Decenas de taxis dejaron de lado sus carreras habituales para llevar ropa de abrigo y sacos de dormir a las personas sin hogar de Londres. Taxistas de la fundación Support Black Taxis group han llevado a cabo esta iniciativa, en la que durante varias semanas y de manera voluntaria, estuvieron pidiendo a sus clientes pequeñas donaciones para la causa. Tras conseguir recaudar suficiente dinero se pusieron manos a la obra y el pasado lunes por la tarde cargaron los taxis de regalos y se lanzaron a recorrer las calles de la capital británica en busca de los sin hogar a los que tratar de ayudar.
Se repartieron alrededor de 550 paquetes en los que predominaron los productos destinados a calentar a las personas sin hogar en las frías noches de la ciudad: guantes, mantas, gorros, jerseys, sacos de dormir, artículos de aseo y comida.
A la idea se unió Streets Kitchen, una organización sin ánimo de lucro que se encarga de dar información útil a las personas sin hogar y ofrecerles una comida caliente. Cabe destacar que los emocionados taxistas de Londres compartieron la experiencia en redes sociales como Twitter. Gracias a su frenética actividad en las redes sociales sabemos que incluso un taxista de fuera de la ciudad vino hasta Londres para sumarse al reparto.
Si atendemos a la serie histórica 1994-2015, Sevilla capital cuenta con aproximadamente un nueve por ciento de taxis menos que en sus mejores años. Respecto al año pasado, el número de taxis en la capital hispalense se ha contraído un 1,81 por ciento. El número de taxis en la ciudad de Sevilla experimenta una caída libre desde 2011.
2.110 turismos son los registrados actualmente como taxis según recoge Endata Sevilla a través de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y la Estadística del Taxi, un número que representa la cifra más baja desde el año 1994.
Respecto al año pasado, el número de taxi en la capital hispalense se ha contraído un 1,81 por ciento, contracción que, como recoge Endata Sevilla, abarca cuatro años pues desde 2012 el número de taxis no ha dejado de bajar en términos anuales.
Si atendemos a la serie histórica 1994 – 2015, Sevilla capital cuenta con aproximadamente un 9 por ciento de taxis menos que en sus años de mayor esplendor, los que van de 1996 a 1999, años en los que se alcanzó 2.311 taxis en la ciudad.
A partir del año 2000, el número de taxis en la capital hispalense ha sufrido una caída anual hasta alcanzar los 2.204 taxis en 2005. Posteriormente, el número de taxis experimentó un aumento hasta el año 2008, alcanzándose los 2.258 taxis. En 2009 se experimento una fuerte bajada, quedándose la cifra de taxis en 2.172. Posteriormente tuvo lugar su último incremento, alcanzándose los 2.234 a finales de 2011. A partir de ahí, el número de taxis en la ciudad de Sevilla no ha dejado de descender hasta los actuales 2.110. /Sevilla Directo
Hollande declara el estado de emergencia y el cierre de fronteras.
Los atentados yihadistas provocan el cierre del metro y el caos en la ciudad.
#portesouvertes, un hashtag solidario para una noche de horror en París
la cadena de ataques yihadistas que han causado más de un centenar de muertos en la capital de Francia. “Terror en París” . El presidente Hollande ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio francés y el cierre de las fronteras. Los atentados han provocado el cierre del metro y el caos en la ciudad.
La solidaridad parisina no ha tardado en dar señales. Los taxistas de la ciudad han bajado la bandera y han transportado gratuitamente a todos sus pasajeros, personas que habían salido la noche del viernes y que se han quedado sin servicio de metro, al cortarse cinco de las líneas que recorren la ciudad.
De forma espontánea se ha creado el hashtag #portesouvertes en Twitter para que las personas en la calle puedan encontrar refugio con familias de la ciudad.
Los taxistas brasileños protestaron en al menos cinco ciudades de Río de Janeiro para pedir la revisión judicial de la aplicación de Uber
RÍO DE JANEIRO, Brasil, nov. 11, 2015.- Cientos de taxistas protestaron en Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, las tres mayores ciudades de Brasil, contra la aplicación de transporte Uber y la supuesta falta de acción por parte de las autoridades para acabar con su operación donde ya está prohibida.
Tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo se congregaron en distintos puntos, lo que ha generado grandes embotellamientos de tráfico, y después se dirigieron en caravana hacia la sede de la Alcaldía en sendas ciudades.
En Río, se concentraron frente a hoteles y locales comerciales en los que se suelen recibir a usuarios de Uber, aplicación por la que se contratan automóviles particulares para desplazamientos.
Los manifestantes exhibieron carteles con mensajes contra Uber, lanzaron fuegos de artificio y alertaron a los turistas a no utilizar la aplicación de transporte por razones de seguridad y por sus altos precios.
Y en Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña, pidieron acciones de las autoridades al alegar que el servicio continúa funcionando sin control pese a la ley aprobada por el Concejo para prohibirlo.
Los taxistas protestan en Río de Janeiro contra una decisión de una magistrada que en octubre pasado dejó sin efecto una ley municipal que prohibió el uso de Uber con el argumento de que viola el derecho a la libre iniciativa garantizado por la Constitución.
La jueza consideró que el Estado no puede “prohibir una actividad económica lícita, abierta a la iniciativa privada y a la libre competencia”, y determinó multas para autoridades que intenten reprimir el trabajo de los conductores deUber.
En el caso de Sao Paulo se siguió el ejemplo de Río y se aprobó en septiembre una ley para prohibir Uber.
Aunque la Alcaldía reglamentó el funcionamiento de una nueva categoría de taxis en la que pueden inscribirse los conductores de Uber mediante el pago de una licencia, el funcionamiento de la aplicación es considerado ilegal en esta mega ciudad.
En el caso Belo Horizonte, donde también hubo protestas, la aplicación aún no ha sido prohibida ni existen iniciativas en ese sentido./TELEVISA
Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.
Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.
Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.
García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.
Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.
432 altas
La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.
Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.
Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.
Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.
García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que iniciará un procedimiento sancionador que podría concluir con la imposición de multas de 4.000 euros y la revocación de los permisos
El concejal de Transportes, José Eduardo Ramírez, espera tener antes de final de año los expedientes de la Agencia Tributaria para poderles dar curso por la vía administrativa
La Agencia Tributaria ha sancionado a 75 titulares de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria que admitieron ante este organismo haber cedido sus permisos a ocho floteros para que los administraran al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares cotizaran a la Seguridad Social.
Muchos de ellos ya han pagado las multas por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Al haber reconocido los hechos, las sanciones impuestas por este tipo de fraude se han visto reducidas.
En los próximos días, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ya tiene constancia de estas actuaciones, solicitará de forma oficial a Hacienda que le remita los expedientes finiquitados para poderles dar curso por la vía administrativa.
Según ha explicado a este periódico el concejal de Transportes de la corporación, José Eduardo Ramírez, a partir de ese momento se abrirá un procedimiento que podría culminar, siempre que no prosperen las alegaciones de los implicados, en una sanción de aproximadamente 4.000 euros por cada licencia cedida de forma irregular y la revocación de los permisos.
Ramírez, que espera poder tener los expedientes antes de que finalice el año, ha señalado que el Ayuntamiento ya tramita varios procedimientos por actuaciones similares correspondientes al año 2014.
El caso de los floteros estalló en julio de 2013 con el precinto y registro policial a dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, ordenados por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en coordinación con la Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el entonces presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez. Previamente había sido María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, quien había llevado el caso a la Justicia., aunque fue archivado.
A raíz de las primeras detenciones y de las investigaciones que constataban la explotación irregular de licencias y la existencia de un sistema de comisiones vinculado al traspaso de los permisos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el PP, se comprometió a estudiar si era viable legalmente que el nuevo reglamento, en ese momento en periodo de redacción, estipulara que sólo pudiera haber una licencia por titular, que éste tuviera dedicación plena y que estuviera dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.
Sin embargo, la ordenanza municipal aprobada finalmente deja en manos del Gobierno de Canarias la concesión de licencias, sobre la base de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, y permite que una persona pueda acumular hasta cinco permisos.
Unos cuarenta taxistas acompañan a niños al Hospital Sant Joan de Déu el día que tienen libre. Los beneficiados pertenecen a familias en una situación socioeconómica muy frágil que deben visitar a menudo el centro hospitalario y que, de otro modo, tendrían muchas dificultades para asistir allí.
Cada mañana, excepto la de los jueves, Ainhoa, de 7 años, tiene visita en Sant Joan de Déu para hacer rehabilitación. Y siempre, en la puerta de casa, le espera un taxi para llevarla junto a su madre al hospital. El taxista, sin embargo, tiene el día libre y no les cobra el viaje. Al volante, uno de los 43 taxistas voluntarios que existen actualmente y que forman parte del programa “¿Dónde te acompaño?”.
El Hospital Sant Joan de Déu es el que selecciona las familias que pueden beneficiarse del programa y todas ellas presentan una situación socioeconómica muy frágil. Son pacientes que tienen que ir a menudo a este centro, que no tienen derecho a una ambulancia y no disponen de un entorno familiar que les dé acceso a un vehículo privado. Eva María, la madre de Ainhoa, lo tiene claro: “Puedes confiar en ellos, no te fallan ni un solo día. En el sentido humano son excepcionales, es una gran familia. Te tratan con cariño, con respeto y, sobre todo, a la niña. Yo estoy enamorada de ellos“.
Horas libres que se transforman en acción social
La iniciativa nació hace 2 años gracias a Ángel Turrillo, un taxista que se dio cuenta de todo lo que podía hacer por los más desfavorecidos tras un trayecto que lo marcó. Explica el taxista: “Subió una familia, un matrimonio en paro con un niño pequeño y otro que habían dejado ingresado con leucemia. Se me ocurrió decir: ‘Tranquila, hoy no se paga.’ Y cuando se fueron y me quedé solo en el coche, decidí que al día siguiente me haría voluntario.”
El hospital recibió su propuesta con los brazos abiertos para que, como explica David Nadal, responsable de Trabajo Social del Hospital Sant Joan de Déu, “su tarea tiene un valor fundamental, y también forma parte del tratamiento del niño, porque si estos taxistas no están, el niño no viene y no mejora ni se cura”.
Desde entonces, se le han unido muchos taxistas, que se organizan por teléfono según el día que tienen libre. Uno de ellos es Juanjo Jorrín, que, cuando tuvo noticia de la iniciativa, quiso formar parte. “Una de nuestras normas es que lo hacemos para disfrutar, porque nos llena, y definitivamente lo consideramos una inversión. De hecho, en el grupo de los martes somos 2 o 3 que, en cuanto sale un servicio, nos peleamos para hacerlo“, asegura. Actualmente efectúan entre 3 y 5 viajes diarios, con unas cincuenta familias. Desde mayo, ya han realizado más de 5.000 kilómetros solidarios y el cuentakilómetros continua la suma./El DigitalDBarcelona
La asociación defiende un servicio que garantice los derechos de los usuarios y un régimen de precios máximos autorizados.
FACUA-Consumidores en Acción muestra su desacuerdo con los requerimientos emitidos por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre el sector del taxi al considerar que se pone en riesgo la protección de los derechos de los consumidores.
Para Competencia, la limitación de licencias o la fijación de tarifas son “obstáculos a la competencia efectiva” del sector y aboga, entre otras cosas, por que los Ayuntamientos no establezcan dichos precios máximos, para fomentar “un comportamiento competitivo entre los operadores”.
Según la CNMC, los Consistorios no deberían imponer turnos ni horarios a los taxistas, ni tampoco deben limitar mediante permisos la colocación de publicidad en sus vehículos o crear radioemisoras. Este verano, el regulador ha pedido incluso a los ayuntamientos de Málaga y Córdoba que derogaran varios artículos de sus nuevas ordenanzas, advirtiéndoles de que las impugnarían ante los tribunales.
Regulación que garantice un servicio óptimo
FACUA defiende un servicio público del taxi regulado y sometido a planificación, con garantías suficientes de información sobre sus condiciones, calidad, precios, seguridad y accesibilidad para que el servicio sea óptimo. Por ello, no comparte, en sus elementos básicos y sustanciales, el informe emitido por la CNMC que supone una auténtica apuesta por desregular el servicio púbico del taxi, sin que ello necesariamente deba llevar aparejado por sí mismo mayores beneficios para el consumidor, mejoras del servicio o más competencia.
Este sector debe estar regulado, señala la asociación, y debe tener claramente definido el marco de derechos y obligaciones de los usuarios del servicio, los parámetros y/o niveles de calidad del servicio exigibles y un marco tarifario sometido a régimen de precios máximos autorizados, así como estar sometido a licencia y garantizar su accesibilidad a los usuarios que lo soliciten o requieran del mismo. FACUA advierte de que la forma de luchar contra los abusos y la discriminación en este servicio es con la planificación y la regulación, con unas tarifas claras y garantistas para el consumidor.
La asociación comparte, por el contrario, algunos aspectos analizados por la CNMC en los citados requerimientos, como la exigencia de requisitos de antigüedad de los vehículos que presten el servicio referidos a una antigüedad máxima para que puedan estar en servicio y la regulación de unas condiciones de limpieza y comodidad o confort del vehículo así como que el usuario tenga reconocido su derecho a elegir el mismo.
Competencia critica que se imponga la bajada de bandera en el lugar en el que se encuentre el vehículo en los servicios solicitados a distancia y no en el lugar en el que efectivamente se recoja al pasajero. De esta manera el regulador aboga por que no se imponga como obligación sino que se ofrezca la libertad de elección a los taxistas para bajar la bandera en el lugar donde se encuentren o cuando el pasajero entre realmente en el vehículo.
FACUA rechaza esta posición del regulador y alega que se queda a medias, en lugar de defender que la bajada de bandera se produzca cuando el pasajero entre en el coche, evitando así un agravio económico injusto para el usuario.
Asimismo, FACUA considera también que deben establecerse requisitos claros para prestar el servicio relacionados con los conductores: formación, capacitación, condiciones de prestación del servicio, etc.
Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.
Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.
Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.
García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.
Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.
432 altas
La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.
Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.
Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.
Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.
García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.
La comisaria de Transportes, Violeta Bulc, pide que aplicaciones como Uber sean “sometidas al imperio de la ley” y a la “leal competencia”.
Avalancha de taxistas en Bruselas. Miles de vehículos profesionales de toda Europa han llegado esta semana a Bruselas para protestar contra Ubery contra la posible liberalización del taxi. El pasado miércoles fue el día de mayor tensión debido a que una manifestación de taxistas bloqueó la circulación en diferentes puntos de la ciudad y el acceso al Aeropuerto Internacional de Bruselas.
Los representantes del sector en España lideran la Alianza Europea de Taxistas, y no es de extrañar, ya que el sector del taxi en nuestro país tiene uno de los sistemas más regulados del Viejo Continente.
El pasado miércoles, los taxistas se reunieron con la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, para defender una de sus argumentaciones: que “Uber pone en peligro los puestos de trabajo del sector del taxi“.
Ayer jueves le tocó el turno a la comisaria de Transportes de la Comisión Europea, Violeta Bulc, a la que le entregaron un documento con propuestas para “frenar aplicaciones ilegales que operan en el mercado de modo desleal, haciendo dumping social y fiscal”.
Según la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), ésta es la primera de las “varias” reuniones que van a mantener “con los representantes europeos”. Para la Confederación del Taxi de España, “el sector del taxi es un sector regulado, con carácter de servicio público, y que está viendo vulnerados sus derechos por distintas actividades ilegales como Uber”.
La Comisión Europea sólo escucha
Aunque ambas organizaciones califican a Uber de “falsa economía colaborativa”, fuentes del Ejecutivo comunitario consultadas por Europa Press le han hecho un guiño a la aplicación estadounidense, a la que sí consideran economía colaborativa, asegurando que están al tanto de las nuevas formas de transportes que han surgido dentro de la conocida como “economía colaborativa”.
El segundo mazazo se lo han llevado los taxistas cuando han declarado que “la economía colaborativa tiene el potencial de crear puestos de trabajo adicionales“. Eso sí, desde Bruselas aseguran que “hay cuestiones relacionadas con los derechos de los consumidores y seguridad, impuestos y leyes laborales que son necesarias revisar”.
El tercer jarro de agua fría ha llegado en el momento del encuentro, cuando la Comisión ha anunciado su intención de revisar, durante 2016, el estado del marco regulatorio del sector. “Siendo así, los representantes de las organizaciones del taxi hemos solicitado formar parte de este proceso”, han informado los taxistas españoles.
Como toda apunta a que la actuación de Bruselas irá en la línea de la desregulación del sector, los taxistas han insistido en que las modificaciones tendrán que respetar “como puntos principales el mantenimiento del actual régimen de licencias y la necesidad de diferenciar el consumo colaborativo de las actividades que no lo son, como es el caso de Uber”.
Competencia abre la puerta a la liberalización
Por último, el sector del taxi en España se ha llevado otro varapalo este mes de la mano de la CNMC. A través de un requerimiento que ha enviado a los ayuntamientos de Córdoba y Málaga, Competencia ha criticado las bases del funcionamiento del sector del taxi en estas ciudades, que es muy parecido a las del resto de municipios españoles.
Como los consistorios andaluces han modificado recientemente las ordenanzas de este servicio público, Competencia ha aprovechado la ocasión para emitir su opinión al respecto, ya que la Ley de Unidad de Mercado establece que la CNMC puede actuar en caso de que se redacten o se actualicen normativas que vulneren la competencia.
El organismo pide a los consistorios que eliminen la fijación de precios o el sistema de licencias, aspectos clave en la actual regulación del taxi en España.
