DESMONTANDO A LAS VTC: SON NEGOCIOS SOBRE RUEDAS, NO ECONOMÍA COLABORATIVA

Tanto la UE como los expertos tienen claro que las plataformas no ofrecen un mero medio de contacto entre usuarios y conductores para compartir coches sino que son negocios autónomos con trabajadores subordinados que le disputan la clientela al taxi.

“Este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la sociedad de la información”, sentencia, con claridad, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre los servicios de VTC (alquiler de vehículos con conductor), cuya actividad, que lleva años comiéndole terreno al taxi, ha provocado una conflictiva huelga general en este sector que ha puesto patas arriba la movilidad en Madrid y en Barcelona.

No se trata, pues, de economía colaborativa sino de empresas puras y duras que buscan su rentabilidad en el transporte terrestre de pasajeros, como el taxi, el autobús y el tren, aunque con la particularidad de basar su modelo de negocio en el contacto con el cliente a través de webs y de aplicaciones de telefonía móvil y de establecer unas condiciones homogéneas en la prestación de ese servicio.

Plataformas como Uber y Cabify, entre otras, y las empresas que les proporcionan miles de vehículos y conductores en todo el país, nacieron al socaire de la ambigua y contradictoria normativa europea sobre la llamada economía colaborativa, que obvia entrar en las relaciones mercantiles y laborales que pueden darse en ella pese a recoger que, en el caso del transporte de personas, participan prestadores del servicio (conductores), clientes e intermediarios (plataformas), como ocurrió con la Agenda Europea para la Economía Colaborativa de junio de 2016, y pesar de admitir que, en general, además del modelo de contacto entre consumidores, ya sea con o sin ánimo de lucro, existen los formatos negocio-cliente y empresa-empresa, como indica el dictamen sobre “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” del Comité Económico y Social Europeo.

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El TJUE tiene claro que la actividad de ese tipo de plataformas supone “un servicio de intermediación (…) indisociablemente vinculado a un servicio de transporte”, por mucho que, sobre el papel, el núcleo de su negocio tenga “por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano”.

Sobre el papel, ya que instituciones como la Inspección de Trabajo catalana sostienen que los chóferes son, en realidad, empleados elegidos tras un proceso de selección para operar en una plataforma en la que la afiliación no es voluntaria. Y las propias VTC amenazaron el lunes en Barcelona con un ERE de un millar de empleos, algo que solo es posible con asalariados. Ni Uber ni Cabify respondieron a las peticiones de este diario para tratar estos extremos.

“Ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones”

“A través de las plataformas se está globalizando el comercio con trabajadores precarizados”, explica Alberto Valdez, profesor de Derecho del Trabajo en la Complutense, para quien resulta “evidente que las VTC son empresas y no economía colaborativa. Eso es una falsedad. Quizás en un principio sí se compartía coche, pero de eso hace mucho tiempo ya y pronto se detectó que era una actividad profesional”, por mucho que “Uber y Cabify se presentan como empresas que prestan un servicio diferente al taxi”.

Pero no lo es, y ahí está una de las claves de la movilización de estos días: el taxi y la VTC compiten por un mismo recurso económico, que es el cliente que quiere desplazarse en automóvil, con precios más bajos en el segundo caso. “El taxi tiene trazas de monopolio, con compras y ventas de unas licencias que son limitadas. Y ahora quien ha pagado mucho dinero por uno de esos permisos ve amenazada su inversión”, señala Valdez.

Con todo, la venta de licencias no afecta únicamente al taxi. Estos días se puede optar a un paquete de diez autorizaciones de VTC en Castilla-La Mancha a 12.000 euros la unidad, diez a 37.000 en Madrid, 35 a 19.900 en Málaga o un bloque de 40 en Madrid y Andalucía por 1,75 millones en un conocido portal de anuncios.

Este animado mercado hace difícil determinar en qué manos están las 13.125 licencias vigentes en España, según datos del Ministerio de Fomento, por 65.973 de taxi, en una proporción de uno a cinco. La mitad, 6.559, operan en Madrid, donde la relación es casi de uno a dos con 15.576 taxis.

No obstante, ese mismo registro da pistas sobre la concentración de licencias: dos de las que amenazan con el ERE en Barcelona, Vector Ronda Teleport, vinculada a Cabify y dirigida por Rosauro Varo, hijo de la diputada socialista Juana Amalia Rodríguez, y Forever Tours Dream, acumulan, respectivamente, 250 y 350, el grueso de ellas en la capital catalana. Algunas informaciones periodísticas atribuyen el control de hasta 4.100 a firmas como Moove, asociada al fondo estadounidense King Street y dirigida por Jaime Castellanos, presidente de la Banca Lazard en España y familia de los Botín, y 3.000 a Auro, que trabaja con Cabify.

Las plataformas de VTC también tienen puertas giratorias y han fichado a expolíticos en los últimos meses. Ildefonso Pastor, exsenador del PP, es desde hace dos años y medio responsable de Relaciones Institucionales de Uber España. Isaac Martín Barbero, expresidente de Ineco, una empresa pública de consultoría e ingenieria de transportes de Fomento, ocupa desde octubre el puesto de Chief Cities and Communities Officer en Cabify, donde coordina las áreas de marketing, responsabilidad social y recursos Humanos. Y la consultora Diplolicy, que dirigen los exdiputados de CiU Xavier Cima, esposo de Inés Arrimadas, y Roger Montañola, lleva año y medio trabajando para Uber.

“No se limita a un servicio de intermediación”

La propia sentencia del TJUE que supeditó la actividad de las VTC a la obtención de licencias de la Administración abunda en los rasgos de carácter empresarial de este modelo de transporte de pago.

Así destaca que Uber “crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano” con un servicio de intermediación que “se basa en la selección de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo, a los que esta sociedad proporciona una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de prestar servicios de transporte y, por otro, las personas que desean realizar un desplazamiento urbano no podrían recurrir a los servicios de los mencionados conductores”.

Paralelamente, influye de manera clara “sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores”, como establecer y cobrar el precio máximo de la carrera para después entregar una parte al conductor (o un salario, si es un trabajador contratado), y “ejerce cierto control sobre la calidad de los vehículos, así como sobre la idoneidad y el comportamiento de los conductores, lo que en su caso puede entrañar la exclusión de estos”.

“No se limita a un servicio de intermediación consistente en conectar” a cliente y chófer, concluye, sino que “ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores”.

Selección, condiciones, subordinación y dependencia

El modelo de negocio de Uber y Cabify, no obstante, no difiere mucho del que aplican otras plataformas centradas en el taxi como MyTaxi, que también realiza una selección previa y cuyos afiliados deben acatar un código de conducta con condiciones de calidad y someterse a una doble valoración, del cliente y del intermediario, que puede conllevar su expulsión en caso de resultados negativos.

En el segundo rasgo coinciden con algunas cooperativas de taxistas. Sin embargo, tanto en estas como en MyTaxi las carreras de clientes captados en la calle tienen preferencia sobre las que ofrece la plataforma.

Y hay otras diferencias, como el hecho de no ser asalariados sino cooperativistas que pagan una cuota “gremial” para mantener el servicio, o adheridos, según el caso, y que quien cobra el servicio es el conductor, cuya relación laboral carece de los rasgos de subordinación y dependencia, a menudo con contrato y en otros como falso autónomo o como Trade (autónomo dependiente), que se da en las compañías de VTC.

“Lo esencial en la cooperativa es el negocio del taxista, no el del intermediario que lo contacta con el cliente”, anota Valdez, que destaca cómo en las plataformas “se desdibuja la figura del autónomo”. “Los conductores que circulan en el marco de la plataforma Uber no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma. Al contrario, esta actividad únicamente puede existir gracias a la plataforma, sin la que no tendría ningún sentido”, sostiene el Abogado General de la UE, Maciej Szpuznar.

Protección de los consumidores y efectos sociales y tributarios

La actividad de las VTC, por otra parte, no solo ha colisionado con el sector del taxi. La organización de consumidores Facua presentó el viernes sendas denuncias ante los gobiernos autonómicos de Andalucía, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid en las que acusa a Cabify de vulnerar las normas de protección de los consumidores en materias como los retrasos, los cargos indebidos y la cobertura de daños, así como de incumplir la reglamentación sobre agencias de viajes.

“Bajo el paraguas de la supuesta economía colaborativa han surgido negocios que han dejado una realidad palpable de falsos autónomos y de precariedad laboral. No hay un equilibrio entre los puestos que se han generado en la logística y la distribución y los que se han destruido en el comercio con las plataformas tecnológicas”, anota Valdez.

En otros casos, negocios surgidos al amparo de la economía colaborativa, con la finalidad aparente de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre particulares, han acabado convirtiéndose en gigantes como Ebay o Air BNB, de planteamientos claramente empresariales que van más allá de la mera intermediación sostenible, lo que ha llevado a distintos ayuntamientos y a la propia Agencia Tributaria a intervenir en su actividad ante sus efectos sociales en unos casos y ante la escasa, nula en ocasiones, tributación en otros.

Paralelamente, fórmulas digitales como el crowfounding o el micromecenazgo derivan a menudo en meros sistemas de venta anticipada de productos y servicios./Publico

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