La nueva ordenanza prevé el derecho de tanteo cuando sobren vehículos en la calle.

El Ayuntamiento tendrá que dotarse de una herramienta de planificación para retirar licencias de las calles en caso de que sobren, una de las grandes reivindicaciones de este sector profesional que, sin embargo, oculta una realidad. En caso de activar esta medida, el Consistorio tendrá que recomprar sus propios permisos a precio de mercado por medio de un derecho de tanteo y retracto, es decir, la posibilidad de pagar lo mismo —pero no menos— de lo que cobraría el titular de una licencia en el caso de que se decidiera a venderla en el mercado libre.
En aplicación del decreto del sector del taxi en Andalucía, la nueva ordenanza municipal prevé que se acabaron determinadas trabas —más formales que reales— en la venta de licencias de estos vehículos. Antes, la norma decía que las licencias eran intransferibles salvo herencia por el fallecimiento del titular o su enajenación al asalariado que trabajaba con el dueño del permiso. La nueva norma mantiene el sistema de herencias aunque incorpora la venta del permiso al mejor postor de forma libre.
En el caso de que existan demasiados vehículos circulando, el Consistorio tendrá que dotarse, dice el nuevo texto, de un procedimiento para ir recomprando licencias. El profesional que quiera venderla —se excluyen las herencias a descendientes directos— tendrá que ofrecerla al Consistorio antes de forma que éste pueda pagarle lo que iba a obtener en el mercado libre. No obtener respuesta en dos meses implica la renuncia al tanteo y retracto.
La forma en la que se calcula si hay pocas o muchas licencias es lo que enfrenta al gobierno municipal con el sector. Sobre la actual ratio de 1,55 coches por mil habitantes, se hará un estudio quinquenal que tendrá en cuenta factores de población, rentabilidad del negocio pero también datos como la prestación del servicio o la dispersión geográfica del mismo en una iniciativa que la asociación mayoritaria ya ha calificado de excesivamente confusa.

Regulación
La ordenanza establece también determinadas cuestiones que en estos momentos no estaban reguladas. Por ejemplo, cuándo se pone en marcha el taxímetro si el servicio se pide por teléfono o internet. De las dos opciones que tenía el Consistorio, ha optado por empezar a cobrar cuando se produce la llamada al taxi que va a efectuar el trayecto. Existirá, sin embargo, un tope . No se podrá cobrar más del doble de la bajada de bandera de cada periodo del día por el trayecto hasta que se recoge al usuario.
La norma, apoyada por el decreto andaluz, establece por primera vez la posibilidad de que un taxista rechace llevar a un usuario que repetidamente se ha ido sin esperar a que llegue el taxi tras pedirlo por teléfono, lo que dio lugar a la polémica de las «listas negras». La norma municipal copia casi literalmente la redacción del decreto autonómico. Ese «casi» es que obvia la frase de que eso tiene que haber ocurrido dos veces o más en un año.
Sí establece una novedad conforme al decreto autonómico. Concede al usuario la potestad de llamar a la Policía Local si se le niega el servicio de taxi o, al menos, a recibir una explicación por escrito «a requerimiento del demandante» para poder entablar una reclamación.

Exámenes con idioma inglés
El Ayuntamiento seguirá dando los carnés de taxista aunque se guardará una pequeña baza para mejorar el servicio. Podrá exigir inglés básico a los futuros conductores de vehículos de cara a mejorar el servicio que se presta a los turistas. En principio, no es una obligación sino una opción que el Consistorio se guarda de cara a ponerla o no en marcha si lo considera oportuno. Los requisitos son similares aunque los conceptos se actualizan. La antigua ordenanza reclamaba un certificado de honorabilidad, cosa que ya no existe. Ahora habrá que acreditar que el aspirante a taxista no tiene antecedentes penales, asegura el anteproyecto.ABC

SALUT Y BUEN VIAJE.