abierta por la policía adscrita, según distintas fuentes del caso.
El juzgado de Instrucción número 9 gestiona este caso, con 13 imputados hasta la fecha, y ha decretado el secreto de sumario. A esas pesquisas se suman las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que inició sus trabajos en diciembre de 2012 tras recibir una denuncia del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) por un expediente de la federación de transportes Ucotrans. La investigación policial sobre la presunta trama de los fondos para la formación concluyó que los 10.671 primeros alumnos investigados no habían realizado las acciones formativas en las que estaban apuntados. Los agentes hicieron entrevistas a un muestreo aleatorio de cientos de inscritos en tres expedientes de Ucotrans, sin encontrar una sola persona que hubiera hecho esos cursos. La UDEF investiga también un caso de cursos de formación supuestamente falsos destapado en Andalucía en los últimos días y que empleaba métodos similares en la captación de subvenciones, según los primeros datos conocidos.
Sinergia Empresarial estableció convenios con distintas asociaciones de transportistas, como la Confederación del Taxi de España, de carácter estatal. La relación de esta consultora con la madrileña Gremial no era tan estrecha, según las fuentes consultadas. Durante varias semanas, la empresa matriz de José Luis Aneri instaló un stand informativo en la oficina principal de la patronal del taxi, ubicada en la calle Santa Engracia de la capital. Ofrecían asesoramiento y regalos a los conductores, además de cursos. “Usaron mis datos sin mi consentimiento y sin que nadie me haya ofrecido todavía una explicación”, asegura al teléfono María Jesús Montaño. Este periódico contactó en dos ocasiones con la Gremial para ofrecer a su presidente, Julio Moreno, la posibilidad de facilitar su versión. Moreno rechazó hablar con EL PAÍS.
SALUT Y BUEN VIAJE.
