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EL TAXISTA QUE DENUNCIÓ A LOS FLOTEROS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TEME POR SU VIDA

Expedito Suárez asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso al que se ve expuesto en el gremio

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell

Expedito Suárez fue declarado testigo protegido por la Justicia después de que un vehículo embistiera su taxi cuando se encontraba trabajando. El conductor estaba implicado en la investigación que surgió a raíz de la denuncia que interpuso en 2013, que destapó tres décadas de prácticas mafiosas en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Suárez recuerda que decidió denunciar el caso de los administradores de licencias, comúnmente denominados floteros, después de que la fiscal Evangelina Ríos le dijera que tenía la obligación de advertir al Ministerio Público si se estaba cometiendo un delito. Cuatro años después, teme por su vida.

Asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso a los que se ve sometido en el gremio, puesto que la única respuesta que recibe cuando alerta de lo que le sucede es: “Vete y denuncia al juzgado”. Las pruebas que recaba, afirma, resultan insuficientes para formalizar una denuncia, aunque la cámara del teléfono móvil le sirve de escudo para evitar que ciertos comportamientos afloren. “Yo lo grabo todo, porque me tengo que cubrir las espaldas”, apostilla.

No ha sido el único al que han amenazado de muerte, señala que otros testigos del caso que se han conocido a medida que han pasado los años, han sufrido presiones similares que llegan a afectar a sus respectivas familias. “Mamón, chivato, hijo de puta, como te coja te voy a matar, te voy a reventar la cabeza”, son algunas de las frases que, asevera, han recibido.

Esto ha supuesto un reguero de conflictos judiciales cruzados que, en algún caso ha terminado con una condena por un delito leve de amenazas; mientras que otros han sido archivados. El propio Expedito perdió un juicio por un mensaje publicado a través de una aplicación móvil.

   El taxi de Expedito Suárez tras haber sido embestido.

“Yo ya he hecho constar quién sería el responsable si me pasara algo”, apostilla Suárez, quien prefiere no hacer públicos los nombres ante el temor de represalias. En marzo del presente año hizo constar estos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga el caso de los floteros, al que entregó audios, grabaciones e imágenes vejatorias suyas que circulan por Internet.

A pesar de todo, Suárez asegura que volvería a denunciar el caso ante la Justicia: “Te lo juro, me tienen que matar, y éste me va a matar, pero yo no me echo para atrás, porque yo vi a mi madre llorando porque no me entendía. Ahora lo ha entendido, pero el sufrimiento que ha pasado mi familia lo van a pagar. Ellos se han aprovechado de nuestros padres para hacer su negocio, por la ignorancia de gente analfabeta o con pocos estudios que se fiaban más de lo que les decían en la oficina que de sus propios hijos”.

Un caso empantanado desde 2015

Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la ley prohíbe el arrendamiento y la cesión de licencias, ésta proliferó en Las Palmas de Gran Canaria, donde una sola persona llegó a controlar más de 60 licencias con las que pudo ganar una media de 6.500 euros al día.

La primera en denunciar estos hechos ante la Justicia fue la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, en un caso que fue archivado en Instrucción y que orden ó reabrir la Audiencia Provincial. La posterior denuncia de Expedito Suárez derivó en una investigación policial que precintó las dos cooperativas de taxistas de la ciudad capitalina y se saldó con siete detenciones.

A los acusados, que quedaron en libertad con cargos, se les atribuyeron delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina seguía su curso a finales de 2014 pese a los intentos de los acusados de frenar la investigación, que contaba con más de 32 cajas llenas de documentación. Sin embargo, se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell, quien se acogió a una excedencia para poder presentarse a las elecciones de 2015 como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

Alba, con Evangelina Ríos como fiscal, se centró casi exclusivamente en el caso que se ha destapado como un intento de perjudicar la carrera política y profesional de Rosell. Esto ha supuesto al magistrado  que tenga pendiente una sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial y una penal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde está siendo investigado por seis delitos.

La fiscal Evangelina Ríos, por su parte, es la que llevó a cabo una investigación contra la misma jueza Rosell que ha sido anulada recientemente por el Tribunal Supremo por haber vulnerado derechos fundamentales de la magistrada.

Mientras tanto, las sanciones han venido de la mano de la Agencia Tributaria, quien impuso multas a 75 titulares de licencias por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Además, la Tesorería General de la Seguridad Social instó a los propietarios, muchos de ellos viudas y jubilados, a darse de alta en el régimen de autónomos en caso de que estuvieran explotando las licencias.

También se ha pronunciado el Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a once dueños de permisos a abonar 6.251 euros cada uno por cesión ilegal de trabajadores. Este caso, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es semejante al que llevó a cabo el Juzgado de lo Social 8, contra sesenta titulares a raíz de la demanda interpuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Sesenta taxistas de Las Palmas responden ante el juez por cesión de trabajadores a un ‘flotero’

Durante este tiempo, Expedito Suárez ha renunciado a ser miembro de la Cooperativa de Taxis Las Palmas y ha abandonado la presidencia de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc). En la actualidad, representa al colectivo de nueva creación Taxistas Independientes de San Telmo (Taxitel).

“Hasta los floteros están en contra de los floteros”

Suárez afirma que una vez estalló el caso, los floteros pasaron de mostrar su actividad abiertamente en el gremio con “chulería”, a “esconderse más”. Sin embargo, lamenta que la actividad sigue teniendo lugar en las calles de la capital grancanaria, por lo que algunos asalariados podrían seguir teniendo que pagar entre 45 y 60 euros diarios para poder mantener su puesto de trabajo.

Una situación que ha puesto en conocimiento de distintas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de un escrito presentado el pasado mes de enero.

El denunciante valora el rechazo que ha generado la actividad de los administradores de licencias en el sector, pero ironiza que en la actualidad “hasta los floteros están en contra de los floteros”, siempre que les suponga un beneficio, como el rechazo a la implantación de un régimen de libranzas en la capital. Desde Taxitel solicitará al Consistorio, además, la regulación horaria, para que cada taxi trabaje un máximo de 16 horas diarias./eldiario.es

SALUT Y BUENVIAJE

LOS TAXISTAS CRITICAN LA ANULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OCHO HORAS

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La Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc) ha criticado la resolución judicial que anula la obligatoriedad de que los titulares del taxi realicen contratos a jornada completa a los asalariados. Y es que según el presidente la entidad, Antonio León, han sido titulares investigados por explotación irregular de las licencias, conocidos como floteros, los que han recurrido la ordenanza municipal que obligaba a contratar a los asalariados a tiempo completo. A juicio de León, la sentencia que se publicó a finales del pasado año sólo favorece a los presuntos floteros que “están siendo investigados por la Agencia Tributaria y un juzgado de lo Penal en Las Palmas de Gran Canaria”. Es por ello que la Atlatc reclama un mayor control por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para evitar los contratos fraudulentos que permitan a los titulares de las licencias dar de alta a los conductores solo durante algunas horas, en vez de las ocho que establece la actual ordenanza municipal del taxi.

La normativa se aprobó de manera definitiva en abril de 2014 y en ella se recoge esta polémica medida que fue recurrida por varios titulares de licencias ese mismo año. Pero la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la tumbó al entender que “ni la Ley 13 de 2007 de ordenación del transporte por carretera de Canarias, ni el Decreto 74/2012 del 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento del Servicio del Taxi, contienen habilitación legal para que el Ayuntamiento regule a través de una ordenanza las relaciones laborales en el sector del taxi”, según recoge el escrito.

“Ahora volveremos a tener las calles llenas de contratos basura los fines de semana, a través de los cuales se contrata a chóferes por horas, dándoles de alta a través del sistema de red el jueves o viernes y de baja el lunes”, apuntó León. Desde su punto de vista, “sin inspecciones los titulares de las licencias tienen cinco días de margen para volver a dar de baja al asalariado solo por el día que se le contrató”.

Por su parte, el edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, aseguró que no recurrirán el fallo judicial, aunque anunció que se están buscando alternativas para acabar con el fraude. Afirmó que se están buscando nuevas fórmulas como el aumento de controles y la identificación visible en los vehículos de los tipos de contratos.

SALUT Y BUEN VIAJE

 

GRANADA LA PRECARIEDAD DEL TAXISTA: JORNADAS DE DOCE HORAS SIN SEGURO NI VACACIONES

taxis

Denuncian irregularidades dentro del sector La gremial defiende que todo está controlado y remarca el esfuerzo para la mejora del servicio

Jornadas laborales de entre 12 y 14 horas, venta de licencias ilegales y conflictos con las ordenanzas que regulan el sector en el Área Metropolitana. Un taxista ha denunciado multitud de irregularidades que, según explica, vienen desarrollando en los últimos años. Una protesta que ya ha obtenido la respuesta de la Gremial del Taxi: “No hay conocimiento de dichas irregularidades y por su puesto están abiertos a escuchar a cualquier trabajador”. Así lo afirmó ayer el presidente de la Gremial del Taxi, Juan Túnez, que se mostró desconcertado con las protestas.

La protesta recoge el conflicto que tienen los asalariados con los patronos. Las largas horas de trabajo que realizan con el cansancio que ello conlleva es una de las quejas de este taxista que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. En su denuncia, también critica el hecho de que el propio trabajador se pague a sí mismo la seguridad social al terminar la jornada laboral con un dinero “que deja en el cenicero del vehículo o sobre en mano”.

Por otra parte, en caso de accidente, si el conductor es culpable éste se hará cargo del coste de la reparación. Sobre las vacaciones, destaca que en muchos casos no se cobran, sin embargo, “se firma el papel donde se garantiza haber cobrado ese dinero. “Si quieres seguir trabajando eso es lo que hay”, remarca. También expone la venta de licencias o la especulación que se realiza en algunas transmisiones: “Se venden entre 150.000 y 160.000 dependiendo si es con o sin vehículo y su estado; en algunas operaciones intervienen intermediarios. Concretamente hay dos o tres en el sector, eso sí, no declarando la totalidad de la venta”, afirma.

El alto precio provoca que “haya personas que se junten para comprar una licencia”. Uno “figura de titular y el otro de asalariado bajo la firma de un contrato privado entre ambos”; un acto prohibido en la normativa que regula el sector, el reglamento andaluz del taxi y la Ordenanza Municipal. “De igual manera hay algún pudiente que tiene hasta tres y cuatro medias licencias usando este método”, critica.

Por último, critica el servicio prestado al ciudadano en especial en los municipios del Cinturón. Está regulado que los taxistas no puedan recoger a usuarios en los municipios aunque sí llevarlos. “Si cada taxista no recoge fuera de su municipio, cada uno es dueño de su cortijo”, detalla este taxista que considera que quien paga el pato es el ciudadano y que lamenta la disolución el Instituto Metropolitano del Taxi creado, precisamente, para buscarle una solución a este conflicto.

“Así seguimos dando la misma imagen que hace treinta años, desunión, cada uno hace la guerra a su conveniencia y el ciudadano que pide un taxi a las cuatro de la madrugada en un municipio no muy lejano a la ciudad se puede encontrar sin servicio”.

 No obstante, hay que tener en cuenta que esta forma de trabajar esta marcada por la legislación. Además, según explica Juan Túnez a lo largo de este año municipios como Armilla, Ogíjares y Churriana se han adherido a la capital para funcionar con los equipos y la central. Ello conlleva un gran avance, pues el usuario que llama de noche a uno de estos municipios conecta con la teleoperadora de la central que le busca un taxi de su municipio. Un convenio al que está previsto que se adhieran otros municipios como Vegas del Genil. Con estos dispositivos, de última tecnología también podrán trabajar con la novedosa aplicación Pide taxi, creada a nivel nacional que ofrece la posibilidad de contratar un servicio desde el teléfono móvil. Avances que, poco a poco, están revolucionando el sector gracias a la tecnología.

SALUT Y BUEN VIAJE.

CUATRO EMPRESAS SE REPARTEN EL NEGOCIO ILEGAL DEL ALQUILER DE TAXIS EN MADRID

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                             Protesta de taxistas en Madrid por la liberalización del sector.

Creditaxi, líder en el sector, ofrece hasta 1.700 euros mensuales a los taxistas jubilados que cedan sus licencias. Las empresas contratan a conductores novatos a quienes presionan para que facturen al menos 3.800 euros al mes

Cuatro empresas han florecido sobre un negocio tan próspero como ilegal. El alquiler de taxis está prohibido en Madrid, pero la normativa de transportes no ha impedido que cuatro empresas florezcan bajo la sombra de un esquema difícil de perseguir. El negocio se basa en los taxistas jubilados que desean complementar su jubilación con una buena suma de dinero por alquilar su taxi a empresas profesionalizadas que ofrecen hasta 1.700 euros mensuales por la cesión del taxi.

El mecanismo es sencillo. En lugar de vender su licencia, el taxista jubilado otorga poderes a las empresas del sector que se encargan de buscar conductores, formalizar seguros y gestionar el dinero recaudado por los conductores. “Pedimos a cada conductor que facture 3.800 euros. Ellos se quedan con el 35%. Nosotros tenemos una comisión fija de 300 euros. El propietario sólo tendría que pagar los gastos de la Seguridad Social o de autónomos de los contratados. Al final le quedan entre 1.400 y 1.700 euros”, explica una comercial de la empresa Creditaxi, sin saber que habla con un periodista.

El próspero negocio del alquiler de taxis ha permitido al propietario de la empresa, Jesús Ramos Fernández, administrar otras 16 sociedades, algunas de ellas destinadas a actividades muy diferentes a la del sector del taxi como venta de embarcaciones, tiendas de ropa, márketing y actividades inmobiliarias.

Los negocios paralelos

La Federación del Taxi ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la investigación de este tipo de actividad, prohibida por el Reglamento de Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. La Federación calcula que la empresa líder del sector, Creditaxi, cuenta con entre 300 y 400 vehículos, lo que supondría unos ingresos limpios de más de 100.000 euros mensuales sin contar con los negocios paralelos del lavado y la reparación de vehículos. Además, los propietarios deben pagar una tarifa mensual de cinco euros por concepto de gasto de abogado.

Además de Creditaxi, otras dos empresas luchan por el mismo mercado: Jubiltaxi y Gestión Integral del Taxi. Una cuarta compañía, pionera en el sector y gestionada por un expolicía local madrileño ampliamente conocido en el medio, también compite para la captación de taxistas jubilados. “Ayudamos a los taxistas a rentabilizar al máximo sus licencias y mejorar su jubilación gracias a nuestro servicio”, anuncia la empresa Jubiltaxi que promete 1.000 euros netos mínimos al mes.

No alquilan, “gestionan”

Para protegerse legalmente, las compañías niegan que vivan del negocio del alquiler del taxi. Aseguran que sólo “gestionan” los vehículos cuando sus dueños están enfermos o tienen una sanción de tráfico que les impide la explotación del vehículo.

Además del negocio del alquiler, las empresas del sector también sirven como intermediadores en la venta de licencias. Su capacidad para conseguir financiación con los bancos hace que muchos compradores y vendedores los utilicen como mediadores en las operaciones, otro de los negocios paralelos.

El colectivo de taxistas, afectados por la liberalización creciente del sector, no oculta su molestia con estas prácticas. “Hay taxistas que comienzan el día presionados porque saben que tienen que hacer, como mínimo 90 euros diarios. Suelen trabajar muy mal: cobran de más a los turistas, aplican tarifas más caras o suplementos que no aplican cogen clientes cuando hay otros taxis esperando en las paradas”, explica un taxista madrileño.

La alcaldesa de Madrid prometió hace dos años investigar las presuntas irregularidades cometidas por las empresas. Desde entonces, el negocio no ha dejado de crecer.

SALUT Y BUEN VIAJE

LAS PALMAS, EL DESCANSO EN EL TAXI DISPARA UN 20% EL PAGO A LOS FLOTEROS

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La cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Asalariados del taxi entrevistados por este periódico advierten de que el nuevo régimen de libranza los enfrenta ante un ultimátum del flotero: “o subes la gallina -lo que pagan al administrador de las licencias- o te buscas otro coche”.

No salen del anonimato para no perder su trabajo, pero entienden que su debilidad también debe ser conocida. Asalariados del taxi a sueldo de floteros se quejan de que los días libres obligatorios, suspendidos de forma cautelarísima, les están obligando a alargar las jornadas para poder asegurar la gallina. Como tal se conoce a la cantidad fija que el asalariado paga por trabajar cada día y que con el nuevo reglamento del descanso obligatorio ha subido un 20%.

“Los floteros no pierden ni un euro”, explica uno de ellos, “si yo hasta ahora tenía que pagarle 45 euros por día, ahora me suben a 54 euros diarios”. Eso garantiza, aún con los dos días de libranza, unos 270 euros a la semana para el flotero. Eso en el caso de los coches con dos turnos de conductores. Para los que solo hay un chófer, la gallina pasa de entre 55 y 60 euros, según el administrador, a unos 70 euros, confirma otro asalariado que tampoco pertenece a ninguna asociación.

Se trata, por tanto, de una subida de un 20% que se impone bajo la amenaza de no seguir dando empleo al asalariado. “Nos dijeron que si no aceptábamos, que buscáramos otro coche”, prosiguieron las mismas fuentes. Hay también autónomos, no floteros, que han subido cinco euros al día la exigencia a sus asalariados, bajando su recaudación semanal 20 euros.

La principal consecuencia de ello es que los empleados del taxi «tendremos que trabajar doce horas» para asegurar un nivel de ingresos que ronda los 1.000 o 1.300 euros y que se suele conseguir en menos tiempo. “Si tenías un día bueno, podías parar a las ocho horas, pero ahora habrá que seguir para compensar los días libres”, explican.

En todo caso, los taxistas consultados se mostraron a favor de la prueba porque consideran que un sábado de madrugada pueden hacer bastante negocio al evitar la gran afluencia de taxis que se produce entre las 03.00 y las 05.00 horas de sábados y domingos.

SALUT Y BUEN VIAJE

LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITE QUE LOS PROPIETARIOS DE TAXIS NO SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

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Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),  como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.

Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.

García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.

Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.

432 altas

La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.

Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.

Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.

García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.

SALUT Y BUEN VIAJE.

HACIENDA SANCIONA A 75 TITULARES DE TAXI QUE ADMITIERON HABER CEDIDO SUS LICENCIAS A OCHO FLOTEROS

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que iniciará un procedimiento sancionador que podría concluir con la imposición de multas de 4.000 euros y la revocación de los permisos

El concejal de Transportes, José Eduardo Ramírez, espera tener antes de final de año los expedientes de la Agencia Tributaria para poderles dar curso por la vía administrativa

La Agencia Tributaria ha sancionado a 75 titulares de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria que admitieron ante este organismo haber cedido sus permisos a ocho floteros para que los administraran al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares cotizaran a la Seguridad Social.

Muchos de ellos ya han pagado las multas por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Al haber reconocido los hechos, las sanciones impuestas por este tipo de fraude se han visto reducidas.

En los próximos días, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ya tiene constancia de estas actuaciones, solicitará de forma oficial a Hacienda que le remita los expedientes finiquitados para poderles dar curso por la vía administrativa.

Según ha explicado a este periódico el concejal de Transportes de la corporación, José Eduardo Ramírez, a partir de ese momento se abrirá un procedimiento que podría culminar, siempre que no prosperen las alegaciones de los implicados, en una sanción de aproximadamente 4.000 euros por cada licencia cedida de forma irregular y la revocación de los permisos.

Ramírez, que espera poder tener los expedientes antes de que finalice el año, ha señalado que el Ayuntamiento ya tramita varios procedimientos por actuaciones similares correspondientes al año 2014.

El caso de los floteros estalló en julio de 2013 con el precinto y registro policial a dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, ordenados por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en coordinación con la Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el entonces presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez. Previamente había sido María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, quien había llevado el caso a la Justicia., aunque fue archivado.

A raíz de las primeras detenciones y de las investigaciones que constataban la explotación irregular de licencias y la existencia de un sistema de comisiones vinculado al traspaso de los permisos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el PP, se comprometió a estudiar si era viable legalmente que el nuevo reglamento, en ese momento en periodo de redacción, estipulara que sólo pudiera haber una licencia por titular, que éste tuviera dedicación plena y que estuviera dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.

Sin embargo, la ordenanza municipal aprobada finalmente deja en manos del Gobierno de Canarias la concesión de licencias, sobre la base de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, y permite que una persona pueda acumular hasta cinco permisos.

Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social informó a principios de año a los propietarios de licencias de taxi que estaban obligados a darse de alta como autónomos para explotarlas. Sin embargo, tres meses después de que concluyera el plazo otorgado para regularizar la situación, la Administración  sigue sin obligar a los propietarios a inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos (RETA) y ha permitido que vinculen las licencias a un familiar-colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que esté dado de alta en el RETA.

SALUT Y BUEN VIAJE.

LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITE QUE LOS PROPIETARIOS DE TAXIS NO SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

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Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.

Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.

García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.

Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.

432 altas

La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.

Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.

Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.

García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.

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LA JUEZ VALIDA LA INVESTIGAZIÓN CONTRA LOS FLOTEROS DEL TAXI

ayuntamiento-abre-295x184 La magistrada del juzgado de instrucción 8, María Victoria Rosell, ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones solicitadas por las defensas en el proceso contra los supuestos floteros. La jueza da validez a los datos recabados durante la investigación que la Fiscalía llevó durante casi un año.

La intervención de las comunicaciones y los registros a los supuestos floteros durante la investigación de la Fiscalía para aclarar la comisión de presuntos delitos relacionados con la gestión de licencias del taxi ha sido respaldada por la justicia. Una providencia de la magistrada del juzgado de instrucción 8 de la capital grancanaria, María Victoria Rosell, ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones que solicitaron las defensas de los seis imputados, quienes alegaron vulneración de derechos fundamentales. Con esta determinación, el juzgado mantiene las diligencias previas del caso en que se investiga la posible comisión de presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad y contra los derechos de los trabajadores por parte de floteros del taxi, intermediarios que explotan licencias municipales de terceros mediante el pago de una cantidad fija mensual al dueño de la licencia. Además, cobran una cantidad diaria a empleados que trabajan el taxi al amparo de dicha licencia y ni declaran ni tributan por el beneficio que esto les reporta. La jueza respalda la actuación de la fiscal y asegura que «no se han practicado actuaciones vedadas al Ministerio Fiscal, en particular las referidas a comunicaciones». «No se aprecia en la investigación previa practicada que se hayan efectuado actos de vulneración patente de derechos fundamentales, ni diligencias vedadas al Ministerio Fiscal, aunque sí se aprecia (…) cierta falta de motivación en los amparados por la ley», aclara Rosell. Por este motivo, «se considera que pueden practicarse en fase de instrucción, si se consideran imprescindibles, diligencias encaminadas a acreditar el origen de los datos, preguntando al servicio de vigilancia aduanera (…), como en ocasiones se pregunta a otras policías judiciales sobre el origen de los datos incorporados al atestado».

SALUT Y BUEN VIAJE

LOS IMPUTADOS POR EL CASO DE LOS “FLOTEROS” NO CONSIGUEN FRENAR LA INVESTIGACIÓN

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Los abogados de M.G, J.S., J.M.S., J.R.C., B.M y R.T. solicitaron en 2013 la nulidad de los elementos probatorios y de las actuaciones administrativas de la fase preprocesal del caso
Las diligencias previas se incoaron en marzo del mismo año tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del presidente de la Atlatc, Expedito Suárez
Aunque la magistrada no aprecia que se hayan vulnerado los derechos fundamentales en la investigación, sí señala “cierta falta de motivación” en dos diligencias de ordenación dictadas por el Fiscal Jefe en 2012
“Del contenido de la denuncia presentada y las diligencias practicadas en fase preprocesal que se adjunta, no se deriva la vulneración patente de derechos determinante de nulidad”, concluye

La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad y contra los derechos de los trabajadores cometidos presuntamente por los denominados ‘floteros’ que llevan años actuando en el sector del taxi capitalino seguirá su curso, pese al intento de casi todos los imputados de frenarla.

Los abogados de M.G, J.S., J.M.S., J.R.C., B.M y R.T. solicitaron entre septiembre y octubre de 2013 la nulidad de los elementos probatorios de la investigación en unos casos y, en otros, la de las actuaciones administrativas que se desarrollaron antes de que el proceso llegara a los tribunales por vulneración de los derechos fundamentales, según desvela un auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La fase preprocesal cuestionada por los implicados enmarca, por lo tanto, la investigación de la Fiscalía: los decretos y oficios enviados a bancos y aseguradoras, entre otros, deteniéndose en particular en la intervención del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como policía judicial. El auto remarca que quedan fuera de la solicitud, por lo tanto, las entradas y registros domiciliarios, ya que fueron autorizados por el Juzgado.

Las diligencias previas se incoaron en marzo del mismo año tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, contra la actuación de una serie de personas que acumulaban licencias de forma desorbitada. Hasta la fecha, el Juzgado ha dado curso a otras peticiones que han incrementado la complejidad de una causa que cuenta con hasta 32 cajas llenas de documentación.

Cabe destacar que una actuación judicial anterior contra los floteros, impulsada por la presidenta de la Asociación de Asalariados del Auto Taxi, María Eugenia García, quedó en saco roto al considerarse que se vulneraron los derechos fundamentales del patrón inculpado, algo que no ha sucedido en esta ocasión. Posteriormente la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó un recurso del Ministerio Fiscal y volvió a abrir el caso.

Vigilancia aduanera como policía judicial

El auto de quince folios fechado el pasado 13 de octubre desvela que la juez que instruye el caso, Victoria Rosell, ha evaluado “desde cero” todas las alegaciones enmarcadas en la actuación preprocesal de la Fiscalía, debido a que en su “escuetísimo” informe emitido en diciembre del pasado año, el Ministerio Público “no defiende ni la motivación, ni la legalidad de sus propios actos” limitándose a afirmar que no concurría la nulidad.

El texto destaca la escasa regulación legal existente en cuanto a las diligencias de investigación de la Fiscalía encomendadas Vigilancia Aduanera se refiere. Cuestionado por los demandantes de nulidad que el SVA carecía de competencias para investigar como policía judicial los hechos, en los que no consta contrabando, la magistrada hace referencia a jurisprudencia que revela lo contrario.

Al respecto, precisa que “los funcionarios de Vigilancia Aduanera ostentan la condición de policía judicial, no solo para investigar los delitos de contrabando o conexos con el mismo, sino también para aquellos otros que estén directamente vinculados a la actuación inspectora en este servicio, integrado en la Agencia tributaria. Sería el caso, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública”, como ocurre en esta ocasión.

Derecho a la intimidad

Los investigados alegaron también la vulneración del derecho a la intimidad en los oficios, decretos y diligencias ordenados por la Fiscalía. Sobre este punto, Rosell considera claro que el Ministerio Público debe investigar la cuantía de la cuota defraudada “en este caso, acudiendo a todo tipo de fuentes de información legales, ya que se trata de presuntas ganancias y pagos ‘B’ sin una documentación contable oficial que examinar, y sin inspección previa de la AEAT”.

Aunque la magistrada no aprecia que se hayan vulnerado los derechos fundamentales en la investigación, sí señala “cierta falta de motivación” en dos diligencias de ordenación dictadas por el Fiscal Jefe en 2012 y dirigidas a entidades bancarias, aseguradoras y respecto a la grabación de una cámara de videovigilancia en un espacio público. El fiscal consideró la orden “proporcionada a la gravedad de los hechos investigados” y “útil y pertinente […] toda vez que se trata con ello de determinar la vinculación de los denunciados con los vehículos de los que se valen para obtener beneficios opacos, supuestamente, para las arcas públicas”.

Por otro lado, las defensas de los implicados plantearon, además, que ya se contaba con determinados datos cuyo origen “no se aclara”-trayendo a colación la posibilidad de pinchazos telefónicos- como los números telefónicos de algunas personas investigadas o la identidad de sus familiares más directos. A lo que el auto hace referencia a la legalidad de la obtención de dichos contactos y la diversidad de formas de conseguirlos.

En este punto, hace referencia a los “informadores” que presume que sean trabajadores del sector “reacios a prestar una declaración formal”. En ese sentido añade que “ha de tenerse en cuenta que personas de ese entorno transmiten estar convencidos del poder de los floteros”, por lo que “no sería fácil en esa fase previa contar con testigos dispuestos a prestar declaración”.

Pese a reconocer las dudas que suscita la actuación del Ministerio Fiscal dictada durante casi un año y medio, Rosell concluye que “del contenido de la denuncia presentada y las diligencias practicadas en fase preprocesal que se adjunta, no se deriva la vulneración patente de derechos determinante de nulidad”.

El proceso que sigue el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un testigo protegido y con declaraciones escritas entregadas por el letrado de la Asociación de Asalariados del Taxi, personada como acusación popular, a falta de subsanar aspectos pendientes. Los imputados en el caso podrán interponer un recurso de reforma ante el Juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

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