El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, mediante un auto que no admite recurso, ha ordenado de forma cautelar el cese y la prohibición a nivel nacional de Uber, la plataforma que permite ofrecer a través de una aplicación para móviles y tabletas un coche particular como alternativa al taxi tradicional.
El auto, que estima las medidas cautelares propuestas por los taxistas en su demanda del 7 de octubre, ordena, hasta que esta se resuelva,
- La cesación y prohibición en España de la prestación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros en vehículos bajo la denominación “ uber pop”.
- La cesación y prohibición de contenido, acceso y prestación del indicado servicio de transporte de viajeros “ uber pop” en España mediante la página web (www.uber.com).
- La cesación y prohibición de cualquier aplicación (“app”) o de cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado en España.
Requiere además que las principales operadoras de telecomunicaciones “suspendan la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes o la prestación de cualquier otro servicio equivalente” relacionado con Uber, y que las grandes entidades de pago suspendan todas las operaciones relativas a la compañía.
Para que estas medidas cautelares sean ejecutadas, la Asociación Madrileña del Taxi debe prestar, en los tres días siguientes a la notificación del auto “la caución consistente en aval bancario de tiempo indefinido por importe de 10.000 € y pagadero al primer requerimiento” que “se estime idóneo y suficiente por este Juzgado”.
El auto justifica la aplicación de estas medidas cautelares previas sin dar traslado a la empresa argumentando que “la fluidez del mercado por Internet, la velocidad de comunicación del sistema de Uber, empresa participada por el gigante Google, la ubicación en el paraíso fiscal señalado [Delaware]” aumentan el riesgo de competencia desleal, subrayando, sin embargo, que la decisión rehúye “un debate entre la libertad y la economía cooperativa frente a las regulaciones e intervencionismo administrativo”, que excede el alcance de una decisión judicial.
La empresa ha anunciado que evalúa apelar “este repentino e inusual procedimiento” y aseguró que continuará “cumpliendo con la legislación española”.
El sector del taxi, por su parte, celebró la decisión del juez. “Estamos contentos, se ha establecido que estos señores no pueden ejercer. Se trataba simplemente de prohibir lo que es ilegal”, dijo este martes Felipe Rodríguez Baeza, presidente de la ATM.
SALUT Y BUEN VIAJE