Arxiu de la categoria: Taxímetros

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN RECTIFICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE RECHAZO CONTRA EL RECURSO CONTRA EL TPV

taxi tpv

Al rechazo por parte del IMET de nuestro recurso contra la imposición del TPV obligatorio a todos los taxis , sin garantías jurídicas solidas y argumentas, presentamos un Recurso potestativo de reposición tras la rectificación y argumentación al recurso presentado contra el TPV.

AL ORGANO DE GERENCIA DEL INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) 

– Referencia: 900018/2017

– Registro de Salida: 2017/2123

– Asunto: Recurso Reposición contra desestimación Reclamación Previa

Don xxxxxx, con DNI xxxxxxxxx, y Don xxxxxxxxxxx con DNI: xxxxxxxx, en nombre y representación de Conferederación Nacional de Trabajadores -CNT-, con domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza Duque de Medinacelli nº 6, ent 1ª con CIF G64145592, ante el ORGANO DE GERENCIA DEL INSTITUT METROPOLITA DEL TAXI (IMET) de la ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), comparece y, como mejor proceda en Derecho,

DICE:

Que mediante este escrito presenta RECURSO DE REPOSICIÓN, contra la resolución de fecha 21 de Marzo de 2017, y notificada a ésta parte el 24 de Marzo de 2017, dictada por el Departamento de Gerencia del IMET y en la cual se añadía informe jurídico de 14 de Marzo de 2017, por no encontrarla ajustada a Derecho, con arreglo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante escrito de fecha 15 de Diciembre de 2016, quien suscribe presentó Reclamación Administrativa Previa para la DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

Segundo.- Como consecuencia de dicho escrito, con fecha 26 de Enero de 2017, la Gerente del Insititut Metropolità del Taxi dictó la resolución que reproducimos a continuación y en su contexto literal:

“La Gerent de l’Institut Metropolità del Taxi, ha resolt fent us de les atribucions que confereix l’article 16, apartat e) dels Estatuts de l’Institut Metropolità del Taxi:

INADMETRE a tràmit el recurs presentat pel senyor Ginès Navarro Batalla, amb DNI 43442838R i pel Senyor Enrique Costoya Allegue amb DNI 43150496N, Secretari General de la CNT de Barcelona, en nom i representació de la Confederació Nacional de Treballadors -CNT, davant l’Institut Metropolità del Taxi, en el que demanen la nul·litat de l’article 28.1)g del Reglament Metropolità del Taxi i de la Disposició Transitoria Vuitena del mateix text normatiu, sobre l’obligatorietat de l’us de lectors de pagament amb targeta.

NOTIFICAR la present resolució a CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-“

– La mencionada resolución fue notificada a ésta parte el 31 de Enero de 2017.

– La misma no especifica con claridad qué tipo de resolución administrativa adopta ni establece que tipo de recursos caben contra la misma.

– En la resolución se establece que “Inadmite a trámite el recurso…”, donde, desconocemos si por error, confusión o desconocimiento es tratada nuestra solicitud como un “recurso” cuando en realidad se trata de una “reclamación administrativa previa”.

– La resolución no argumenta suficientemente los motivos facticos por los cuales se decide resolver sobre la inadmisión de nuestra solicitud. La falta de motivación suficiente a generado indefensión hacia esta parte.

– La resolución que se impugna no argumenta jurídicamente los preceptos en los que se basa la misma. Es más, dirigida comunicación a éste órgano con tal de que nos hagan llegar el texto en el cual apoya su decisión (Estatuts del Institut Metropolità de Taxi), los mismos no han sido remitidos a ésta parte. Se hizo consulta en las diferentes bases de datos jurídicas así como en los diferentes boletines oficiales y registros administrativos, y tal norma no aparece publicada como tal, careciendo del requisito para su plena validez “erga omnes”.

Tercero.- Respecto de los mencionados motivos de impugnación, se interpuso recurso de reposición que fue contestado por esta administración a través de su escrito de fecha 23/2/2017 y notificado a ésta parte el 6/3/2017, y nuevo escrito de fecha 21 de Marzo de 2017 y notificado el 24 de Marzo de 2017 (el que se impugna en el presente escrito), por el cual, tras rectificar la primera respuesta sobre INADMISIÓN de la Reclamación Previa en base al art. 16.i) de los Estatutos del IMET, se resolvía a DESESTIMAR la misma en base al mismo supuesto y se argumentaba que:

L’empresa CONFEDERACIÓ NACIOONAL DE TRABAJADORES ha presentat un recurs de reposició de la gerència de l’INSTITUT METROPOLITÀ DE TAXI de data 26/01/2017, en la que s’inadmetía a tràmit la reclamació presentada el 29/12/2016 en la que es demana la declaració d’il·legalitat de l’article 28.1.g) i de la disposició transitoria vuitena del Reglament Metropolità del Taxi, sobre l’obligatorietat de l’ús de lectors de pagament amb targeta per que les disposicions de caràcter general no són impugnables en via administrativa, segosn el que estableix l’article 112.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i només poden ser impugnades davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el termini de 2 mesos des de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per aplicació de l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós-Administrativa.

L’Informe dels Serveis Jurídics de l’AMB proposa desestimar el recurs formulat per les raons i fonaments que s’hi contenen.

En ús de les competencies atribuides a la Gerència de l’IMET com a òrgan que va dictar l’acte impugnat, d’acord amb les facultats conferides a l’article 16.i) dels Estatuts del IMET i a proposta dels Serveis Jurídcis de l’Area Metropolitana de Barcelona,

RESOLC

DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT- contra la resolución de la gerència de l’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI de data 26/01/2017, per la qual s’inadmet a tràmit el recurs presentat, en el qual es demana la il·legalitat i derogació de l’article 28.1.g i disposició transitoria vuitena del Reglament Metropolità del Taxi sobre l’obligatorietat de l’ús de lectors de pagament amb targeta, d’acord amb l’informe dels Serveis Jurídics que a efectes de fonaments s’adjunta.

NOTIFICAR la present resolució a la recurrent”.

Frente a estos argumentos, pasamos a desarrollar a continuación, los motivos de oposición de la resolución que impugnamos mediante el presente RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.

Cuarto.- PLAZO: Se interpone el presente recurso dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente a su notificación. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, computado en los términos del art. 30.4 LPACAP. En la resolución impugnada se manifiesta que se podrá interponer recurso contencioso-administrativo sin perjuicio de interponer cualquiera otro que se considere procedente, como es el caso, cuyo fundamento desarrollamos más abajo.

Quinto.- Reproducimos nuevamente aquí los argumentos ya mostrados en nuestros anteriores escritos.

Sexto.- Frente a esta última resolución, esta parte viene a manifestar que la resolución no es acorde a derecho en cuanto que:

  1. Se argumenta de contrario la aplicabilidad del art. 112.3 de la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo común como base para dar rechazo a nuestra petición. En dicho artículo se expone literalmente:

Capítulo II. Recursos administrativos[següent] [Contextualizar]

[anterior]  Sección 1.ª. Principios generales[següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 112. Objeto y clases. 

(…)

  1. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

[següent] [Contextualizar] [anterior] Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.

En la propia norma invocada de contrario, ya no solo se especifica que la misma es aplicable a los recursos planteados, sino que en su segundo apartado especifica que los que contengan una declaración de nulidad, deberán plantearse ante el órgano que dictó la resolución cuya nulidad se reclama. En este caso, fue el presente órgano quien dictó y publicó el artículo que esta parte solicita su declaración de nulidad. Por otro lado y tal ha sido nuestra actuación en nuestro momento, no se ha planteado un recurso sino una Reclamación Previa o Denuncia inicial.

  1. Establece el art. 62 y 66 de la Ley 39/2015:

Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.  1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo”.

“Sección 3.ª. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado[següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 66. Solicitudes de iniciación.  1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.[següent] [Contextualizar]

[anterior] b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.[següent] [Contextualizar]

[anterior] c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.[següent] [Contextualizar]

[anterior] d) Lugar y fecha.[següent] [Contextualizar]

[anterior] e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.[següent] [Contextualizar]

[anterior] f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación”

 

   Y donde reiteramos nuevamente la condición de nuestro primer escrito presentado en 15 de Diciembre de 2016 y que ha dado origen al presente procedimiento. Se trata de un escrito de Denuncia o Reclamación Previa ante el órgano encargado de enmendar o declarar la nulidad del precepto invocado en el Reglamento Metropolitano del Taxi, no se trata de un escrito de Recurso como manifiesta la parte contraria, no dando lugar, por lo tanto, a la aplicación del art. 112.3 de la Ley 39/2015.

  1. Preceptos de la Ley 39/2015 aplicables al presente supuesto:

Capítulo III. Nulidad y anulabilidad[següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. 

  1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
  2. a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.[següent] [Contextualizar]

[anterior] b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.[següent] [Contextualizar]

[anterior] c) Los que tengan un contenido imposible.[següent] [Contextualizar]

[anterior] d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.[següent] [Contextualizar]

[anterior] e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.[següent] [Contextualizar]

[anterior] f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.[següent] [Contextualizar]

[anterior] g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. [següent] [Contextualizar]

[anterior] Artículo 48. Anulabilidad.

  1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

 

Artículo 128. Potestad reglamentaria.

  1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local .

[següent] [Contextualizar] [anterior] 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

[següent] [Contextualizar] [anterior] 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior“.

 

Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

  1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.[següent] [Contextualizar]

[anterior] 2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2″.

Así, establecida por el presente órgano la legitimación activa de ésta parte y en el presente procedimiento, se solicita la declaración de nulidad/anulabilidad del artículo 28.1.G) y Disposición Transitoria Octava del Reglamento Metropolitano del Taxi sobre obligatoriedad de uso de lectores de pago con tarjeta bancaria (tpv), por ser el presente órgano el competente para su declaración -de oficio o a instancia de parte- y al haberse así solicitado mediante escrito de denuncia y según los requisitos formales establecidos en la norma de procedimiento administrativo y el resto de normativa aplicable al caso.

Séptimo.- Un órgano administrativo no puede resolver de forma diferente un mismo caso a riesgo de lesionar el principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley (art. 14 CE), la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y consecuente indefensión.

En el presente caso, sobre el mismo recurso planteado, primero SE INADMITE nuestra reclamación (resolución de 23/2/2017) y posteriormente se nos comunica una nueva con la DESESTIMACIÓN (resolución de 21 de Marzo de 2017, y notificada a ésta parte el 24 de Marzo de 2017 la cual ahora impugnamos).

La igualdad en la aplicación de la Ley impone que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales (en este caso, ante el mismo supuesto) y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. En el presente caso se dictan dos resoluciones diferentes sobre el mismo supuesto: Primero nos INADMITEN (consecuencia que no genera ningún trámite), y posteriormente nos DESESTIMAN (o sea, no estiman nuestras pretensiones pero SI que genera el inicio del procedimiento). Dicha circunstancia deja totalmente indefensa a ésta parte ante los ulteriores recursos que se pudieran plantear vía jurisdiccional puesto que, en un sentido u otro debería ir argumentado nuestro criterio o línea de defensa.

El principio de invariabilidad, intangibilidad o inmodificabilidad de las resoluciones es una consecuencia tanto del principio de seguridad jurídica instaurado por el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978, como, sobre todo, del derecho a la tutela judicial efectiva sin producción de indefensión (artículo 24.1 de la Constitución Española), el cual asegura a los que han sido parte de un proceso que las resoluciones dictadas en el mismo no sean alteradas o modificadas fuera de los cauces legales establecidos para ello pues, si el órgano modificara una de estas fuera del correspondiente recurso establecido al efecto por el legislador, quedaría asimismo vulnerado el derecho a la tutela judicial, puesto que ésta carecería de eficacia si se permitiera reabrir un proceso ya resuelto por resolución firme (Sentencias del Tribunal Constitucional 180/1997, de 27 de octubre y 56/2002, de 11 de marzo, entre otras).

 

   Podríamos llegar a entender que este órgano administrativo, en este caso, está llevando a cabo una rectificación sobre su anterior escrito, mas dicha actuación está sometida a los siguientes límites:

– La revisión del acto propio sólo se permite por razón de existencia de un error material de hecho o aritmético, no por razones de oportunidad ni por infracción del ordenamiento. La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha servido de la contraposición entre el error de hecho o material y error de derecho.

– La corrección del error aritmético no autoriza a variar o alterar los elementos numéricos y constituye un remedio que corresponde al error aritmético cometido cuando un agente de la Administración se equivoca en los resultados de una operación numérica; por ello es una materia relacionada con números que resulta de la operación aritmética que se haya practicado sin variar ni alterar los elementos de que se compone.

– El error aritmético o de hecho debe ser patente y claro sin necesidad de acudir a la interpretación normativa, y además no debe producir una alteración fundamental en el sentido del acto, toda vez que no hay error cuando su apreciación implica un juicio valorativo o exige una operación de calificación jurídica.

La LRJ establece que las facultades de revisión no pueden ser ejecutadas cuando por la prescripción de acciones, el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes; además, estos límites también pueden predicarse del ejercicio de la potestad rectificatoria, ya que la disposición citada es aplicable a todos los procedimientos contenidos en el Capítulo II del Título VII de la LRJ: Revisión de oficio, declaración de lesividad, revocación de actos y rectificación de errores.

La LRJ establece en su artículo 106 que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio fuera contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares y las leyes, entre los que hay que destacar la buena fe que fue introducida, expresamente, por la LRJ, y la doctrina suele invocar este aspecto como una especie de correctivo de la imprescriptibilidad de la acción correctiva.

Sin embargo, el límite más importante de la potestad rectificadora de la Administración es el propio contenido de los errores a los que alcanza y que pueden ser corregidos toda vez que el sentido original de la resolución sólo podrá verse afectado por la corrección de manera excepcional sin que sea posible anularla o revisarla. Cuando sea así el resultado de la facultad rectificadora no puede deducirse otra conclusión, sino que se ha prescindido de manera total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para la revisión de los actos prescritos, incurriéndose por ello en un supuesto de nulidad de pleno derecho.

Por estos motivos, entendemos que frente a la última resolución dictada por éste órgano, cabe recurso de reposición al no haberse agotado en éste momento la vía administrativa.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

  1. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

El presente recurso potestativo de reposición se interpone dentro del plazo de un mes establecido con carácter general en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, concurren en esta parte los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para su interposición de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la expresada Ley. Por lo demás, el presente recurso de reposición cumple las formalidades exigidas en los artículos 115 y 123 de dicho texto legal, y se interpone ante el mismo órgano administrativo competente que dictó el acto recurrido.

  1. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó, fundamentado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley.

SEGUNDO.- La resolución impugnada en este recurso ordinario es nula de pleno derecho por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se han vulnerado normas del procedimiento y del ordenamiento jurídico en general.

En definitiva, se trata del vicio de nulidad radical tipificado en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, pues prescindir de trámite tan capital equivale a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Así, se resuelve en base al art. 112.3 de la Ley 39/2015, dándole un carácter de recurso a nuestra reclamación cuando su naturaleza es la de iniciación del procedimiento (denuncia). Igualmente la inadmisión de nuestra reclamación se basa una norma nula al no estar publicada oficialmente (art. 16.i de los Estatutos del IMET).

Se vulnera el derecho a la igualdad y tutela judicial efectiva al dictar dos resoluciones con resultado y contenido diferente, por el mismo órgano y sobre el mismo asunto.

TERCERO.- También resulta vulnerado el ordenamiento jurídico, por infracción de lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pues en este caso concurren todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial del IMET.

Hay lesión en sentido técnico jurídico, pues el resultado lesivo es efectivo, individualizado, susceptible de valoración económica y antijurídico, pues un ciudadano i/o prestador de servicio de taxi, no está jurídicamente obligado a soportar la negligencia institucional. En este sentido reiterar el sobrecargo de cobro de comisiones que está repercutiendo en el bolsillo de los trabajadores del Taxi por el uso de dichos terminales contratados con las entidades bancarias.

CUARTO.- En consecuencia, procede estimar el recurso, anular la resolución dictada por el Gerente del IMET, y dictar nueva resolución estimatoria de la reclamación, declarando la ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

Por lo expuesto se

SOLICITA:

Que se tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN, y previos los trámites de Ley se estime el recurso y, se revoque la dictada el 21 de Marzo de 2017 y se dicte nueva resolución declarando ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Área Metropolitana de Barcelona.

SALUT Y BUEN VIAJE

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICION AL IMET CONTRA LA IMPOSICION DEL TPV Y EL PAGO DE COMISIONES A LOS BANCOS

Recurso potestativo reposición cnttpv

AL INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI, ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT, AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) Edificio B, Zona Franca, Carrer Numero 62, 18, 08040

Don XXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXX, y Don XXXXXXXXXX con DNI: XXXXXXXXXXX, en nombre y representación de Conferederación Nacional de TrabajadoresCNT-, con domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza Duque de Medinacelli nº 6, ent 1ª con CIF G64145592, ante el ORGANO DE GERENCIA DEL INSTITUT METROPOLITA DEL TAXI (IMET) de la ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), comparece y, como mejor proceda en Derecho,

DICE:

Que mediante este escrito presenta RECURSO DE REPOSICIÓN, contra la resolución de fecha 26 de Enero de 2017, y notificada a ésta parte el 31 de Enero de 2017, dictada por el Organo de Gerencia del IMET con registro de salida núm. 2017/432, por no encontrarla ajustada a Derecho, con arreglo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante escrito de fecha 15 de Diciembre de 2016, quien suscribe presentó Reclamación Administrativa Previa para la DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

Segundo.- Como consecuencia de dicho escrito, con fecha 26 de Enero de 2017, la Gerente del Insititut Metropolità del Taxi dictó la resolución que reproducimos a continuación y en su contexto literal:

“La Gerent de l’Institut Metropolità del Taxi, ha resolt fent us de les atribucions que confereix l’article 16, apartat e) dels Estatuts de l’Institut Metropolità del Taxi:

INADMETRE a tràmit el recurs presentat pel senyor Ginès Navarro Batalla, amb DNI 43442838R i pel Senyor Enrique Costoya Allegue amb DNI 43150496N, Secretari General de la CNT de Barcelona, en nom i representació de la Confederació Nacional de Treballadors -CNT, davant l’Institut Metropolità del Taxi, en el que demanen la nul·litat de l’article 28.1)g del Reglament Metropolità del Taxi i de la Disposició Transitoria Vuitena del mateix text normatiu, sobre l’obligatorietat de l’us de lectors de pagament amb targeta.

NOTIFICAR la present resolució a CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES -CNT-“

– La mencionada resolución fue notificada a ésta parte el 31 de Enero de 2017.

– La misma no especifica con claridad qué tipo de resolución administrativa adopta ni establece que tipo de recursos caben contra la misma.

– En la resolución se establece que “Inadmite a trámite el recurso…”, donde, desconocemos si por error, confusión o desconocimiento es tratada nuestra solicitud como un “recurso” cuando en realidad se trata de una “reclamación administrativa previa”.

– La resolución no argumenta suficientemente los motivos facticos por los cuales se decide resolver sobre la inadmisión de nuestra solicitud. La falta de motivación suficiente a generado indefensión hacia esta parte.

– La resolución que se impugna no argumenta jurídicamente los preceptos en los que se basa la misma. Es más, dirigida comunicación a éste órgano con tal de que nos hagan llegar el texto en el cual apoya su decisión (Estatuts del Institut Metropolità de Taxi), los mismos no han sido remitidos a ésta parte. Se hizo consulta en las diferentes bases de datos jurídicas así como en los diferentes boletines oficiales y registros administrativos, y tal norma no aparece publicada como tal, careciendo del requisito para su plena validez “erga omnes”.

Los mencionados motivos de impugnación, que pasamos a desarrollar a continuación, presuponen la declaración de nulidad de la resolución que impugnamos mediante el presente RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN.

Tercero.- PLAZO: Se interpone el presente recurso dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente a su notificación. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, computado en los términos del art. 30.4 LPACAP.

 

Cuarto.- FALTA DE CONCRECION SOBRE RECURSOS A INTERPONER o “PIE DE RECURSOS”: Se llama popularmente “pie de recursos”, por colocarse de ordinario al pie o final del documento, a la advertencia o instrucción sobre los recursos que pueden interponerse, el plazo y los órganos ante los cuales deben instarse, advertencia que constituye uno de los requisitos tradicionales en la notificación de los actos administrativos. Se establece en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ): «Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello».

 

Las SSTC 193/1992, de 16 de noviembre, o 252/2004, de 20 de diciembre, explican que los requisitos que han de cumplir las notificaciones «revisten una esencial importancia en cuanto que permiten a los administrados reaccionar adecuadamente en defensa de aquellos derechos o intereses que estimen lesionados por la actuación administrativa». Pero el pie de recursos también sirve a otra finalidad, el correcto funcionamiento de las instituciones administrativas y judiciales, como explican las SSTC 78/1991, de 15 de abril, y 63/2006, de 27 de febrero: «La instrucción de recursos que ha de hacer la Administración (…) no se da sólo en favor del interés individual de quien pueda recurrir, sino que está al servicio, también, del interés institucional en la correcta iniciación y tramitación de los procesos».

 

Por otro lado, el artículo 58.2 de la LRJAP-PAC dispone: «Toda notificación deberá ser cursada en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente».

 

Pero en lo que atañe a la solicitud inicial de declaración nulidad planteada y la resolución recibidas por esta parte (que ahora recurrimos): La Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma parcial de la LRJAP-PAC, modifica el citado apartado 3, que queda como sigue: «Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda». La Ley 4/1999 añade un nuevo apartado 4 al artículo 58: «Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado». Es decir, que las notificaciones defectuosas, siempre que contengan el texto íntegro del acto, sí tienen en todo caso un efecto, interrumpir el plazo de caducidad del procedimiento. Si el interesado se da por notificado interponiendo el oportuno recurso no podrá alegar la caducidad; tampoco si posteriormente se hace una segunda notificación en forma con el correspondiente pie de recursos.

Dado su carácter básico, estas disposiciones son de aplicación general a todos los procedimientos y a todas las Administraciones públicas.

Quinto.- FALTA DE CONGRUENCIA: Donde se resuelve como si de un “recurso” se tratase cuando en realidad se trataba de una “Reclamación Previa”. Este apartado lo pasamos a desarrollar en el apartado siguiente.

La congruencia exige la adecuación entre lo planteado y lo resuelto, sin que sea preciso que la motivación del acuerdo se extienda a todos los razonamientos del recurrente (STS de 5 de febrero de 1993). En caso contrario nos encontramos ante una incongruencia omisiva. Pero la congruencia también se predica entre la motivación de la resolución y lo que en ella se acuerda (incongruencia interna). El principio de congruencia en el ámbito administrativo va más allá (STS de 26 de noviembre de 1997) desde el momento en el que se establece que la resolución tiene que resolver no sólo las cuestiones planteadas si no también las que se deriven del procedimiento, planteamiento que viene motivado por las exigencias del interés público (STS de 31 de diciembre de 1990).

Sexto.- FALTA DE MOTIVACIÓN: Se dispone en el artículo 88.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre que la resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo . En cuanto que acto que pone fin al procedimiento, y teniendo en cuenta que éste tiene por objeto dictar actos administrativos a instancias de los interesados o que deban ser dictados de oficio por la Administración, la resolución es el acto por el cual se deciden todas aquellas cuestiones que se han suscitado por los particulares o que la Administración esté obligada a decidir o declarar directamente por imponérselo la norma que regula sus potestades.

Pero como señala el precepto, la resolución deberá decidir sobre todas las cuestiones que haya plateado quien inste el procedimiento, pero también todas aquellas cuestiones que se hayan suscitado en la tramitación del procedimiento, bien hayan sido expresamente suscitadas por las partes una vez iniciado, bien hayan surgido con ocasión de cualquier actuación llevada a cabo a lo largo del mismo.

Esa posibilidad de tener que decidir en la resolución cuestiones no directamente suscitadas por las partes que actúan como interesados, puede dar lugar a que esos interesados puedan verse sorprendidos con una decisión que no han planteado, porque la Administración está obligada a resolver aun cuando no haya sido suscitada expresamente por ella o incluso contra su oposición. Para evitar esa situación, que puede generar indefensión al interesado, se dispone en el artículo 88.1 antes citado que: cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba . Ello supone que en tales supuestos ha de abrirse un nuevo trámite de alegaciones, con posibilidad de pruebas y subsiguientes alegaciones sobre las practicadas, en aquellos casos en que la cuestión sobre la que deba decidirse no hay petición de parte.

Pese a esa posibilidad de resolver cuestiones no plateadas por las partes, y como consecuencia del principio de congruencia, se impide que en los procedimientos de oficio la resolución pueda agravar la situación inicial del interesado. Ahora bien, en cuanto que la Administración está obligada a actuar sometida, en todo caso, al principio de legalidad, si la norma aplicable permite ese tipo de decisiones que puedan agravar la situación del interesado en un concreto procedimiento, deberá proceder a la apertura de un nuevo procedimiento, en este caso ya de oficio, en el que podrá decidir sobre esa cuestiones que agravan la situación del solicitante en el previo procedimiento.

Una cuestión vinculada a ese límite del contenido de la resolución en virtud del objeto del proceso, se suscita en aquellos procedimientos iniciados de oficio en que la resolución dictada por el órgano competente para resolver, agrava la situación que haya sido propuesta por el instructor en su propuesta de resolución. En tales supuestos, y con el fin de de no ocasionar al interesado indefensión, deberá devolverse el procedimiento al instructor con la expresa indicación de que incluya en una nueva propuesta la decisión que se estima procedente y que es más gravosa que la efectuada por este, debiendo dar nuevo traslado al interesado para que haga alegaciones y aporte las pruebas de las que se crea asistido.

 

Séptimo.- FALTA DE ARGUMENTACIÓN JURIDICA Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD: En la misma exigencia de la efectividad de la resolución, se establece en el artículo 88.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que en ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso ; exigencia de pronunciamiento que debe vincularse al carácter de plenitud del Ordenamiento Jurídico, en cuanto obliga al órgano competente a buscar en el sistema de fuentes del Ordenamiento que se contiene en el artículo 1 del Código Civil, la norma en virtud de la cual deba resolverse la cuestión plateada.

 

El principio de “publicidad de las normas” es el principio exigido por la seguridad jurídica, que permite a los ciudadanos conocer las disposiciones normativas que están obligados a cumplir. La publicidad de las normas constituye uno de los pilares del Estado de Derecho, a diferencia de la época absolutista, en que existían preceptos secretos. Dado que «la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento» (art. 2.1 del Código Civil), ha de facilitarse el conocimiento de las normas por los ciudadanos, para lo cual éstas se publican en el Diario Oficial. La Constitución Española, en su artículo 9, que recoge los principios en que se concreta la definición del Estado de Derecho proclamado en el artículo 1, garantiza además de la seguridad jurídica, la publicidad de las normas. El artículo 91 atribuye al Rey la orden de publicación de las leyes, tras su sanción y promulgación.

La norma jurídica se destina a todos los ciudadanos (y no únicamente a quienes afecte en un momento concreto) por lo que es necesario su publicidad pues el artículo 6 del Código Civil determina que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. En efecto, tiene que ser materialmente posible conocer la existencia de las normas jurídicas aunque la norma se aplicará sea conocida o ignorada -no puede ser de otra forma- pues la convivencia social no puede depender del conocimiento de las normas.

Del examen del ordenamiento jurídico español no existe duda de que la publicidad de las normas y la publicación de las escritas es una exigencia constitucional. El artículo 9.3 de la Constitución Española dispone que la Constitución garantiza la publicidad de las normas, el artículo 91 CE dispone que el Rey, tras la sanción y promulgación de las Leyes, ordenará su inmediata publicación y el artículo 96.1 CE establece que los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En el ámbito de la legalidad ordinaria, el artículo 1.5 del Código Civil determina que las normas jurídicas contenidas en los Tratados Internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el ”Boletín Oficial del Estado”. Y en el artículo 2.1 CC se prevé que las Leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el mismo boletín, si en ellas no se dispone otra cosa.

Aunque el principio de publicidad de las normas no tiene la naturaleza de derecho fundamental (según el Auto del Tribunal Constitucional 647/1986), no cabe duda de que viene exigido constitucionalmente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Con carácter general, esta garantía es consecuencia ineluctable de la proclamación de España como un Estado de Derecho y se encuentra en íntima relación con el principio de seguridad jurídica consagrado en el mismo artículo 9.3 (Sentencias del Tribunal Constitucional 179/1989 y 151/1994).

La publicidad de las normas está en íntima conexión con el principio de seguridad jurídica, pues como ha señalado la Sentencia del Tribunal Constitucional 179/1989, de 2 de noviembre, “sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, la posibilidad de éstos de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en cuanto tales normas, mediante un instrumento de difusión general que de fe de su existencia y contenido, por lo que resultarán evidentemente contrarias al principio de publicidad aquellas normas que fueran de imposible o muy difícil conocimiento”.

El cumplimiento general de la ley -dice Lucini, aceptando la opinión de De Castro- no se basa en la suposición de su conocimiento por todos, y, por ello, son falsas las afirmaciones de que la regla primaria del artículo 6 sea un presunción iuris tantum, contra la cual quepa aducir pruebas en contrario, o que sea una ficción, o una presunción iuris et de iure de conocimiento efectivo, o de posibilidad de conocer la ley. Nuestro Derecho no acoge, ni tiene por qué acudir a la farsa gigantesca y monstruosa -tan justa como desenfocadamente criticada por Costa- de suponer en toda persona una sabiduría inasequible incluso a los mejores juristas: la de ignorar nada del Derecho. El artículo 2 tiene claras razones de justicia y se basa en el general deber de cooperación a la realización del Derecho: en la necesidad social de que las leyes tengan incondicionada y general aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

  1. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

El presente recurso potestativo de reposición se interpone dentro del plazo de un mes establecido con carácter general en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, concurren en esta parte los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para su interposición de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la expresada Ley. Por lo demás, el presente recurso de reposición cumple las formalidades exigidas en los artículos 115 y 123 de dicho texto legal, y se interpone ante el mismo órgano administrativo competente que dictó el acto recurrido.

 

  1. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO

 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó, fundamentado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley.

SEGUNDO.- La resolución impugnada en este recurso ordinario es nula de pleno derecho por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se han vulnerado normas del procedimiento y del ordenamiento jurídico en general.

En definitiva, se trata del vicio de nulidad radical tipificado en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, pues prescindir de trámite tan capital equivale a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

TERCERO.- También resulta vulnerado el ordenamiento jurídico, por infracción de lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pues en este caso concurren todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial del IMET.

Hay lesión en sentido técnico jurídico, pues el resultado lesivo es efectivo, individualizado, susceptible de valoración económica y antijurídico, pues un ciudadano i/o prestador de servicio de taxi, no está jurídicamente obligado a soportar la negligencia institucional.

CUARTO.- En consecuencia, procede estimar el recurso, anular la resolución dictada por el Gerente del IMET, y dictar nueva resolución estimatoria de la reclamación, declarando la ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

Por lo expuesto se

SOLICITA:

Que se tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN, y previos los trámites de Ley se estime el recurso y se declare la nulidad de la resolución de fecha 26 de Enero de 2017, dictada por la Gerente del IMET, y se dicte nueva resolución declarando ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

SALUT Y BUEN VIAJE

RECLAMACIÓN AL IMET; CONTRA LA IMPOSICIÓN DEL TPV Y EL PAGO DE COMISIONES A LOS BANCOS

reclamaciuon imet

AL INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI, ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT, AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) Edificio B, Zona Franca, Carrer Numero 62, 18, 08040

Don Xxxx Xxxx Xxxx, con DNI xxxX, y domicilio Xxx, y Xxx con Xxx, y domicilio Xxx, en nombre y representación de Conferederación Nacional de Trabajadores -CNT-, con domicilio a efecto de notificaciones en la Plaza Duque de Medinacelli nº 6, ent 1ª con CIF Xxxx; como mejor proceda en derecho comparece en este acto y procede a formular la presente reclamación administrativa PARA DECLARACION DE ILEGALIDAD DE REGLAMENTO ante el Instituto Metropolitano del Taxi, con sede en el carrer 62, núm. 18. Zona Franca, 08040 Barcelona, que forma parte de la Entidad Metropolitana del Transporte de Barcelona; frente a la modificación del artículo 28 del Reglamento Metropolitano del Taxi en su apartado g), así como de la DISPOSICION TRANSITORIA OCTAVA DEL MISMO que regula el uso obligatorio de los aparatos de cobro TPV; y

DICE:

I.- CONTEXTO NORMATIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD DEL TAXI.

PRIMERO.- Que la EMT es la entidad competente de la gestión y control administrativo en lo que respecta a la regulación del transporte urbano y el servicio del taxi, según el art 7.1 del reglamento metropolitano del taxi, en relación a los arts 3, 23, 24.1.c), d) y f), 25.3.a), 30, 33.1.c) de la Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi en lo concerniente a ésta reclamación, así como según dispone el artículo 16.1.d) de la Ley 7/1987, de 4 de abril, el ejercicio de las facultades de intervención administrativa en los servicios de transporte público de viajeros en automóvil.

SEGUNDO.- De acuerdo al art 4 del citado reglamento metropolitano del taxi, el ejercicio de la actividad queda sujeta a los siguientes principios:

1. La intervención administrativa, fundamentada en la necesaria garantía de interés público para la consecución de un nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio.

2. El equilibrio económico de la actividad y la suficiencia del servicio, que se concreta en la limitación del número de licencias y el establecimiento de tarifas obligatorias.

3. La universalidad, la accesibilidad, la continuidad y respeto de los derechos de los usuarios.

Y de acuerdo con el art. 5 del mismo texto sobre normativa de aplicación:

1. El servicio de taxi tiene la consideración de transporte de viajeros de interés público, el ejercicio del cual se realiza por particulares y como tal queda sujeto a la ordenación del sector mediante las leyes y reglamentos autonómicos de aplicación y al presente Reglamento Metropolitano.

2. Constituye específicamente la normativa del sector la Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi y los reglamentos dictados en su desarrollo y, de forma especial, este Reglamento.

3. Asimismo serán aplicables, en tanto no se opongan a la Ley 19/2003, la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos a motor y su Reglamento, aprobado por Decreto 319/1990, de 21 de diciembre, o las normas que los sustituyan.

4. También será de aplicación, en tanto no se oponga a la Ley 19/2003, el Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el cual se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales, especialmente los artículos 103 y siguientes que regulan los supuestos de ordenación sectorial sujeta a autorizaciones reglamentadas y los artículos 71 y siguientes referentes a las licencias y autorizaciones.

5. En relación con la publicidad exterior e interior del vehículo serán aplicables la Ley 9/2000, de 7 de julio, de publicidad dinámica en Cataluña; el Decreto 23/2002, de 22 de enero, que desarrolla el procedimiento para la obtención de licencias para el ejercicio de la publicidad dinámica; las ordenanzas municipales sobre la materia y lo establecido en este Reglamento.

6. Finalmente, en todo aquello que se refiere a la actividad administrativa derivada de la ejecución de este Reglamento, se aplicará la normativa vigente sobre régimen local y sobre procedimiento administrativo común.

TERCERO.- Derivado de lo anteriormente especificado, el art.7. sobre Administración competente:

1. Corresponde a la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), según dispone el artículo 16.1.d) de la Ley 7/1987, de 4 de abril, el ejercicio de las facultades de intervención administrativa en los servicios de transporte público de viajeros en automóvil.

2. Todas las competencias y funciones de la EMT en el ámbito de transporte de viajeros referido en el apartado anterior son ejercidas mediante el Institut Metropolità del Taxi, organismo autónomo de carácter administrativo de la Entidad, con excepción de aquellas que, según sus estatutos o las leyes, queden reservadas a los órganos de gobierno de la EMT.

CUARTO.- Competencias en materia de ordenación y gestión de la actividad en cuanto a equipamiento de los vehículos:

Art. 8 del Reglamento:

(…)

2. La ordenación de la actividad por parte de la EMT comprende, conforme a la Ley y en el ámbito de sus competencias, las actuaciones siguientes:

a) La reglamentación de la actividad, de las condiciones técnicas de la base material, de las condiciones y modalidades de la prestación, de los vehículos y su equipamiento, y de todos los medios materiales afectos al servicio, sin perjuicio de la homologación que corresponde a los organismos competentes.

(…)

3. Para llevar a cabo esta ordenación, la EMT podrá aprobar, en forma de anexos integrantes de este Reglamento, previo informe del Consell Català del Taxi, las Normas Complementarias que sean necesarias que se referirán, entre otras, a las materias siguientes:

(…)

d) Condiciones de los elementos obligatorios.

(…)

f) Servicios especiales u obligatorios

Todo ello en relación a los arts 3, 23, 24.1.c), d) y f), 25.3.a), 30, 33.1.c) de la Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi:

II.- PLANTEAMIENTO DE LA RECLAMACION

QUINTO.- El pasado 11 de Julio de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, la aprobación definitiva de modificación del art. 28.1 del Reglamento Metropolitano del Taxi, por el cual se establecía la adición de un apartado g) con el redactado siguiente:

g) Lector que permeti als usuaris el pagament amb targeta bancaria o, si s’escau, l’equivalent en sistemes de pagament mobil.

En cas d’avaria del lector o sistema de pagament el conductor prioritzara la seva reparacio.

En el suposit que el conductor no pugui utilitzar aquesta forma de pagament, haura d’aportar a l’IMET, en cas d’haver-hi denuncia, prova suficient que justifiqui l’avaria o altra impossibilitat d’us del dispositiu, la qual l’eximiria de l’obertura d’un expedient sancionador.

Así como la incorporación de la Disposición Transitoria Octava:

DISPOSICIO TRANSITORIA Vuitena.

Implantacio de l’element obligatori en els taxis de lector de pagament amb targeta bancaria o, si s’escau, l’equivalent en sistemes de pagament mobil.

1) A partir de l’1 de gener de 2017 els lectors de pagament amb targeta bancaria o, si s’escau, l’equivalent en sistemes de pagament mobil seran un element obligatori en tots els vehicles aplicats a les llicencies conforme s’estableix a l’article 28.1.g) d’aquest Reglament.

2) Fins que arribi la data assenyalada al punt anterior, l’autoritzacio per a l’aplicacio de vehicles, nous o de segona ma, a les llicencies metropolitanes de taxi estara condicionada a que aquests incorporin l’esmentat element obligatori.

3) Aixi mateix, durant el periode transitori entre l’entrada en vigor d’aquest Reglament i la data assenyalada a l’apartat 1) d’aquesta Disposicio, l’autoritzacio per a la transmissio d’una llicencia estara condicionada a que l’adquirent incorpori l’esmentat element obligatori.

La obligatoriedad de este sistema de cobro de forma general a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los prestadores de servicio de taxi, se ha realizado a “espaldas” de los prestadores de dicho servicio y sin tener en cuenta su parecer ni punto de vista, provocando en consecuencia un grave perjuicio que en forma alguna ha sido tenido en cuenta. Así, nuestra reclamación se asienta sobre dos puntos:

– 1) La obligatoriedad en el uso de esta forma de cobro

– 2) Derivado de esta obligatoriedad, los perjuicios, desproporción y daños añadidos que conlleva el tener que instalar dicho sistema a partir de operadores privados, donde no se ha puesto a disposición del obligado por ésta medida, los medios necesarios por parte de la administración, vulnerándose los arts. 24.1.c).d).f), 25.3.a) y 30 de la Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi.

SEXTO.- SOBRE LOS MEDIOS Y SISTEMAS DE PAGO

La forma de cobro es libre, así como la cuantía en cada forma. Que un medio de pago sea legal no implica que sea obligatorio aceptarlo y aún aceptándolo no implica que esté obligado a aceptar cualquier cuantía. Tomemos como ejemplo la letra de cambio, siendo un medio legal de pago estaremos de acuerdo en que nadie aceptará esa forma de pago para vender un periódico o un refresco en un bar. La ley especifica que el precio no puede elevarse por pagar con tarjeta de crédito, pero no que esta deba ser aceptada en todas las cuantías. Siendo la cuantía del importe un criterio objetivo es legítimo imponerla. La única obligatoriedad de medio de pago que puede establecer el Consell del Taxi es la moneda de curso legal,  ya que es la legalmente establecida.

El sistema de tarjetas de crédito es un negocio privado, por lo que el hecho de que el Pleno del Consell del Taxi legisle, obligando a un taxista a contratar el servicio de una entidad bancaria, es total y absolutamente inconstitucional, ya que atenta contra la libertad de contratación y el derecho de libre elección, donde no se ha proporcionado este sistema de pago mediante la adquisición libre en el mercado a través de un aparato homologado, y mucho menos exonerarnos de las comisiones que debemos realizar.

Así, en el contexto actual y a partir del 1 de enero de 2017, se le impone al prestador de servicio de taxi, la incorporación obligatoria de un aparato tipo TPV que permita el cobro del servicio a partir de tarjetas bancarias que porte el usuario para el abono de dicho servicio y alternativamente al pago mediante moneda de curso legal y en efectivo, como venía produciéndose habitualmente hasta la actualidad.

I.- OBLIGATORIEDAD DE COBRO CON TARJETAS DE CREDITO/DEBITO: Como es bien sabido, en nuestro ordenamiento se contemplan diferentes formas de pago sobre el servicio vendido y contratado:

Efectivo: es el más sencillo,  hago la venta y me las pagan con dinero en efectivo. Solo hay que tener en cuenta que los billetes no sean falsos, existen métodos para “validar” que los billetes son de curso legal.

Cheque o pagaré: La única diferencia es que el pagaré supone un pago aplazado. El comprador emite el documento de pago. Desde el momento en que tenemos en nuestras manos el cheque o pagaré, tenemos lo que se llama un título ejecutivo. Nos da la seguridad jurídica que supone que el comprar no puede alegar la falta de entrega del bien o servicio, por que el cheque o pagaré supone la aceptación de la compra.

Transferencia: El cliente da una orden al banco de pagar el importe de la compra a su proveedor. El proveedor solo puede esperar a recibir el dinero en su banco.

Cargo en cuenta, (también conocido como domiciliación bancaria, recibo domiciliado, giro…) es como una transferencia pero al revés. Es el proveedor el que dice a su banco que le cargue en la cuenta de su cliente el importe de la venta.

Confirming, es un sistema mediante el cual el cliente ordena a su banco que emita los documentos de pago a sus proveedores. En cierto sentido es similar a la transferencia, pero con un pago aplazado. El proveedor al recibir la comunicación del confirming puede descontarlo, pero en este caso el banco está obligado a hacer el anticipo del importe, (siempre a cambio de una comisión y de un interés).

Factoring: es como un confirming, pero al revés. Es el proveedor el que hace un contrato con su banco para cederle el cobro de todos sus clientes, o parte de los mismos. En definitiva es abrir una línea de descuento de ventas, normalmente sin recurso, por lo que en el momento del descuento, el riesgo desaparece para el proveedor. El cliente en este caso, simplemente se le comunica que la factura se ha entregado al factor, y en lugar de pagar a su proveedor deberá hacerlo al mismo.

Créditos Documentarios: se solían utilizar tradicionalmente para comercio internacional, pero en los últimos años, con el incremento importante de la morosidad, se están llegando a utilizar incluso para operaciones interiores.

Letra Bancaria: La letra bancaria es un documento mercantil mediante el cual una persona concede un crédito a otra comprometiéndose esta última a pagar el importe señalado a la fecha de vencimiento acordada.

Tarjeta de Crédito: Tarjeta que da derecho a comprar bienes y servicios a crédito en determinados establecimientos. Ejemplos de estas últimas son las tarjetas de crédito que emiten los bancos en Europa, y que están muy difundidas. Los grandes establecimientos suelen aceptar siempre este tipo de tarjetas, y se prevé que en el futuro ya no será necesario utilizar dinero en efectivo. Cuando se paga con una tarjeta de crédito, el vendedor toma nota del nombre del comprador y de su número de cuenta, así como de la cantidad gastada, y a continuación procede a comunicárselo a la oficina encargada de los pagos. Cada cierto tiempo, normalmente cada mes, esta oficina envía al tenedor de la tarjeta un comprobante de todos los gastos, exigiéndole el pago en efectivo o a plazos, mientras que paga directamente al vendedor.

En nuestra vida diaria, cuando hablamos de dinero solemos referirnos a los billetes y monedas que utilizamos para realizar transacciones y generalmente lo asociamos con renta y riqueza. En economía, el dinero es el medio aceptado por todos los ciudadanos para realizar los pagos y se usa como unidad de medida en las transacciones económicas. Asimismo, también permite el ahorro, es decir, traspasar consumo presente a consumo futuro, función que comparte con otros activos como las cuentas corrientes, letras del Tesoro, acciones, etc.

Los medios de pago de una economía son todos los activos que se consideran dinero. Hoy en día,  el dinero no son solo billetes y monedas en circulación sino que en su definición se incluyen otros activos que cumplen también dicha función, como es el denominado dinero bancario. Tanto es así, que una parte importante del dinero en circulación consiste en depósitos bancarios –cuentas corrientes, de ahorro o a plazo- que no son otra cosa que el papel moneda que un individuo deposita en un banco comercial y que se convierte en unidades monetarias inscritas en una cuenta personal. En este contexto, los instrumentos de pago son los dispositivos -como las tarjetas electrónicas- o los documentos -como los talones, cheques o las letras de cambio- que permiten pagar, sin necesidad de utilizar el dinero físico. Asimismo, podemos definir los canales de pago como el conjunto de medios, procedimientos o relaciones mediante los cuales se realiza un pago.

Los sistemas de pagos son, en sentido amplio, la infraestructura a través de la cual se moviliza el dinero en una economía, de ahí su utilidad y su gran importancia. Aunque los billetes forman parte de esta amplia noción de sistemas de pagos, nosotros nos vamos a centrar en un concepto más delimitado, los Sistemas de Pagos Interbancarios que podemos clasificar atendiendo a distintos criterios:

  • En función del tipo de liquidación, es decir, si los pagos se procesan de uno en uno o si existe una compensación entre las órdenes de los distintos participantes

  • En función del momento de la liquidación, es decir, si la liquidación se produce en tiempo real o de forma diferida

  • En función del importe de las operaciones, denominándose, grandes pagos o pequeños pagos

  • En función del ámbito geográfico, en este caso, nacional o internacional

(Fuente: Banco de España)

Con ello queremos poner de relevancia que, la única forma de afrontar un pago legalmente reconocida es mediante dinero de curso legal, que en el momento actual y en nuestro territorio es la moneda común europea o Euro. El resto son solo sistema o medios que representan a dicha moneda pero que, la elección en utilizar cualquiera de ellos, deber quedar al libre arbitrio o elección de las partes contratantes, sin que tenga que venir impuesta. Haciendo una revisión del Código civil:

Del pago

Artículo 1157

No se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía.

Artículo 1156

Las obligaciones se extinguen:

Por el pago o cumplimiento.

Por la pérdida de la cosa debida.

Por la condonación de la deuda.

Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor.

Por la compensación.

Por la novación

Artículo 1160

En las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero o cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que la hubiese gastado o consumido de buena fe.

Artículo 1161

En las obligaciones de hacer el acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.

Artículo 1162

El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirla en su nombre.

Artículo 1170

El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España.

La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.

(…)

Como es de ver, la normativa establece la liquidación de la deuda a través del pago en dinero o moneda de curso legal. Solo es posible dicha liquidación si ambas partes lo han consensuado previamente. Así, la imposición del IMT vigente a 1 de Enero de 2017 para cobrar a través de TPV y bajo sanción por su incumplimiento, supone una vulneración de la anterior normativa puesto que, las partes contratantes en la prestación de servicio de taxi son el taxista y el cliente, no así este órgano administrativo. Por lo tanto, el taxista tiene que ser libre de aplicar o no dicho mecanismo de cobro para poder saldar el servicio prestado al cliente. La imposición de dicho sistema de cobro por parte del IMT, atenta directamente contra las normas que rigen el libre comercio, libre contratación y normativa mercantil, cercenando el poder de decisión de cobro por parte del taxista.

Supone además, una clara vulneración del art. 38 CE, así como de los arts. 1.1, 9.2, 33, 40, 53, 128, 131, 139.1, 149.1. del mismo texto constitucional.

La libertad de empresa como un derecho o libertad constitucionalmente garantizado es un exponente emblemático de estos principios, más aún cuando este derecho debe modularse en función de un parámetro como es la economía de mercado, que no contiene un concepto técnico jurídico, sino que se remite a consideraciones de carácter económico con el propósito de establecer el modelo global del sistema económico y social.

     Por ello se hace necesario referirse a la doctrina del Tribunal Constitucional para determinar el alcance y contenido de este artículo 38.

     La Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, señala que esta disposición constitucional garantiza el ejercicio de la libre empresa al tiempo que la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, entre las que hay que incluir las que pueden imponerse en virtud de determinados bienes o principios constitucionalmente protegidos.

     La libertad de empresa deber ejercerse, como ha quedado reseñado, en el marco de la economía de mercado debiéndose entender esta última, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, como la defensa de la competencia que constituye un presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas y no como una restricción de la libertad económica” (STC 1/1982, 208/1999, de 11 de noviembre).

Finalmente, la imposición de implantación de dichos TPV a través de operadores privados y sin que este ente administrativo haya aportado los mismos, libres de cuotas de mantenimiento o comisiones, o sea, aparatos de uso público y adquiribles en el mercado y sin intervención de empresas privadas o bancos, supone la introducción o “parasitismo” de dichas empresas dentro del poder adquisitivo del taxista, así como una vulneración del art. 30 de la Ley 19/2003, de 4 de julio del taxi. Tampoco se ha establecido un programa de subvenciones por parte de esta administración, tal y como establece el precepto.

Dicha situación “parasitaria” a través de cuotas de mantenimiento y comisiones a porcentaje sobre el cobro de cada carrera, redunda en el beneficio o salario de cada taxista, el cual ve reducido en un promedio de 30 a 80 euros mensuales (según la dedicación y cobros que se realicen por este sistema). Dicha pérdida de beneficio o salario no ha sido tampoco contemplada por éste ente administrativo a la hora de tomar dicha de decisión de obligatoriedad de cobro por TPV, con clara vulneración del art. 47 del Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona:

Artículo 47. Tarifas

(…)

2. La fijación de las tarifas aplicables a los servicios urbanos de taxi se ajustará a lo que prevé la normativa vigente en materia de precios. Las tarifas han garantizar siempre la cobertura del coste del servicio y la obtención de un beneficio empresarial razonable.

(…)

Sobre las comisiones aplicables al TPV, pasamos a desarrollarlo a continuación.

II.- PERJUICIOS HACIA EL TAXISTA DERIVADOS DEL COBRO CON TARJETA: En concreto, para realizar el cobro mediante este último tipo de tarjetas, tal y como se exige a partir del 1 de Enero de 2017 por la modificación del artículo 28.1.g) del reglamento, es precisa la contratación del TPV o pasarela de pago.

Pasarelas de pago: Una pasarela de pago o Terminal de Punto de Venta (TPV) virtual, cumple en Internet la misma función que los sistemas tradicionales de cobro mediante tarjeta de crédito (TPV físico): permite que los clientes puedan pagar una compra utilizando una tarjeta de crédito.

  • El cliente utiliza una aplicación de comercio electrónico para escoger una lista de artículos a comprar. La aplicación calcula el importe total a cobrar.

  • Cuando el cliente decide pagar, la aplicación de comercio electrónico le redirige al sitio web del banco indicándole al TPV la cantidad total a cobrar.

  • El cliente introduce el número de su tarjeta de crédito en un formulario del sitio web de la entidad financiera. Este dato viaja encriptado hacia los servidores del banco.

  • El banco realiza en cuestión de segundos una comprobación de la validez de la tarjeta de crédito y la existencia de fondos. En caso afirmativo, se realiza el cobro ingresando el dinero en la cuenta bancaria del vendedor (la cual debe estar en el banco correspondiente al TPV que se esté empleando).

  • El sitio web del banco informa a la aplicación de comercio electrónico sobre el resultado de la transacción, es decir, si el pago se ha hecho efectivo o no.

  • Dependiendo de este resultado, la aplicación de comercio electrónico deberá realizar diferentes acciones: informar al usuario, actualizar las bases de datos de la aplicación con el resultado de la transacción, etcétera.

  • Es necesario resaltar que el sistema de pago implementado por los diferentes bancos, no proporcionan una aplicación de comercio en sí, sino que simplemente implementan un sistema de pago

El TPV virtual ofrece Desventajas de cara al taxista:

  • Las comisiones por este sistema de cobro son muy altas, del orden de un 4% del importe total. Si lo comparamos con el 2% de los pagos por tarjeta en tiendas físicas, apreciamos un agravio comparativo que supone un tremendo obstáculo al desarrollo del comercio electrónico.

  • Al parecer, este cargo tan desmesurado tiene su origen en criterios adoptados por Visa y otras entidades emisoras de tarjetas que penalizan el comercio electrónico aplicándole la comisión más alta del mercado, debido al supuestamente elevado número de reclamaciones existentes.

Requisitos para el uso de un TPV virtual

El requisito es abrir una cuenta con el banco que se desee trabajar. El taxista que desee utilizar una pasarela de pago debe comunicar en su oficina bancaria el deseo de utilizar el sistema de pago debe comunicar en su oficina el deseo de utilizar el sistema de pago por internet  con un determinado proveedor. Posteriormente el banco le comunicará al taxista el nombre de comercio que le haya sido asignado. El nombre de comercio es un identificador único que se utiliza a la hora de referenciar su tienda virtual. Una vez que sepamos su nombre de comercio podrá comenzar a utilizar la pasarela de pago.

Por lo tanto, como vemos, SE HACE OBLIGATORIA LA CONTRATACIÓN DE DICHO APARATO CON UNA ENTIDAD BANCARIA, no existiendo en la actualidad, la posibilidad de contratar o aplicar un aparato libre de dichas comisiones e intervenciones privadas en el servicio del taxi, contraviniendo claramente el art. 30 de la Ley 19/2003, de 4 de julio del taxi:

Article 30

Incorporació de noves tecnologies

1. Les administracions competents en la materia han de promoure, amb la colálaboració de les associacions més representatives del sector, la implantació progressiva de les innovacions tecnológiques més indicades per tal de millorar les condicions de prestació i seguretat dels serveis de taxi, tant pel que fa als mitjans de contractació i pagament com als sistemes de posicionament dels vehicles, entre altres.

2. Les administracions competents en la materia han d’incentivar, mitjançant les fórmules més adequades, les inversions en noves tecnologies i l’adquisició dels equipaments corresponents, als efectes de les disposicions de l’apartat 1.

Así, a modo de ejemplo, pasamos a citar algunas ofertas sobre el mismo realizadas por los operadores más empleados dentro del sector:

TPV Virtual La Caixa

Comisión de un 1%, con un mínimo de 0,35€.

100€ de alta.

Mantenimiento: 9€ al mes, si facturas una cantidad igual o superior a 600€.

Mantenimiento: 19€ al mes, si facturas menos de 600€.

Mantenimiento: 25€ al mes, si se encuentra inactivo durante 3 meses.

TPV Virtual Sabadell – Cam

Comisión de 0,80 sin mínimo.

Los primeros 6 meses cuota gratuita del TPV, a partir de los 6 meses 18€ mensuales si no llegan a 20 operaciones.

No cobran alta

TPV Virtual Bankia

No cobran alta

Transacción: 0,33€ tarjeta debito y 0,76% si es tarjeta de crédito.

Mantenimiento: 25€ al mes, si facturas menos de 1.000€ mensuales.

Mantenimiento: 10€ al mes, si facturas más de 1.000€ mensuales.

Mantenimiento: Gratuito, si facturas más de 5.000€ mensuales.

TPV Virtual ING

No cobran alta

No cobran mantenimiento

Comisiones por debajo del 1%

Condiciones: Tu negocio debe de estar activo durante 6 meses antes de poder solicitar el TPV Virtual.

Entendemos que dichos cobros sobrepasan los límites legales establecidos sobre el cobro por este comercio, tal y como especifica el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia:

Artículo 11. Límites máximos a las tasas de intercambio.

1. En operaciones efectuadas con tarjetas de débito, la tasa de intercambio por operación no será superior al 0,2% del valor de la operación, con un máximo de 7 céntimos de euro.

En el caso en el que el importe de la operación no exceda de veinte euros la tasa de intercambio por operación no excederá del 0,1% del valor de la operación.

2. En operaciones con tarjeta de crédito, la tasa de intercambio por operación no será superior al 0,3% del valor de la operación.

En el caso en el que el importe de la operación no exceda de veinte euros la tasa de intercambio por operación no excederá del 0,2% del valor de la operación.

3. A efectos de la aplicación de los límites mencionados en los apartados anteriores, cualquier comisión, retribución o compensación neta recibida por un proveedor de servicios de pago emisor de tarjetas de pago con respecto a operaciones de pago o actividades auxiliares a las mismas será considerada parte de la tasa de intercambio.

Artículo 12. Prohibición de la repercusión de gastos al ordenante.

Los beneficiarios de las operaciones de pago en las que las tasas de intercambio han quedado limitadas de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, no podrán exigir al ordenante el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta de débito o de crédito.

Como es de ver, en las diferentes ofertas que realizan las diferentes entidades bancarias, existen toda una serie de cobros de mantenimiento y comisiones sobre el precio final de cada “carrera”, los cuales no tienen motivación ni justificación alguna, puesto que, se trata de tramitar un cobro y un pago efectuado entre entidades bancarias: el cliente aporta su tarjeta-su banco efectúa el pago de la carrera-el banco contratado por el taxista realiza el cobro de la carrera a través del TPV y lo ingresa en su cuenta bancaria-por esta función se cobra una comisión. Pero… que se entiende por “comisión” en derecho mercantil?:

El mandato civil se convierte en comisión mercantil cuando su objeto constituya un acto u operación de comercio, y al menos una de las dos partes, comitente o comisionista, esté actuando en el ejercicio típico y profesional de su actividad económica.

Se trata de un contrato por el cual un comitente realiza un encargo a un comisionista, que se compromete a cumplirlo a cambio de un precio o comisión, y que se puede ver incrementado en el supuesto de que el comisionista garantice el buen fin de la operación (comisión de garantía).

El comisionista siempre actúa por cuenta ajena, pero puede hacerlo en nombre propio o en el de su comitente, según aclare o no a los terceros, su simple condición de mandatario.

La comisión más frecuente en el mercado es aquella en que el encargo consiste en comprar o en vender alguna cosa. Sin embargo, su objeto puede ser también el transporte, en cuyo caso el comisionista se obliga a contratar con uno o varios porteadores, para conseguir así el traslado de los efectos o mercancías.
Con frecuencia cuesta diferenciar la
comisión del contrato de agencia, del que se diferencia entre otros aspectos por el carácter ocasional de aquél, frente al estable de éste (arts. 244 y ss. del Código de Comercio de 1885).

Así, el taxista se ve obligado a soportar o contratar un contrato de comisión con la entidad bancaria, fuera de su voluntad, pero por imposición de esta administración, lo que atenta directamente contra su libre voluntad y consentimiento contractual.

SEPTIMO.- Solicitamos la declaración de ilegalidad del mencionado artículo 28.1.g) del Reglamento Metropolitano del Taxi, por los perjuicios particulares que causa al taxista y en base a:

– Realizar obligatoriamente el cobro de su trabajo de una determinada manera, cercenando su poder de decisión sobre el mismo, contraviniendo con ello la normativa civil en derecho de obligaciones (arts. 1157 y ss), así como la libertad de empresa establecida en la Constitución Española (art. 38 y concordantes).

– Pérdida de su poder adquisitivo a través de las mencionadas pasarelas de cobro, circunstancia ésta que no ha sido observada por el IMT, AMB ni Consell del Taxi a la hora de establecer las tarifas oficiales, contraviniendo el art. 47.2 del Reglamento Metropolitano del Taxi, así como el art. 35.1 de la Constitución: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

– Con la implantación de dicho servicio, se obliga al taxista a la contratación involuntaria del comisionista, esto es, obligarse a contratar y retribuir el servicio del banco. Se contraviene con ello el principio de libre autonomía de la voluntad y consentimiento en derecho privado, el cual, parte de la necesidad de que el ordenamiento jurídico capacite a los individuos para establecer relaciones jurídicas acorde a su libre voluntad. Son los propios individuos los que dictan sus propias normas para regular sus relaciones privadas a la hora de contratar. La ley fija como tipo general, el consentimiento libre, especifico, informado e inequívoco, así podemos decir que el consentimiento será:

a) Libre: Deberá haber sido obtenido sin la intervención de vicio alguno del consentimiento.

b) Específico: Referido a una determinada operación de tratamiento y para una finalidad determinada, explicita y legitima.

c) Informado: El usuario debe conocer, con anterioridad al tratamiento la existencia y la finalidad de para que se recogen los datos.

d) Inequívoco: Es preciso que exista expresamente una acción u omisión que implique la existencia del consentimiento (no resulta admisible el consentimiento presunto).

La falta de alguno de estos requisitos conlleva el vicio y nulidad del contrato, así como un desequilibrio prohibido por la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; lo que implica una situación de abusividad, donde la contratación del TPV junto con el contrato de comisión, no ha sido negociado voluntariamente sino IMPUESTO A TRAVÉS DE REGLAMENTO.

El servicio público de transporte es un bien de interés general, y por lo tanto no solo persigue una finalidad privada de ánimo de lucro, sino que da un servicio necesario a la sociedad y es por ello que es de interés general. No está en el interés general que un operador, – que no tiene licencia de operador de emisora ni de taxi-, intente lucrarse o acceder al fruto de un sector público llevándose una parte de las ganancias a partir de dichas comisiones y a cuenta de “las espaldas y sudor” de los taxistas. Finalmente obviarse el IVA que debe facturar al ser intermediario. Deberá plantearse si tributa el IVA correctamente de acuerdo al RD 1619/2012 de 30 de noviembre, en relación a la ley 37/1992, y a la sentencia del TSJ de 5 de mayo de 2000 en la cual en su fundamento de Derecho Segundo:

“…en relación con el sistema de deducciones, claramente se puede deducir que solamente se puede reconocer el derecho a la deducción por el propio sujeto pasivo que lo soportó en su momento y nunca podrá ser ejercitado por persona o entidad distinta de aquella que soportó la repercusión directa del impuesto…”

La correcta facturación también es competencia del Instituto Metropolitano del Taxi, aparte de ser un tema de interés general.

– Relacionado con lo anterior, incidimos nuevamente en la vulneración directa que supone la implantación de dicho artículo 28.1.g) del Reglamento contra el Art. 30 de la Ley del taxi donde no se ha aportado por parte de esta administración la correspondiente subvención o forma de adquisición del aparato TPV en el mercado libre y limpio de terceros intervinientes.

OCTAVO.- Para la declaración de ilegalidad del mencionado precepto del Reglamento, el firmante del presente escrito guarda la condición de “afectado” por el acto administrativo dimanante del cumplimiento del mencionado artículo cuya derogación se solicita. En prueba de ello se aporta resguardo de ticket de terminal TPV en la prestación de servicio de taxi, que se adjunta como Documento 1 al presente escrito.

Por todo lo manifestado,

SE SOLICITA: Que admitiendo el presente escrito, junto con sus copias y documentos adjuntos, se tenga por interpuesta RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA a la IMT que en su calidad de autoridad competente y, proceda a la DECLARACIÓN DE ILEGALIDAD y por tanto, DEROGACIÓN, DEL MENCIONADO ARTÍCULO 28.1.G) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DEL REGLAMENTO METROPOLITANO DEL TAXI SOBRE OBLIGATORIEDAD DE USO DE LECTORES DE PAGO CON TARJETA BANCARIA (TPV) a partir del 1 de Enero de 2017 en todos los vehículos aplicados a licencias de taxi del Area Metropolitana de Barcelona.

En Barcelona, a 20 de Diciembre de 2016.

SALUT Y BUEN VIAJE

LA REGULACIÓN HORARIA Y SUS CONSECUENCIAS

El tema más candente a día de hoy, y después de que los turnos que se implantaron en el taxi de Barcelona estuvieron vigentes menos de una semana, es la Regulación Horaria (RH).

Esta propuesta es la que lidera la organización representante de los profesionales que más votos obtuvo en las pasadas elecciones representativas, que se celebraron el día 3 de mayo de 2012, con el28,52% de los 3.222 votos emitidos.
(En este caso el IMT no proporciono toda la información y datos sobre el sector al resto de asociaciones, además de no informar adecuadamente a todos los taxistas. La consecuencia fue la de una muy baja participación y una victoria más que sospechosa)
____________________
Hay dos formas de dispositivo para aplicar la Regulación Horaria:
-Periférico.
-Inyectado.
El periférico es un reloj descontador que apagaría el taxímetro cuando el tiempo se agotase, y que va conectado al taxímetro.
Y la otra es mediante inyección al propio taxímetro, similar a cuando se actualizan las tarifas.
____________________
En el caso de poner un periférico descontador de tiempo de función del taxímetro, la documentación de que disponemos habla de que hay que fabricar un dispositivo nuevo, hay que saber cuáles son los requisitos para colocar el dispositivo y el coste del mismo. Además, se ha de generar una Orden Ministerial y que laAdministración Autonómica la dé por válida. No sabemos las condiciones que se pondrían en esa Orden Ministerial.
En el caso de inyectar la RH a los taxímetros, y según los promotores de esta medida, hablan de cambiar unos 150 taxímetros por no cumplir las necesidades técnicas.
Sobre la legalidad de esta medida, los promotores, presentan ejemplos que se han dado en otras ciudades españolas como Valencia, Madrid, Bilbao y Córdoba como muestra de que sí es posible esta medida en Barcelona.
La asociación pro-RH asegura que el sistema funcionará para mejorar la recaudación y, sobretodo, para lograr la desaparición del doble turno existente en el sector donde actualmente parece que existe en un 25% del total de las 10.500licencias aproximadamente.
____________________
Pero tampoco disponemos de datos concretos que valore ese incremento de recaudación o el número de taxis que restará al día esta regulación. Esta organización, promotora de la RH, no ofrece ningún dato al respecto, solo habla teóricamente, es decir, no muestran ningún estudio que avale esta propuesta. Tampoco ha hablado nunca de costes concretos para que la medida sea implantada, tan solo hemos podido averiguar que tiene documentos que avalan que casi todos los equipos que actualmente tienen instalados en los vehículos son válidos para esta medida.
Si la Regulación Horaria está dirigida a asfixiar económicamente el doble turno, como aseguran, tampoco tenemos datos de si es posible condonar la libertad empresarial para que no pueda desarrollar las 24 horas de servicio. Los promotores de la medida dicen que sí es posible esta restricción a las empresas.
Por otro lado, hay profesionales que aseguran, con documentación, que los taxímetros que no son válidos son muchos más de los que dicen los promotores de la RH, y nos facilitan una lista de aparatos que no servirían; entre ellos están losTX30 que se instalaron antes del año 1999. E incluso todos los Taxitrónic que tienen contraseña de homologación de antes del año 2006, pues éstos ya no serían útiles para el año 2016. La lista también añade como no válidos todos los de la marca HALE 04 y los NITAX que aún existen instalados. La cifra de aparatos que se tendrían que cambiar puede llegar a un 50% (más de 5.000 taxímetros) del total existente actualmente.
Otras fuentes nos muestran normativas europeas que no se han tenido en cuenta a la hora de plantear la medida. Hay un documento de la Dirección General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, donde se afirma que en materia de taxímetros, este departamento, es el único que tiene potestad para ejecutar cuáles son los idóneos y cuáles no, dando por inválidos los documentos que muestra la asociación que quiere que la RH se implante en Barcelona.
____________________
Como ilustración a este artículo de información, les damos detalles de las ciudades que tienen la Regulación Horaria en su prestación de servicio.
Madrid: Existe un problema técnico porque los sistemas de gestión de flotas, al estar independiente del taxímetro, pueden recoger servicio sin que le cuente el tiempo que tarden en concederle este servicio. Además, se ha pasado a recortar las horas y muchos taxis no la han inyectado hasta que no pasan la correspondiente ITV, por lo tanto, puedes disponer de más horas que el resto de la flota.
Bilbao: Esta ciudad tiene la Regulación Horaria desde hace muchos años a 12 horas. Desde el pasado mes de marzo han pasado a 10 horas porque la rentabilidad, aseguran, bajó un 40% incluso con el límite de 12 horas, pero harán el cambio a 10 cuando actualicen las tarifas para evitar un sobrecoste. Las asociaciones bilbaínas aseguran que sobran licencias dando por hecho que la Regulación Horaria no evita la poca rentabilidad. Hablan de unos 1.200 € de recaudación mensual.
Córdoba: Esta ciudad andaluza tiene un límite de 18 horas y hablan de recaudaciones que no cubren el coste de explotación, pues actualmente están en5,60€/hora recaudada brutos. Alguna organización ya plantea la retirada de, al menos, 100 licencias de las 509 existentes.
Valencia: En la ciudad del Turia, la Regulación Horaria de 12/16 horas se implantó con muchas prisas y se cometieron errores que contradecían la legislación,siendo anulada por la justicia al tener defecto de forma en dicha Orden al faltar el informe del Consell Jurídic Consultiu. Se tuvo que dar marcha atrás a esta medida después del desembolso económico por parte de los profesionales en un primer momento, pero tienen que cambiar 600 taxímetros para poder adecuarse a la legislación, con el gasto que esto acarrea. Durante el primer intento de Regulación Horaria se dio la paradoja que los profesionales que trabajaban sin asalariado, o un solo conductor, comenzaban y terminaban su jornada a la misma hora, quedando para el doble turno unas franjas de tiempo solamente para éstos. Incluso los promotores de la Regulación Horaria han declarado que la medida se quedaba corta y provocaba unas desigualdades de explotación. Actualmente se pretende establecer la Regulación a 12 horas como una huída hacia adelante sinningún tipo de estudio de impacto económico, ni informe jurídico en el que se sustente la viabilidad jurídica de dicha medida.
____________________
Como se puede comprobar en este artículo, la Regulación Horaria tiene multitud de trabas legales, económicas y sociales.
Las trabas legales son, fundamentalmente, por no tener competencias legislativas las administraciones locales y autonómicas. Las trabas económicas son por el desembolso que han de realizar todos los profesionales para implantar una medida como la RH, llegando a tener que cambiar todo el equipo de taxímetro en muchos casos por no cumplir requisitos legales. Y, lastrabas sociales, vienen porque limita en tiempo la actividad económica restandolibertad de explotación a todos los profesionales para plantearse sus jornadas laborales.
Lo más llamativo de este tema es que no se asegura, en ningún momento, la recuperación de la rentabilidad en ningún caso de los expuestos. Por lo tanto, el sentido común nos dice que si se realiza algún cambio, con los tres tipos de coste mencionados, y se sabe con anticipación que no se obtienen los resultados esperados tras ese cambio, lo mejor es buscar otras medidas que se adapten mejor a las necesidades de rentabilidad.
IMFORMACIÓ DE: TEAM TAXI 2013
SALUT Y BUEN VIAJE.

EL NEGOCIO DE LOS TAXÍMETROS

1º aquí solo daré datos del taxímetro  Hale mtc 05 y el modulo Jasil, pero debéis saber que hay muchos más equipos afectados.

2º en el año 2002 se aplican 2 tarifas urbanas (1,2)  y una interurbana (3). Dos años después se aplican tres tarifas urbanas (1, 2,3) y una interurbana la 4 que en este caso no se iluminaba porque las empresas instaladoras (no sé si todas ellas, pero si puedo decir la mayoría) dejaron el cable de la 4 sin soldar en el interface y cortado en el taxímetro. Dispongo de la prueba física, aquí os dejo una fotografía:
3º este año se aprueban las tarifas 1, 2,3, urbanas y la 6,7 interurbana las cuales tampoco se iluminan. La solución pasa por cambiar este interface que podéis ver en la foto anterior por unos 150€ dependiendo de la tarifa del instalador.

 
4º el próximo año, si se aprueban las tarifas 1, 2,3 urbanas, 4,5 para el aeropuerto y 6,7 interurbanas más del 50% de los equipos se tendrán que sustituir, (unos cuantos millones de euros a ganar).
                                             Respuesta de industria:
 
1º Que la homologación de estos equipos es correcta. (Homologados para 3 tarifas, una P y el Libre).
 
2º Que la responsabilidad sobre el cambio y aprobación de nuevas tarifas recae sobre las administraciones públicas (Los ayuntamientos y las corporaciones locales (como, por ejemplo, el Instituto Metropolitano del Taxi), para las tarifas urbanas del taxi (que han de ser supervisadas por la Comisión de Precios de Cataluña), y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, para las tarifas interurbanas del taxi, son las Administraciones Públicas competentes en la elaboración y aprobación de tarifas de servicio del taxi, dentro de sus ámbitos territoriales (Ley 19/2003, de 4 de julio, del taxi). Por tanto, son las que deciden su número, su contenido (importe bajada de bandera, importe quilométrico),
                                             
                                  Respuesta del IMT:
Afirma que el próximo año se tendrán que sustituir los taxímetros Hale entre otros y se tendrán que reprogramar los interfaces conectados a un modulo Jasil entre otros modelos.
 
2º  El IMT afirma que no tiene ninguna responsabilidad al respecto y añade que esta es una decisión política.

Respuesta del IMT:

Respuesta de Industria::

FALLO ILUMINACIÓN TARIFAS 4,6 Y 7 EN MODULO JASIL Y MAS

IMT,

Carrer 62, núm. 18, Edifici B – ZONA FRANCA 08040 BARCELONA
A la atención del departamento de gestión de taxímetros y módulos,
Diego Casar Gómez como persona particular con………………………….., le hago saber sobre una incidencia que se está produciendo en relación con los taxímetros Hale Electronic modelo mt05, los módulos Jasil y los cambios de tarifas que se ha producido este año al incorporar las tarifas urbanas 1, 2,3 y las interurbanas 6 y 7.
Primero, déjeme explicarle los pasos y la información que he conseguido reunir. Nada más aprobarse las nuevas tarifas me dirijo a Catalana del Taxímetro y esta empresa me propone para solucionar la incidencia, cambiar el modulo Jasil por un MIniled y si deseo no tener nunca más un problemas, me ofrecen la brillante idea de cambiar todo, poner un Taxitronic tx30 y un modulo Salude.
Otras empresas instaladoras de taxímetros ofrecen cambiar el convertidor de impulsos por 150 € pero no te aseguran que en un futuro no vuelvas a tener problemas, de hecho me dieron una explicación técnica irrefutable. Mi taxímetro Hale mt05 solo está preparado para  dar 6 salidas cambiando el convertidor, lo cual significa que si el próximo año el IMT aprueba las tarifas 1, 2,3 urbanas 4 y 5 para el aeropuerto y las tarifas interurbanas 6 y 7 ni el hale mtc05 ni el modulo Jasil podrán iluminar esas tarifas (imposible). Para que funcionara correctamente el taxímetro necesitaría 7 salidas para las tarifas, mas una para la P de pagar, esto hace un total de 8 salidas.
Segundo, he contactado con Jasil y con Hale y la explicación técnica que me ofrecen, es la misma que he hecho referencia en el párrafo anterior. Por otra parte déjeme decirle, que Mariana Forcada se puso en contacto conmigo vía telefónica y me explico que ella misma había enviado al IMT un escrito explicando todos los problemas que conllevaría la aprobación de dichas tarifas además de enviarles un informe técnico completo al respecto además de la homologación en la cual se detallan las salidas aprobadas en aquel momento. Mariana Forcada asegura que el taxímetro mt05 se ajusta a la homologación la cual, en su día fue aprobada para 3 salidas para tarifas mas una para la P de pagar.
Por todo ello le ruego que usted como responsable del departamento de metrología abra una excepción  para que todos los taxis afectados por dicha irregularidad puedan pasar la ITV sin iluminar las tarifas 6 y 7 además de responderme a las siguientes cuestiones:
1º revisar las homologaciones del taxímetro Hale mt05 y del modulo Jasil.
2º ¿para cuantas luces está homologado el taxímetro Hale mt05 y el modulo Jasil?
3º ¿quién ha de pagar el convertidor de impulsos de 150€, que tendré que instalar para pasar la próxima revisión de mi vehículo el próximo mes de Abril en el caso de no aprobar una excepción para los taxis afectados?
4ª ¿estamos ante un fraude?
5º ¿por qué la homologación de los taxímetros caduca a los 10 años? Este taxímetro será el 3ª que descansara en mi mesita de noche. Mis libros de cabecera son sujetados por unos 4500€ en aparatos que en otras partes de España si son validos.
Por último, le recuerdo que tiene en su poder un informe de Hale además las condiciones y la homologación del taxímetro y el modulo en el que encontrara todas las respuestas a mis preguntas.
Espero una respuesta de usted lo antes que le sea posible.
 Atentamente
Diego Casar Gómez
Nota: el próximo 23 de abril tengo que pasar el ITV y el modulo no marcara las tarifas 6 y 7. La revisión será desfavorable, ¿estaré trabajando de manera irregular?
 respuesta de los escritos:
Un escrito como este lo he presentado en la delegación de industria en Barcelona.
Industria resume, que el taxímetro está homologado el modulo también pero si ambos necesitan de un interface para ser conectados este no necesita ser homologado.
Por lo tanto, en el interface tenemos un bonito negocio.
El 2002 habían en Barcelona 3 tarifas y los instaladores dejaron el cable de la tarifa 4 cortado (sin soldar) en el interface y en el taxímetro también. Dos años más tarde se incorporo la tarifa 4 (casualidad, descuido) hubo que soldar el cable que se les había olvidado en su día soldar, el coste entre 50 y 100€.
Este año la tarifa 6 y 7 vuelve a dar problemas, el interface es anticuado, coste del cambio del mismo entre 100 y 200€ dependiendo del taller.
En el IMT me dicen que mis equipos que solo tiene 9 años ya están amortizados y que debería de cambiarlos todos. ¿Interesante, no?
En industria me dicen que interponga una denuncia.
No solo nos están engañando, también nos están robando.
Aquí os dejo unas fotografías en las que podéis ver con claridad el timo de las tarifas.
SALUT Y BUEN VIAJE.