Consideran que la imposición del descanso de dos días, es una mera cortina de humo para ocultar su falta de voluntad para acabar con la explotación ilegal de licencias por parte jubilados y viudas
Los asalariados del taxi de Las Palmas de Gran Canaria acusan al ayuntamiento de mantener la política de ineptitud de la anterior corporación del Partido Popular.
Tras la decisión, por parte del consistorio, de regular dos días libres de descanso a la semana, los asalariados critican que no se les ha consultado.
La Presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, considera que el ayuntamiento una vez más está tratando de poner una “cortina de humo” regulando supuestamente en defensa del sector, pero sin abordar en profundidad el verdadero problema del taxi en la capital grancanaria.
Acusa al ayuntamiento de mantener una política continuista y no actuar donde verdaderamente se está produciendo una flagrante injusticia e irregularidad. “En Las Palmas de Gran Canaria hace más de 25 años que no se conceden licencias de taxi y esto es una aberración”, asegura la Presidenta de los Asalariados, que añade que la ciudad ha crecido en población y en magnitud y es incomprensible que mientras esto ocurra, el Cabildo esté dando autorizaciones a coches privados con la excusa de que hay un servicio que cubrir.
Mientras, denuncian que el consistorio permita que jubilados y viudas de taxistas sigan explotando ilegalmente licencias. Una situación que califican como vejatoria para el conjunto del sector.
El alcalde por su parte declaraba en Radio San Borondón este lunes que se trata de igualar la capital grancanaria al resto de grandes ciudades que ya tienen regulado el sector considerando el derecho de los trabajadores del taxi al descanso./Radio SB
El sector prepara una propuesta para el Ayuntamiento en la que se ofrecerán a cofinanciar el rescate de licencias para ajustar la oferta a la demanda actual
Los taxistas de Málaga vuelven a poner sobre la mesa su reivindicación de aligerar el parque móvil quitando de la circulación al menos 300 licencias en los próximos años. La propuesta no es nueva. De hecho, viene coleando desde el inicio de la crisis con el convencimiento de que con 1.434 vehículos en las paradas no hay trabajo para todos por mucho que los profesionales pasen al volante hasta 15 horas diarias para que le salgan las cuentas. Se trata de equilibrar la oferta con una demanda que, aunque pueda repuntar, difícilmente va a llegar a niveles anteriores, por lo que en el gremio consideran que la solución pasa por la puesta en marcha de un plan de rescate de concesiones similar al que desde hace una década se viene aplicando en Sevilla y que hasta la fecha ha supuesto la retirada de 238 licencias.
De momento, las principales asociaciones del sector (Aumat, Taxiunión y Taxitransfers) ya está trabajando en una propuesta concreta que pretenden trasladar formalmente al Ayuntamiento para abrir una negociación que conduzca al rescate de unas 300 licencias en los próximos años. La primera dificultad radica en que, aunque el sector pueda estar dispuesto a financiar una parte con una tasa que abonarían todos los profesionales, la mayor parte del coste saldría de las arcas municipales, por lo que el Consistorio tendría que hacer un desembolso de dinero público para adquirir unas licencias que se concedieron de forma gratuita.
En intentos anteriores, el equipo de gobierno del PP se ha opuesto, aunque en el gremio confían en que esta vez sí lo puedan contemplar. La segunda complejidad está en que para que este plan sea viable es necesario que haya taxistas dispuestos a aparcar definitivamente su vehículo a cambio de percibir una determinada cantidad en varias anualidades. Para ello, lo primero sería ponerle precio a la licencia.
«Es necesario acometer ya una reconversión del taxi, pero para eso es necesario la implicación de todos, incluidos nosotros. Es un asunto complejo, pero el sector lo demanda y creemos que ha llegado el momento de abordarlo en profundidad», afirma el presidente de Aumat, José Royón, quien además de la progresiva pérdida de clientes que ha traído consigo la crisis también pone el acento en la entrada en servicio del metro y, sobre todo, la EMT. «Los autobuses prestan un servicio muy bueno, pero además refuerzan las líneas cada vez que hay algún evento en la ciudad, no solo en Semana Santa o Feria como ocurría antes», lamenta el dirigente de la asociación mayoritaria en la capital. En este sentido, Royón también advierte de la mayor competencia que traerán consigo las nuevas licencias de alquileres de vehículos con conductor, conocidos como VTC.
Si atendemos a la serie histórica 1994-2015, Sevilla capital cuenta con aproximadamente un nueve por ciento de taxis menos que en sus mejores años. Respecto al año pasado, el número de taxis en la capital hispalense se ha contraído un 1,81 por ciento. El número de taxis en la ciudad de Sevilla experimenta una caída libre desde 2011.
2.110 turismos son los registrados actualmente como taxis según recoge Endata Sevilla a través de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y la Estadística del Taxi, un número que representa la cifra más baja desde el año 1994.
Respecto al año pasado, el número de taxi en la capital hispalense se ha contraído un 1,81 por ciento, contracción que, como recoge Endata Sevilla, abarca cuatro años pues desde 2012 el número de taxis no ha dejado de bajar en términos anuales.
Si atendemos a la serie histórica 1994 – 2015, Sevilla capital cuenta con aproximadamente un 9 por ciento de taxis menos que en sus años de mayor esplendor, los que van de 1996 a 1999, años en los que se alcanzó 2.311 taxis en la ciudad.
A partir del año 2000, el número de taxis en la capital hispalense ha sufrido una caída anual hasta alcanzar los 2.204 taxis en 2005. Posteriormente, el número de taxis experimentó un aumento hasta el año 2008, alcanzándose los 2.258 taxis. En 2009 se experimento una fuerte bajada, quedándose la cifra de taxis en 2.172. Posteriormente tuvo lugar su último incremento, alcanzándose los 2.234 a finales de 2011. A partir de ahí, el número de taxis en la ciudad de Sevilla no ha dejado de descender hasta los actuales 2.110. /Sevilla Directo
En Sevilla capital sobran más de 300 taxis del total de los que circulan. Más concretamente, y según cifras que maneja la Unión Sevillana del Taxi (sindicato mayoritario del sector), el Ayuntamiento aún tendría que rescatar unas 323 licencias de taxi para adecuar la ratio a la población de nuestra ciudad.
A día de hoy, y después de que el Consistorio hispalense cerrara el pasado martes un último proceso de rescate, en el que se han retirado 11 licencias y que ha costado a las arcas municipales 251.846 euros (con el que se culmina un plan de cuatro años con unas 154 licencias rescatadas) existen un total de 2.073 licencias -según los números ofrecidos por la Unión Sevillana del Taxi-, una cifra por encima de los 1.750 vehículos que el sector estima razonable para proporcionar un servicio adecuado a la ciudad.
A las 154 licencias rescatadas en el anterior mandato (de las que quedaban estas últimas 11 por retirar) hay que sumar otras 84 licencias rescatadas entre 2005 y 2011 con lo que en total se habrían retirado ya unas 238 licencias.
La corporación municipal del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín adjudicó a la empresa Inix Consultores S. L, por 61.200 euros y con cargo a los presupuestos de 2011, un estudio sobre el sector del taxi de Sevilla.
Ese estudio, en virtud a la población de la ciudad, fue el que estimó en 1.750 las licencias óptimas para que hubiera 2,5 taxis por cada 1.000 habitantes. Actualmente y después del último rescate existen 2,98 taxis por cada 1.000 habitantes.
Es por ello que el Ayuntamiento deberá estudiar con el gremio un nuevo plan de viabilidad que contará con 251.846 euros para 2016 y 870.015 euros en 2017 (cada licencia rescatada suponen 68.685 euros), aunque serán necesarios más de ocho años (según la media de rescates en cada periodo) para ajustar la ratio de taxis a la ciudad.
Otras reivindicaciones
El gremio de taxistas espera reunirse en breve con el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, para aclarar cuestiones que van mucho más allá que el próximo Plan de Viabilidad para el rescate de licencias. A las demandas tradicionales del sector tales como la vigilancia del intrusismo, garantizar la seguridad o el control y limpieza de paradas y carriles taxi, se sumarán las peticiones de baños necesarios sobre todo para las taxistas en puntos clave de la ciudad, además de puntos de sombra para las paradas más castigadas por el sol./andaluciainformacion.es
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que iniciará un procedimiento sancionador que podría concluir con la imposición de multas de 4.000 euros y la revocación de los permisos
El concejal de Transportes, José Eduardo Ramírez, espera tener antes de final de año los expedientes de la Agencia Tributaria para poderles dar curso por la vía administrativa
La Agencia Tributaria ha sancionado a 75 titulares de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria que admitieron ante este organismo haber cedido sus permisos a ocho floteros para que los administraran al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares cotizaran a la Seguridad Social.
Muchos de ellos ya han pagado las multas por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Al haber reconocido los hechos, las sanciones impuestas por este tipo de fraude se han visto reducidas.
En los próximos días, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ya tiene constancia de estas actuaciones, solicitará de forma oficial a Hacienda que le remita los expedientes finiquitados para poderles dar curso por la vía administrativa.
Según ha explicado a este periódico el concejal de Transportes de la corporación, José Eduardo Ramírez, a partir de ese momento se abrirá un procedimiento que podría culminar, siempre que no prosperen las alegaciones de los implicados, en una sanción de aproximadamente 4.000 euros por cada licencia cedida de forma irregular y la revocación de los permisos.
Ramírez, que espera poder tener los expedientes antes de que finalice el año, ha señalado que el Ayuntamiento ya tramita varios procedimientos por actuaciones similares correspondientes al año 2014.
El caso de los floteros estalló en julio de 2013 con el precinto y registro policial a dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, ordenados por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en coordinación con la Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el entonces presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez. Previamente había sido María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, quien había llevado el caso a la Justicia., aunque fue archivado.
A raíz de las primeras detenciones y de las investigaciones que constataban la explotación irregular de licencias y la existencia de un sistema de comisiones vinculado al traspaso de los permisos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el PP, se comprometió a estudiar si era viable legalmente que el nuevo reglamento, en ese momento en periodo de redacción, estipulara que sólo pudiera haber una licencia por titular, que éste tuviera dedicación plena y que estuviera dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.
Sin embargo, la ordenanza municipal aprobada finalmente deja en manos del Gobierno de Canarias la concesión de licencias, sobre la base de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, y permite que una persona pueda acumular hasta cinco permisos.
Convocan a todos los profesionales del país para rebatir el dictamen de Competencia que busca la liberalización del sector.
El viernes 11 de septiembre no será un día fácil para el tráfico. Los taxistas tomarán las calles de la ciudad con una clara intención: colapsar la capital y hacerse oír en sus reivindicaciones. La protesta reunirá en Córdoba a taxistas de todo el país en defensa de la profesión y que, a juicio del gremio, se ha puesto en tela de juicio a raíz del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha derogado casi en su totalidad la ordenanza municipal sobre el taxi y que exige al Ayuntamiento suspender varios artículos en el plazo de un mes bajo la amenaza de recurrir a los tribunales. La manifestación se realizará en un momento crucial para el tráfico en septiembre como es el inicio del curso escolar.
El presidente de la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor), Miguel Ruano, indicó ayer a ABC que la protesta, aunque se haga en la capital y esté motivada por la suspensión de la ordenanza local, estará convocada por la Mesa Nacional del Taxi y vendrán profesionales del todo el país «en defensa del sector porque la aplicación de todos los criterios que impone Competencia es imposible». Ruano indicó que lo que está en juego es el futuro de la profesión puesto que se ha tomado a Córdoba y a su ordenanza «como conejillo de indias para la liberalización del sector», indicó el presidente del gremio de taxistas.
La manifestación, que será analizada en la próxima asamblea de Auttacor para perfilar los detalles, busca principalmente «hacer ruido» por lo que, a falta de un recorrido, lo que sí tienen los taxistas es que la marcha protesta «se hará por las principales arterias de la ciudad, las avenidas con tres y cuatro carriles», señaló Ruano. El único aspecto concreto de esta manifestación es que acabará en la avenida de Conde Vallellano, frente a la Subdelegación del Gobierno.
Las previsiones de los taxistas pasan por reunir en la capital a más de medio millar de taxis, en su mayor parte de Andalucía, para protestar «por la experiencia piloto» que Competencia quiere hacer con Córdoba para iniciar la liberalización de la profesión en otras ciudades, tal y como denuncian desde Auttacor.
Puntos conflictivos
Esta protesta no será la única acción que realicen los taxistas. «No descartamos ninguna otra acción», sentenció Ruano, quien entiende que la ordenanza municipal «es totalmente legal» y que se ajusta «a la norma autonómica que regula el taxi y que sí obtuvo el visto bueno de Competencia».
Entre los puntos que se piden eliminar de la ordenanza municipal está el referente a la concesión de licencias, donde se plantea que no haya un número máximo y que se puedan conceder a quien la solicite. «Esto sería acabar con el servicio», sentencia Ruano.
Para el también presidente de la Federación Andaluza del Taxi, las 509 licencias concedidas en la ciudad garantizan el servicio y son suficientes. Actualmente, el tope de licencias en Córdoba se calcula con una ratio de 1,55 vehículos por cada diez mil habitantes.
Competencia también pide que se eliminen aspectos referentes a la concesión de licencias de modo que no tengan que ir a nombre de un particular y que se puedan expedir a empresas de transportes, por lo que podrían surgir empresas con flota de taxis para dar el servicio.
Otro punto que se pide derogar de la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Taxi en Córdoba es la referente a las tarifas, donde Competencia plantea que solo haya un precio máximo y que cada profesional pueda aplicar el precio que estime oportuno. Es decir, se acabaría con las tarifas oficiales.
El dictamen de Competencia es una enmienda a la totalidad del servicio que hasta ahora se ha venido prestando y que ha tomado la ordenanza cordobesa, aprobada el pasado mayo, como campo de batalla. De ahí que la concentración del 11 de septiembre sea de convocatoria nacional ya que de prosperar los criterios de Competencia estos tendrían que aplicarse en el resto de ciudades españolas.
El sector del taxi afronta numerosos desafíos en los años venideros, como el precio de las licencias necesarias para ejercer. Aunque la llegada de las aplicaciones móviles de viajes compartidos provocaron voces de alarma, en realidad los problemas venían de lejos
Los taxistas tienen unos gastos inherentes al desarrollo de su labor, como el mantenimiento del coche, combustible, impuestos, ITV anual, seguro de responsabilidad civil, etc. Además, tenemos que incluir las cuotas del préstamo que se pidió para comprar la licencia, ya que estas han alcanzado valores estratosféricos.
Las licencias se convirtieron en un activo sujeto a especulación
Las licencias, emitidas por los ayuntamientos, tienen un número limitado, y por lo tanto, son escasas. Si a una oferta muy reducida le añadimos una demanda, y que la licencia tiene una expectativa de retorno de inversión y encima un valor futuro de reventa elevado, es normal que los precios suban bastante. Si a eso le sumamos la adjudicación por subasta, el problema engorda.
En Estados Unidos las aplicaciones Uber y Lyft han contribuido de forma decisiva al pinchazo de la burbuja de las licencias para taxi, denominadas por aquellos lares medallions. En Nueva York superaron el millón de dólares, y en Chicago más de 350.000 dólares. Se llegó a decir que invertir en medallions era más rentable que invertir en oro o en petróleo, ¡y los números lo avala
En Europa se ha parado los pies, de momento, a estas aplicaciones, pero no en otros países. Están poniendo a los taxistas en una situación delicada, dependiendo del grado de protección que disfruten
Las licencias dejaron de ser una simple concesión administrativa para poder trabajar de taxista, eran un negocio. Un inversor puede comprar una o varias licencias, y cobrar a los conductores para su explotación comercial. En España ha ocurrido un fenómeno similar, subrogación de licencias, el conductor se lleva un 40% de la recaudación y el resto el dueño de la licencia y del coche.
La expectativa de beneficios y reventa aumentó artificialmente el precio de las licencias, hasta llegar al punto de que los nuevos taxistas no podían conseguir préstamos para sus desorbitados precios. Las licencias se iban poniendo en venta según se iban jubilando los taxistas veteranos, y el beneficio de la transmisión era una forma añadida de garantizarse una buena jubilación.
El cierre del grifo crediticio fue el primer aviso
Esto ya ocurría antes de que llegasen las aplicaciones móviles, en los primeros años de la crisis económica. La expectativa de negocio era elevada porque, con una economía en movimiento, había negocio garantizado. No era difícil ver días en los que era imposible encontrar un taxi libre en las principales arterias de nuestras ciudades. En España se han pagado más de 200.000 euros por licencia, y hay casos de más de 400.000 euros.
Si las licencias no tuviesen un valor especulativo, se podrían cobrar las carreras a un precio inferior, y los conductores podrían ganar más dinero. Es un sistema ineficiente
En Europa las autoridades han respaldado a los taxistas mucho más que en Estados Unidos. A fin de cuentas, existen una normativas que impiden a los particulares transportar gente a cambio de un beneficio, sin poseer licencia, ni un seguro de responsabilidad civil. En EEUU esas aplicaciones han puesto patas arriba el mercado del taxi.
Los precios de las licencias se están desplomando en ese país, síntoma inequívoco de que tenían precios artificiales y burbujistas. Bajarán hasta un punto que el mercado decida que es justo, más ligado a su rentabilidad real. Existe una gran incertidumbre sobre el mundo del taxi de aquí a un par de décadas.
Ya no hablamos de ningún chollo
No se pueden poner puertas al campo, y tarde o temprano, se acabará legislando en favor de la desregulación de este monopolio amparado por las autoridades. Debe haber competencia, a la vez que se garanticen unas condiciones laborales dignas para los conductores, y sin que los clientes retrocedan en derechos. De hecho, la UE pasó la patata caliente a los estados miembros en materia de transporte.
A medio plazo, los taxistas tendrán que invertir en tecnologías más limpias y ponerse al día en general. Quien quiera meterse en esta actividad debería pensárselo un par de veces
El modelo actual del taxi tiene fecha de caducidad
No tiene ningún sentido que un profesional que trabaja 8-12 horas diarias se deslome para apenas sacar dinero limpio, ya que está doblemente hipotecado (casa y licencia). Dichas ineficiencias también afectan a los clientes, que están pagando más de lo que deberían.
En EEUU los pasajeros han apreciado mucho las tarifas más competitivas de Uber, Lyft y compañía, pero no nos olvidemos de los conductores. Un chófer que trabaje con estas aplicaciones gana más dinero que si tiene que arrendar una licencia. Dicho de otra forma, son los propios conductores los que están dando la espalda al modelo tradicional, se reduce la demanda sobre las licencias, precipitando su caída.
Además, los taxis automáticos, de conducción autónoma, no van a ser ciencia ficción eternamente, y pueden estar en las calles en menos de 15 años. ¿Cuánta gente está dispuesta a hipotecarse para comprar una licencia cuyo valor futuro está muy borroso? Pues cada vez menos, a un lado y a otro del charco./Motor.es
El turno de descanso, la falta de reciprocidad para recoger clientes en los municipios, las 99 licencias concedidas en 2002 y la menor demanda pone al límite a los 1.433 taxistas – La reconversión ha reducido los 1.400 asalariados de hace tres años a 407
El sector del taxi se encuentra en una encrucijada de difícil solución. La reconversión de los últimos años ha adelgazado al sector en asalariados, que han pasado de 1.400 a apenas 407 en tres años, pero no ha sido suficiente para asumir el golpe de la crisis tras seis años de caída de la demanda y exceso de oferta. Unos estiman en 99 las licencias que hay que eliminar para ajustar la oferta. Otros elevan la cifra a 300, pero en el fondo hay una coincidencia de que hay demasiados taxis para tan poca demanda de este servicio. El resultado es un sector al borde del colapso y con muchos problemas por resolver.
Parece que no hay discusión sobre que hay un exceso de licencias en la calle. El representante de los asalariados del taxi, Arturo Kindelán, apunta a las licencias provisionales concedidas en 2002 dentro del plan de viabilidad municipal, que se suspendió en 2007 pero con 99 licencias activas y que no se rescataron como se preveía. El presidente de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (Aumat), José Maté, hace un cálculo más al alza. Habla de 300 taxis que sobran de las calles de Málaga. El centenar del fallido plan de viabilidad municipal y otros 200 coches más. De hecho, reclama al Ayuntamiento de Málaga «un plan a medio plazo para el rescate de licencias». De fondo está el reparto de unos magros ingresos diarios.
Una jornada normal puede reportar unos 80 euros de ingresos, a los que hay que restar el gasto en combustible, seguros del coche, Seguridad Social, posibles averías y amortización del coche y, en algunos casos, de la adquisición de la licencia, que puede llegar a suponer un desembolso de 600 euros al mes. El resultado es que el taxi se sitúa ya en el límite de producir pérdidas, algo que en algunos casos ya se produce.
«El sector ha acometido una profunda reconversión reduciendo el número de asalariados y legalizando la actividad, pero ya le toca el turno al Ayuntamiento», insistió José Maté, quién reclamó un plan para rescatar licencias.
El concejal de Movilidad, Raúl López, descartó que se acuda a un rescate de licencias con dinero público, algo que se hizo en 2002 pero que en las actuales circunstancias «no es posible y hay que plantear otra cosa». No obstante, el edil apuntó que el número actual «es adecuado para una ciudad con 600.000 habitantes y una gran población flotante». «Durante tres años hemos congelado las tarifas y ahora es un medio más económico, permitiendo además la publicidad en los coches para suavizar la crisis», insistió el concejal.
Al exceso de licencias se le unen otros problemas que no terminan de encontrar un encaje definitivo y que provocan la devaluación del taxi en la capital. Sólo basta comparar por cuánto se vende una licencia en Málaga, con un precio que ronda los 80.000 euros, y en otros municipios vecinos. En Torremolinos se pagan 160.000 euros y en Marbella, 240.000 euros. Las perspectivas de negocio a medio plazo explican estas diferencias.
También tiene que ver la falta de solución al aeropuerto. El presidente de Taxi Unión, Francisco Soria, insiste en que la Junta de Andalucía «nos prometió una solución, pero todavía no ha dicho nada». Esto ha llevado al sector ha plantear una huelga en la capital en los días claves de la Navidad (24 y 31 de diciembre y 5 de enero). Sólo el compromiso de la Consejería de Fomento en dar una fecha para aprobar la reciprocidad modulada –permitir que los taxis de la capital recojan a clientes en otros municipios previo contrato– evitaría el paro.
La consejera de Fomento, Elena Cortés, comparece hoy en el Parlamento andaluz con una pregunta pendiente de respuesta planteada por el diputado socialista por Málaga Enrique Benítez sobre la reciprocidad modulada. De su respuesta pende una huelga.
En cinco años se han triplicado las licencias acumuladas en Madrid hasta alcanzar casi el 15% del total.
Los profesionales denuncian que la explotación de taxistas asalariados genera una oferta excesiva.
Los taxis de Madrid han dejado de ser una opción de autoempleo, un régimen de autónomos, para comenzar a convertirse en un negocio de grandes empresas e inversores.
Desde el 2011, la cantidad de licencias de taxis gestionadas por compañía se han triplicado. Han pasado de algo más de 800 hasta las 2.264.
La rentabilidad alcanzada por un taxi que trabaja hasta 16 horas legalmente con taxímetro, más las que puede hacer un conductor pactando precios con particulares a través de aplicaciones móviles de taxi, ha hecho que muchas empresas hayan optado los últimos años por comprar una licencia para explotarla con uno o varios conductores.
Un amplio sector de los taxistas de Madrid consideran que la llegada en masa de inversores al sector ha ocasionado un exceso de oferta.
Difícilmente un conductor podrá trabajar 16 horas seguidas con un vehículo pero dos empleados pueden mantener un taxi rodando en dos turnos de ocho horas.
El exceso de taxis en la calle ha hecho caer los ingresos, según denuncian los conductores.
Desde la llegada masiva de las empresas al sector del taxi, las licencias, que tocaron fondo con los peores meses de la crisis (hubo ofertas de 90.000 euros), han crecido hasta los 120.000 euros.
“Hay empresas que compran licencias en masa. Tienen capacidad de compra y el retorno de explotación es muy superior al que pueden obtener en un banco o en cualquier otro tipo de inversión”, explica Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi, en Madrid.
Algunas empresas ya alquilan los taxis por día a conductores.
“Hay trabajadores que empiezan el día en negativo y tienen la presión de hacer muchas horas para pagar el alquiler del taxi y sacar dinero para el propio beneficio”, explica el portavoz de la federación de taxistas.
La Federación profesional del taxi de Madrid ha exigido una enmienda a la actual Ley de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid, que regula el sector del taxi, para “la inmovilización inmediata del vehículo” cuando se realice un transporte de viajeros sin licencia.
Los taxistas madrileños han denunciado que la legislación actual solo contempla la inmovilización del vehículo en caso de “reincidencia” del conductor.
El colectivo del taxi ha considerado en un comunicado que esta medida “no es lo suficientemente rotunda para acabar con estas actividades ilegales”, que llevan a cabo empresas como, según afirman, hace la americana Uber.
El presidente de la FPTM, Julio Sanz, ha explicado que estas prácticas ilícitas en el transporte de viajeros pueden “dañar a miles de familias” y además “se saltan toda la normativa en vigor”.
Sanz ha destacado que se trata de un caso de “economía sumergida, fraude e ilegalidad” y que repercute en la “falta de calidad y seguridad en el servicio a los ciudadanos”.
Por último, Sanz ha enfatizado el carácter fraudulento de las transacciones comerciales fruto de esta actividad, ya que están “exentas de toda tributación” y sus trabajadores “no están adscritos a la seguridad Social”, ha concluido.
