La magistrada del juzgado de instrucción 8, María Victoria Rosell, ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones solicitadas por las defensas en el proceso contra los supuestos floteros. La jueza da validez a los datos recabados durante la investigación que la Fiscalía llevó durante casi un año.

La intervención de las comunicaciones y los registros a los supuestos floteros durante la investigación de la Fiscalía para aclarar la comisión de presuntos delitos relacionados con la gestión de licencias del taxi ha sido respaldada por la justicia. Una providencia de la magistrada del juzgado de instrucción 8 de la capital grancanaria, María Victoria Rosell, ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones que solicitaron las defensas de los seis imputados, quienes alegaron vulneración de derechos fundamentales. Con esta determinación, el juzgado mantiene las diligencias previas del caso en que se investiga la posible comisión de presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad y contra los derechos de los trabajadores por parte de floteros del taxi, intermediarios que explotan licencias municipales de terceros mediante el pago de una cantidad fija mensual al dueño de la licencia. Además, cobran una cantidad diaria a empleados que trabajan el taxi al amparo de dicha licencia y ni declaran ni tributan por el beneficio que esto les reporta. La jueza respalda la actuación de la fiscal y asegura que «no se han practicado actuaciones vedadas al Ministerio Fiscal, en particular las referidas a comunicaciones». «No se aprecia en la investigación previa practicada que se hayan efectuado actos de vulneración patente de derechos fundamentales, ni diligencias vedadas al Ministerio Fiscal, aunque sí se aprecia (…) cierta falta de motivación en los amparados por la ley», aclara Rosell. Por este motivo, «se considera que pueden practicarse en fase de instrucción, si se consideran imprescindibles, diligencias encaminadas a acreditar el origen de los datos, preguntando al servicio de vigilancia aduanera (…), como en ocasiones se pregunta a otras policías judiciales sobre el origen de los datos incorporados al atestado».

SALUT Y BUEN VIAJE

Los abogados de M.G, J.S., J.M.S., J.R.C., B.M y R.T. solicitaron en 2013 la nulidad de los elementos probatorios y de las actuaciones administrativas de la fase preprocesal del caso
Las diligencias previas se incoaron en marzo del mismo año tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía del presidente de la Atlatc, Expedito Suárez
Aunque la magistrada no aprecia que se hayan vulnerado los derechos fundamentales en la investigación, sí señala “cierta falta de motivación” en dos diligencias de ordenación dictadas por el Fiscal Jefe en 2012
“Del contenido de la denuncia presentada y las diligencias practicadas en fase preprocesal que se adjunta, no se deriva la vulneración patente de derechos determinante de nulidad”, concluye

La investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad y contra los derechos de los trabajadores cometidos presuntamente por los denominados ‘floteros’ que llevan años actuando en el sector del taxi capitalino seguirá su curso, pese al intento de casi todos los imputados de frenarla.

Los abogados de M.G, J.S., J.M.S., J.R.C., B.M y R.T. solicitaron entre septiembre y octubre de 2013 la nulidad de los elementos probatorios de la investigación en unos casos y, en otros, la de las actuaciones administrativas que se desarrollaron antes de que el proceso llegara a los tribunales por vulneración de los derechos fundamentales, según desvela un auto al que ha tenido acceso Canarias Ahora.

La fase preprocesal cuestionada por los implicados enmarca, por lo tanto, la investigación de la Fiscalía: los decretos y oficios enviados a bancos y aseguradoras, entre otros, deteniéndose en particular en la intervención del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) como policía judicial. El auto remarca que quedan fuera de la solicitud, por lo tanto, las entradas y registros domiciliarios, ya que fueron autorizados por el Juzgado.

Las diligencias previas se incoaron en marzo del mismo año tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, contra la actuación de una serie de personas que acumulaban licencias de forma desorbitada. Hasta la fecha, el Juzgado ha dado curso a otras peticiones que han incrementado la complejidad de una causa que cuenta con hasta 32 cajas llenas de documentación.

Cabe destacar que una actuación judicial anterior contra los floteros, impulsada por la presidenta de la Asociación de Asalariados del Auto Taxi, María Eugenia García, quedó en saco roto al considerarse que se vulneraron los derechos fundamentales del patrón inculpado, algo que no ha sucedido en esta ocasión. Posteriormente la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó un recurso del Ministerio Fiscal y volvió a abrir el caso.

Vigilancia aduanera como policía judicial

El auto de quince folios fechado el pasado 13 de octubre desvela que la juez que instruye el caso, Victoria Rosell, ha evaluado “desde cero” todas las alegaciones enmarcadas en la actuación preprocesal de la Fiscalía, debido a que en su “escuetísimo” informe emitido en diciembre del pasado año, el Ministerio Público “no defiende ni la motivación, ni la legalidad de sus propios actos” limitándose a afirmar que no concurría la nulidad.

El texto destaca la escasa regulación legal existente en cuanto a las diligencias de investigación de la Fiscalía encomendadas Vigilancia Aduanera se refiere. Cuestionado por los demandantes de nulidad que el SVA carecía de competencias para investigar como policía judicial los hechos, en los que no consta contrabando, la magistrada hace referencia a jurisprudencia que revela lo contrario.

Al respecto, precisa que “los funcionarios de Vigilancia Aduanera ostentan la condición de policía judicial, no solo para investigar los delitos de contrabando o conexos con el mismo, sino también para aquellos otros que estén directamente vinculados a la actuación inspectora en este servicio, integrado en la Agencia tributaria. Sería el caso, entre otros, de los delitos de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública”, como ocurre en esta ocasión.

Derecho a la intimidad

Los investigados alegaron también la vulneración del derecho a la intimidad en los oficios, decretos y diligencias ordenados por la Fiscalía. Sobre este punto, Rosell considera claro que el Ministerio Público debe investigar la cuantía de la cuota defraudada “en este caso, acudiendo a todo tipo de fuentes de información legales, ya que se trata de presuntas ganancias y pagos ‘B’ sin una documentación contable oficial que examinar, y sin inspección previa de la AEAT”.

Aunque la magistrada no aprecia que se hayan vulnerado los derechos fundamentales en la investigación, sí señala “cierta falta de motivación” en dos diligencias de ordenación dictadas por el Fiscal Jefe en 2012 y dirigidas a entidades bancarias, aseguradoras y respecto a la grabación de una cámara de videovigilancia en un espacio público. El fiscal consideró la orden “proporcionada a la gravedad de los hechos investigados” y “útil y pertinente […] toda vez que se trata con ello de determinar la vinculación de los denunciados con los vehículos de los que se valen para obtener beneficios opacos, supuestamente, para las arcas públicas”.

Por otro lado, las defensas de los implicados plantearon, además, que ya se contaba con determinados datos cuyo origen “no se aclara”-trayendo a colación la posibilidad de pinchazos telefónicos- como los números telefónicos de algunas personas investigadas o la identidad de sus familiares más directos. A lo que el auto hace referencia a la legalidad de la obtención de dichos contactos y la diversidad de formas de conseguirlos.

En este punto, hace referencia a los “informadores” que presume que sean trabajadores del sector “reacios a prestar una declaración formal”. En ese sentido añade que “ha de tenerse en cuenta que personas de ese entorno transmiten estar convencidos del poder de los floteros”, por lo que “no sería fácil en esa fase previa contar con testigos dispuestos a prestar declaración”.

Pese a reconocer las dudas que suscita la actuación del Ministerio Fiscal dictada durante casi un año y medio, Rosell concluye que “del contenido de la denuncia presentada y las diligencias practicadas en fase preprocesal que se adjunta, no se deriva la vulneración patente de derechos determinante de nulidad”.

El proceso que sigue el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un testigo protegido y con declaraciones escritas entregadas por el letrado de la Asociación de Asalariados del Taxi, personada como acusación popular, a falta de subsanar aspectos pendientes. Los imputados en el caso podrán interponer un recurso de reforma ante el Juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

SALUT Y BUEN VIAJE

G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía los requisitos mínimos.

Asegura que durante un registro la llamaron para que acudiera a la oficina del flotero con urgencia para que firmara nóminas.

Tras obtener el permiso, al pensar que no podía hacer otra cosa, esperó a que el contrato firmado por su progenitor expirase para cancelarlo.

Desconoce cómo es posible que las administraciones públicas permitan a un jubilado seguir contratando personal.

Las herencias son plato de gusto a medias y, como reza el dicho, en ocasiones las carga el diablo. Una situación que se agrava si el pan que trabajó el progenitor en cuestión se enmarca en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, donde en las últimas décadas se ha forjado un mecanismo ajeno a la legalidad que coge en paños menores a los que llegan de nuevas y que mantiene abiertos dos procesos judiciales.

El Ayuntamiento es el encargado, tanto de llevar a cabo los trámites necesarios para otorgar la licencia municipal de un taxi, como de traspasar la misma a la viuda o los herederos en caso de que éstos lo soliciten. Un traspaso que se encuentra regulado en el vigente Reglamento Municipal del Taxi y que no tiene visos de cambiar tras reforma del mismo que prepara el Gobierno del Partido Popular (PP) encabezado por el alcalde, Juan José Cardona.

G.A. desconoce todavía cómo pudo llegar a sus manos el permiso de su padre, cuando entonces no cumplía unos requisitos mínimos de los que asegura que nadie le informó, como estar en posesión del certificado habilitante para el ejercicio de la profesión. Tampoco se encontraba dada de alta como autónomo, es más, estaba en paro y cobraba una subvención.

Tan solo tuvo que acercarse a una de las Cooperativas de Taxis que se encuentran en la capital grancanaria, en busca de las gestiones que debía realizar para requerir la licencia, para que una abogada le dijera que el contrato firmado por su progenitor con uno de los denominados floteros no había concluido y que ella debía cumplirlo. Cosa que hizo hasta 2010 al pensar que su actuación se ajustaba a la legalidad. “Cuando te pones en manos de un abogado no piensas que te esté mintiendo o que te lleve a hacer algo irregular”, apostilla.

Ese mismo año, la Policía Local llevó a cabo una serie de registros junto a la Agencia Tributaria, derivados de una denuncia interpuesta en el Juzgado por la Asociación de Asalariados. G.A. asegura que ese día la llamaron para que acudiera a la oficina del administrador con urgencia, donde le hicieron firmar hasta siete nóminas. “No tenía constancia de que tenía personal contratado a mi nombre”, asevera.

6.000 euros de multa

“Antes de que mi padre falleciera, a mi esto no me olía nada bien”, afirma al recordar una carta procedente de la Seguridad Social (SS) que se aventuró a abrir. “Nos tenían prohibido abrir cualquier tipo de correspondencia, que debíamos remitirles” dice, en referencia a los floteros. Sin embargo, al ver quién era el remitente, hizo caso omiso y leyó la misiva para descubrir una multa de 6.000 euros.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que un hombre de nacionalidad extranjera, contratado por los mencionados administradores, había estado trabajando a nombre de su padre sin los correspondientes permisos ni pagos a la SS. Al ir a pedir explicaciones, solo obtuvo rechazo. Años más tarde y tras obtener el permiso, al pensar que no podía hacer otra cosa, esperó a que el contrato firmado por su progenitor expirase para cancelarlo.

Connivencia de la Seguridad Social

En una carta enviada al juez del Juzgado de Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recientemente se ha celebrado un juicio a una quincena de personas relacionadas con el sector, demandados por Inspección General del Trabajo por cesión ilegal de trabajadores, G.A. manifiesta que “no niego mi culpa, pero sí mi total responsabilidad”.

Un procedimiento al que se enfrentó sin abogado que la defendiera, después de que el que le habían recomendado, renunciara tras comentarle su decisión de desvelar la “logística” que se había montado en el sector en torno a la figura del flotero y su propia experiencia.

Una culpa que, añade, “va acompañada de una responsabilidad por parte de ciertas administraciones públicas y algunas entidades muy cercanas al sector”, entre las que señala, sin precisar nombres, a cargos que hace años ocuparon un puesto en la Tesorería General de la Seguridad Social en Canarias.

G.A. no entiende cómo es posible que tanto el Ayuntamiento, como la SS o Inspección de Trabajo permitieran a su padre seguir contratando personal asalariado 15 años después de serle aprobada su jubilación.

SALUT Y BUEN VIAJE.