Almería y Málaga concentran la mayoría de las multas que la Junta de Andalucía interpone a los que actúan sin la licencia.
El sector del taxi es una selva. Y la proliferación de todo tipo de vehículos piratas que realizan servicios fuera de la normativa o aprovechan sus resquicios legales es todo un quebradero de cabeza para los profesionales del sector y para las administraciones públicas que tratan de ponerle orden. Nadie está contento, especialmente los más afectados, que tildan de “insuficientes” las denuncias que se ponen, y de “ineficaces” los servicios de vigilancia. Pero la situación es mucho más complicada, pues como aseguran los agentes de la Policía, para sancionar a un taxista pirata “hay que cazarlo realizando la transacción, o que el cliente confiese que realmente viaja con un ilegal”, algo que es muy complicado o casi imposible de ser testigo.
El ambiente está caldeado entre los profesionales del taxi y las administraciones, por más que lo intentan, no pueden hacer más de lo que hacen.
Según las últimas cifras que maneja la Junta de Andalucía, en la provincia de Almería hay actualmente en tramitación (hasta mediados del mes de julio) casi medio centenar de expedientes sancionadores a conductores sin licencia que ejercen habitualmente como taxistas. Se trata de expedientes que aún están en estudio y que probablemente, darán como resultado una sanción económica que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se llega a pagar. Almería, junto con la provincia de Málaga, acaparan la mayoría de las denuncias por este tipo de irregularidades en el sector del taxi.
Los taxistas piden medidas más contundentes, como la inmovilización del vehículo una vez que la Policía sorprenda a los infractores con las manos en la masa. Para salvar este bache, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está trabajando con los taxistas para aplicar en la comunidad una norma que permita la inmovilización del turismo en el mismo momento en el que se detecta el acto ilícito. No obstante, al ser la normativa que establece estas sanciones una ley estatal, el Gobierno autonómico no puede introducir cambios en su corpus legal, por ello el texto que se está redactando se incluirá como modificación de la Ley 2/2003 de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de carácter autonómico.
SALUT Y BUEN VIAJE.
