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LOS GURÚS DE LA ECONOMÍA COLABORATIVA TRIBUTAN JUNTOS 100.000 EUROS

Blablacar, Airbnb y Uber pagaron entre las tres 100.000 euros a Hacienda en Impuesto de Sociedades el pasado año.

Los creadores de la economía colaborativa acumulan millones de usuarios cada año a golpe de clic. Pero ni los viajes compartidos en Blablacar, ni los realizados con los chóferes de Uber, ni tampoco las noches de alquiler en Airbnb pasan por la ventanilla de Hacienda. Las últimas cuentas de resultados de 2016 disponibles en el Registro Mercantil reflejan cómo estas tres empresas pagaron conjuntamente poco más de 100.000 euros en Impuestos de Sociedades: 18.000 euros Blablacar55.211 Airbnb y 28.000 Uber.

La fórmula es cada vez más popular. Las matrices facturan la actividad real generada en España en países extranjeros donde no tienen, a priori, su sede de operaciones, pero sí una menor presión fiscal. Así, BlablacarAirbnb y Uber –al igual que tecnológicas como AmazonNetflix o Spotify– anotan viajes y alquileres en las cuentas en sus sociedades de FranciaIrlanda yHolanda, respectivamente, mientras que en España solo lo hacen los servicios de marketing y publicidad.

Blablacar3,5M de usuarios y 60.000 euros de beneficios

Blablacar es la más fiel a sus orígenes. La compañía fundada por FrédéricMazzella declaró en España 1,2 millones de euros de importe neto de cifra de negocio a través de su filial Comuto Iberia. Cantidad que quedó reducida a un saldo positivo de 60.700 euros de beneficio. Sin embargo, los viajes que a diario realizan los 3,5 millones de usuarios que la plataforma tiene en España abonaron el importe de su trayecto en el país vecino a través de la sociedad gala Comato S.A.

La cifra que la francesa genera en España se puede aproximar si se toman como referencia los 12.747 viajes anunciados en una semana (1.821 al día) únicamente en las diez rutas más frecuentes. Tras anotar la comisión media a los acompañantes (3’5 euros) en un viaje de dos plazas y con un precio mínimo de 17,25 euros, Blablacar ingresaría siete millones de euros en un año.

Blablacar alega que la legislación francesa le exime de presentar sus cuentas consolidadas

Blablacar afirma que no revela los resultados de su matriz porque la legislación en Francia no obliga a hacerlos públicos, al mismo tiempo que reconocen la envergadura de la comunidad. “Blablacar ha registrado un crecimiento exponencial, llegando en la actualidad a los 50 millones de usuarios en 22 países”, afirman.

Airbnb: 2,9M de facturación en plena burbuja del alquiler

Lo mismo sucede con Airbnb, que prefiere Irlanda. La plataforma líder en alquiler habitacional tenía al cierre del pasado año más de 180.000 viviendas anunciadas en España y hasta 5,4 millones de huéspedes registrados, pero declaró en España una facturación de 2,9 millones de euros y un beneficio de 136.700 euros.

Y es que a pesar de que Airbnb Marketing Services tiene su sede en Barcelona –ciudad en la que generó un impacto económico de 740 millones en 2015, según la plataforma–, las comisiones generadas por el negocio de alquiler a anfitriones y huéspedes se anotan en las cuentas Airbnb Ireland UC.

Los resultados globales también son una incógnita. La memoria de la cuenta de resultados de AirbnbMarketing Services explica que “la sociedad forma parte de un grupo, cuya entidad dominante es la Sociedad irlandesa Airbnb Holding LLC y de acuerdo con el contenido del artículo 42 del Código de Comercio, no está obligada a formular cuentas anuales consolidadas”.

De nuevo, quedan las proyecciones. Si todas las habitaciones anunciadas se alquilaron a un precio medio de 50 euros la noche, y esa misma operación se repitió un mínimo de 5 veces, el negocio de alquiler de habitaciones habría generado 450 millones de euros en 2016. Calculados los porcentajes mínimos que se retiene a quienes ofrecen habitación (3%) y a los que duermen en ella (5%-15%), la firma amasaría en España un negocio bruto de 36 millones de euros; 13,5 millones deducidos en comisiones a anfitriones a los que se sumarían 22,5 de los huéspedes.

Uber1,4M de facturación en un limbo de licencias VTC

Y queda Uber, que se decanta por HolandaUber Systems Spain SL reflejó ingresos por valor de 1,4 millones de euros en España, mientras que sus beneficios quedaron en 83.000 euros. En cambio, fue la sociedad que consolida resultados, Uber International Holding B.V.la que registró los viajes de los chóferes con licencia VTC. Esta sociedad está integrada en el grupo de empresas que encabeza Uber Technologies Inc., con domicilio social en San Francisco.

La estrategia fiscal calca a la de Blablacar y Airbnb, pero se diferencia precisamente de la de su principal competidor: Cabify. La enseña internacional de redes de transporte, con sede en Delaware, sí factura en España sus servicios de “arrendamiento de vehículos con conductor” y los de “prestación de servicios de transporte público discrecional de viajeros”, según aparece en el Registro Mercantil.

Calcular la facturación del negocio de Uber en España es más complicado. Por un lado, el número de licencias VTC repartidas por toda la geografía depende de ayuntamientos y comunidades autónomas, mientras que desde la firma no facilitan ni el dato de número de usuarios, ni tampoco el de operaciones cerradas durante un ejercicio. Además, Uber ha abierto ya otras líneas de negocio, como UberEats.

Hacienda sigue el rastro

Pero, ¿se pueden desviar los ingresos a terceros países? Desde Gestha, sindicato mayoritario de la Agencia Tributaria (AEAT) reniegan de esta práctica. De hecho, insisten en que “estas empresas son las que están en el punto de mira” del fisco, al igual que los usuarios que la utilizan. En tanto, reconocen que las inspecciones de Hacienda” llegan pasados los tres o cuatro años” del inicio de actividad.

En paralelo, la legislación en Europa sigue sin tapar este agujero. Desde 2016, la OCDE recetó las medidas necesarias en pro de una mayor “armonía fiscal”, pero “las tecnológicas siempre van un paso por delante”explica Basilio Ramírez, doctor en economía y asesor tributario internacional.

Hacienda tiene en el punto de mira a las ‘apps’ de la economía colaborativa

Ramírez desgrana los motivos por los que algunas empresas se abrazan a una jurisdicción u otra. “Si bien es cierto que Holanda sirve de plataforma para fijar empresas que luego son puentes con otras sociedades en paraísos fiscales, la tributación en Irlanda se caracteriza únicamente por su baja presión fiscal”, explica. Francia, en cambio, no juega en esa división, sino que tiene uno de los tipos más altos de Europa. El gravamen de sociedades del país vecino es del 38%, superior al tipo medio fijado en España (25%).

Hasta el momento los líos de la economía colaborativa han sido otros. Blablacar se enfrentó a Confebús después de ser acusada de competencia desleal, Uber frenó cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJCM) paralizó 80 licencias VTC por su conflicto con el sector del taxi, y la cruzada del Ayuntamiento de Barcelona contra Airbnb por los apartamentos que incumplen la ley de vivienda sigue latente.

SALUT Y BUEN VIAJE

EL TAXISTA QUE DENUNCIÓ A LOS FLOTEROS EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA TEME POR SU VIDA

Expedito Suárez asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso al que se ve expuesto en el gremio

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell

Expedito Suárez fue declarado testigo protegido por la Justicia después de que un vehículo embistiera su taxi cuando se encontraba trabajando. El conductor estaba implicado en la investigación que surgió a raíz de la denuncia que interpuso en 2013, que destapó tres décadas de prácticas mafiosas en el sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Suárez recuerda que decidió denunciar el caso de los administradores de licencias, comúnmente denominados floteros, después de que la fiscal Evangelina Ríos le dijera que tenía la obligación de advertir al Ministerio Público si se estaba cometiendo un delito. Cuatro años después, teme por su vida.

Asegura que la protección policial a la que tiene derecho no le ha supuesto “absolutamente nada” y no puede protegerle de las amenazas y el acoso a los que se ve sometido en el gremio, puesto que la única respuesta que recibe cuando alerta de lo que le sucede es: “Vete y denuncia al juzgado”. Las pruebas que recaba, afirma, resultan insuficientes para formalizar una denuncia, aunque la cámara del teléfono móvil le sirve de escudo para evitar que ciertos comportamientos afloren. “Yo lo grabo todo, porque me tengo que cubrir las espaldas”, apostilla.

No ha sido el único al que han amenazado de muerte, señala que otros testigos del caso que se han conocido a medida que han pasado los años, han sufrido presiones similares que llegan a afectar a sus respectivas familias. “Mamón, chivato, hijo de puta, como te coja te voy a matar, te voy a reventar la cabeza”, son algunas de las frases que, asevera, han recibido.

Esto ha supuesto un reguero de conflictos judiciales cruzados que, en algún caso ha terminado con una condena por un delito leve de amenazas; mientras que otros han sido archivados. El propio Expedito perdió un juicio por un mensaje publicado a través de una aplicación móvil.

   El taxi de Expedito Suárez tras haber sido embestido.

“Yo ya he hecho constar quién sería el responsable si me pasara algo”, apostilla Suárez, quien prefiere no hacer públicos los nombres ante el temor de represalias. En marzo del presente año hizo constar estos hechos ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que investiga el caso de los floteros, al que entregó audios, grabaciones e imágenes vejatorias suyas que circulan por Internet.

A pesar de todo, Suárez asegura que volvería a denunciar el caso ante la Justicia: “Te lo juro, me tienen que matar, y éste me va a matar, pero yo no me echo para atrás, porque yo vi a mi madre llorando porque no me entendía. Ahora lo ha entendido, pero el sufrimiento que ha pasado mi familia lo van a pagar. Ellos se han aprovechado de nuestros padres para hacer su negocio, por la ignorancia de gente analfabeta o con pocos estudios que se fiaban más de lo que les decían en la oficina que de sus propios hijos”.

Un caso empantanado desde 2015

Pese a que la figura del flotero es ilegal, porque la ley prohíbe el arrendamiento y la cesión de licencias, ésta proliferó en Las Palmas de Gran Canaria, donde una sola persona llegó a controlar más de 60 licencias con las que pudo ganar una media de 6.500 euros al día.

La primera en denunciar estos hechos ante la Justicia fue la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García Rocha, en un caso que fue archivado en Instrucción y que orden ó reabrir la Audiencia Provincial. La posterior denuncia de Expedito Suárez derivó en una investigación policial que precintó las dos cooperativas de taxistas de la ciudad capitalina y se saldó con siete detenciones.

A los acusados, que quedaron en libertad con cargos, se les atribuyeron delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El recorrido del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad capitalina seguía su curso a finales de 2014 pese a los intentos de los acusados de frenar la investigación, que contaba con más de 32 cajas llenas de documentación. Sin embargo, se empantanó con la entrada del juez Salvador Alba en sustitución de Victoria Rosell, quien se acogió a una excedencia para poder presentarse a las elecciones de 2015 como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

Alba, con Evangelina Ríos como fiscal, se centró casi exclusivamente en el caso que se ha destapado como un intento de perjudicar la carrera política y profesional de Rosell. Esto ha supuesto al magistrado  que tenga pendiente una sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial y una penal por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde está siendo investigado por seis delitos.

La fiscal Evangelina Ríos, por su parte, es la que llevó a cabo una investigación contra la misma jueza Rosell que ha sido anulada recientemente por el Tribunal Supremo por haber vulnerado derechos fundamentales de la magistrada.

Mientras tanto, las sanciones han venido de la mano de la Agencia Tributaria, quien impuso multas a 75 titulares de licencias por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Además, la Tesorería General de la Seguridad Social instó a los propietarios, muchos de ellos viudas y jubilados, a darse de alta en el régimen de autónomos en caso de que estuvieran explotando las licencias.

También se ha pronunciado el Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, que condenó a once dueños de permisos a abonar 6.251 euros cada uno por cesión ilegal de trabajadores. Este caso, que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), es semejante al que llevó a cabo el Juzgado de lo Social 8, contra sesenta titulares a raíz de la demanda interpuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Sesenta taxistas de Las Palmas responden ante el juez por cesión de trabajadores a un ‘flotero’

Durante este tiempo, Expedito Suárez ha renunciado a ser miembro de la Cooperativa de Taxis Las Palmas y ha abandonado la presidencia de la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias (Atlatc). En la actualidad, representa al colectivo de nueva creación Taxistas Independientes de San Telmo (Taxitel).

“Hasta los floteros están en contra de los floteros”

Suárez afirma que una vez estalló el caso, los floteros pasaron de mostrar su actividad abiertamente en el gremio con “chulería”, a “esconderse más”. Sin embargo, lamenta que la actividad sigue teniendo lugar en las calles de la capital grancanaria, por lo que algunos asalariados podrían seguir teniendo que pagar entre 45 y 60 euros diarios para poder mantener su puesto de trabajo.

Una situación que ha puesto en conocimiento de distintas administraciones públicas, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de un escrito presentado el pasado mes de enero.

El denunciante valora el rechazo que ha generado la actividad de los administradores de licencias en el sector, pero ironiza que en la actualidad “hasta los floteros están en contra de los floteros”, siempre que les suponga un beneficio, como el rechazo a la implantación de un régimen de libranzas en la capital. Desde Taxitel solicitará al Consistorio, además, la regulación horaria, para que cada taxi trabaje un máximo de 16 horas diarias./eldiario.es

SALUT Y BUENVIAJE

TAXISTAS AUTÓNOMOS PIDEN A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO QUE CONTROLE LA JORNADA DE SUS COMPAÑEROS ASALARIADOS

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En la denuncia, afirman que se duplican las horas permitidas en el Convenio del Autotaxi

 VALLADOLID : Hartos de que no se haya actuado por parte de la Administración municipal, después de más de dos años, los taxistas autónomos de Valladolid han presentado una denuncia ante la Inspeccción Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en la que critican la falta de cumplimiento de la jornada por parte de algunos de sus compañeros asalariados, que están empleados por empresarios que son titulares de licencia.

La denuncia en la Inspección la han presentado Mercedes Castrillo, presidenta de la Asociación Vallisoletana de Taxistas Autónomos Reunificados (Avatar), y Pedro García Illera, presidente de la Unión de Autónomos del Transporte y Comercio (Uniatramc). En la misma se solicita la intervención de los inspectores de Trabajo para que exijan a los empresarios, que tengan trabajadores por cuenta ajena contratados, que lleven un control de la jornada diaria que realizan.

El objetivo de la denuncia es controlar las horas que realizan estos empleados y, si se exceden de la jornada diaria fijada en el Convenio del Autotaxi, que se paguen las mismas como extraordinarias o se compensen en descanso, conforme a lo que marca el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Los taxistas autónomos sostienen que los excesos no controlados del servicio en la calle perjudican al resto del gremio.

Parada de taxi en el Hospital Río Hortega.
Parada de taxi en el Hospital Río Hortega. / G. VILLAMIL

Según Avatar y Uniatramc, en marzo del 2014 la Dirección General de Empleo registró el convenio colectivo del sector del autotaxi, en donde se establece 1.790 horas anuales y otras 40 extraordinarias. Sin embargo, las dos organizaciones coinciden en que dada «la complejidad del sector del taxi no se registra diariamente la jornada del trabajador, ni tampoco se informa mensualmente a los representantes del mismo», tal y como dispone un Real Decreto del año 1995.

Horas que no cotizan

Los autónomos reclaman a la Inspección de Trabajo que realice actuaciones para exigir que los autotaxis de Valladolid lleven en el interior del vehículo el registro de la jornada diaria. Ello permitiría conocer si se cumple la misma, o se realizan excesos que, por otra parte, no cotizan a la Seguridad Social.

Simultáneamente a esta denuncia ante la Inspección, la asociación de autónomos ha presentado otro escrito dirigido al concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, en el que reclaman también la intervención municipal para «que establezca con urgencia un sistema de registro de la jornada diaria efectiva».

Proponen para ello, la creación de un cuaderno o libro con hojas numeradas y el sello del Ayuntamiento, «para que diariamente y cuando comience el turno del trabajador asalariado conste en el mismo su jornada laboral y horas extraordinarias realizadas en computo mensual».

Avatar señala que esta reivindicación del sector data del año 2013, al tiempo que recuerdan a Vélez que el artículo 25 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Autotaxi «permite vigilar estrechamente la permanencia de los coches autorizados en la parada durante el día»./El Norte de Castilla.

SALUT Y BUEN VIAJE.

TRABAJO INSPECCIONA LA JORNADA LABORAL DEL TAXI

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La Inspección de Trabajo ha anunciado el inicio de “actuaciones inspectoras” para evitar abusos en la prolongación de la jornada laboral de los trabajadores. La orden general ha generado inquietud en el taxi, que considera que limitar el trabajo a nueve horas no cubre los costes y pone en peligro a unos 800 asalariados.

El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, Andrés Fernández Temprano, ha remitido a las asociaciones y cooperativas de taxis una nota en la que informa del inicio de controles del horario laboral de los asalariados. Así las cosas, los titulares de las licencias deberán expedir un documento con el horario desarrollado por cada trabajador del servicio. Para ello, se exigirá “el registro de jornada, que deberá ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador”. Y se aclara que este registro “deberá estar en el centro de trabajo y debe garantizar la fiabilidad y la invariabilidad de los datos”.

Fuentes del sector del taxi señalan que hay asalariados que pueden llegar a trabajar doce horas diarias con recaudaciones mensuales de entre 1.400 euros o 1.500 euros, pese a que sólo tienen en nómina 900 euros.
Esta fuente de incertidumbre en materia de cotizaciones es uno de los aspectos que ha llamado la atención de la Seguridad Social. En su nota, que no es exclusiva para el mundo del taxi, se refiere a ello cuando asegura que “la creación de empleo y la consiguiente disminución del desempleo se compadecen mal con la realización por los trabajadores ocupados de horas extraordinarias de manera irregular, como sucede cuando estas horas no se declaran o cuando se hacen por encima de los límites permitidos”.

El Estatuto de los Trabajadores fija que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo”. En cuanto a su cómputo diario, aclara que el límite máximo es de nueve horas, salvo que se acuerde entre el empresario y el trabajador y siempre con la condición de que entre jornada y jornada medie un tiempo de descanso mínimo de doce horas.

El incumplimiento de llevar el registro de comienzo y fin de la jornada laboral se castiga con hasta 646 euros, mientras que el hecho de que no se respete la jornada laboral se considera una falta grave que se sanciona con penas que van desde los 626 euros hasta los 6.250 euros.

La Asociación de Asalariados Unidos del Taxi, que preside Cristo García, aseguró ayer que la orden de la Inspección de Trabajo pone en riesgo la continuidad de unos 800 asalariados del taxi porque no podrán cubrir los gastos si se reduce la jornada laboral./Canarias7:G.H.M./ J.D. /

SALUT Y BUEN VIAJE.

GRANADA LA PRECARIEDAD DEL TAXISTA: JORNADAS DE DOCE HORAS SIN SEGURO NI VACACIONES

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Denuncian irregularidades dentro del sector La gremial defiende que todo está controlado y remarca el esfuerzo para la mejora del servicio

Jornadas laborales de entre 12 y 14 horas, venta de licencias ilegales y conflictos con las ordenanzas que regulan el sector en el Área Metropolitana. Un taxista ha denunciado multitud de irregularidades que, según explica, vienen desarrollando en los últimos años. Una protesta que ya ha obtenido la respuesta de la Gremial del Taxi: “No hay conocimiento de dichas irregularidades y por su puesto están abiertos a escuchar a cualquier trabajador”. Así lo afirmó ayer el presidente de la Gremial del Taxi, Juan Túnez, que se mostró desconcertado con las protestas.

La protesta recoge el conflicto que tienen los asalariados con los patronos. Las largas horas de trabajo que realizan con el cansancio que ello conlleva es una de las quejas de este taxista que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. En su denuncia, también critica el hecho de que el propio trabajador se pague a sí mismo la seguridad social al terminar la jornada laboral con un dinero “que deja en el cenicero del vehículo o sobre en mano”.

Por otra parte, en caso de accidente, si el conductor es culpable éste se hará cargo del coste de la reparación. Sobre las vacaciones, destaca que en muchos casos no se cobran, sin embargo, “se firma el papel donde se garantiza haber cobrado ese dinero. “Si quieres seguir trabajando eso es lo que hay”, remarca. También expone la venta de licencias o la especulación que se realiza en algunas transmisiones: “Se venden entre 150.000 y 160.000 dependiendo si es con o sin vehículo y su estado; en algunas operaciones intervienen intermediarios. Concretamente hay dos o tres en el sector, eso sí, no declarando la totalidad de la venta”, afirma.

El alto precio provoca que “haya personas que se junten para comprar una licencia”. Uno “figura de titular y el otro de asalariado bajo la firma de un contrato privado entre ambos”; un acto prohibido en la normativa que regula el sector, el reglamento andaluz del taxi y la Ordenanza Municipal. “De igual manera hay algún pudiente que tiene hasta tres y cuatro medias licencias usando este método”, critica.

Por último, critica el servicio prestado al ciudadano en especial en los municipios del Cinturón. Está regulado que los taxistas no puedan recoger a usuarios en los municipios aunque sí llevarlos. “Si cada taxista no recoge fuera de su municipio, cada uno es dueño de su cortijo”, detalla este taxista que considera que quien paga el pato es el ciudadano y que lamenta la disolución el Instituto Metropolitano del Taxi creado, precisamente, para buscarle una solución a este conflicto.

“Así seguimos dando la misma imagen que hace treinta años, desunión, cada uno hace la guerra a su conveniencia y el ciudadano que pide un taxi a las cuatro de la madrugada en un municipio no muy lejano a la ciudad se puede encontrar sin servicio”.

 No obstante, hay que tener en cuenta que esta forma de trabajar esta marcada por la legislación. Además, según explica Juan Túnez a lo largo de este año municipios como Armilla, Ogíjares y Churriana se han adherido a la capital para funcionar con los equipos y la central. Ello conlleva un gran avance, pues el usuario que llama de noche a uno de estos municipios conecta con la teleoperadora de la central que le busca un taxi de su municipio. Un convenio al que está previsto que se adhieran otros municipios como Vegas del Genil. Con estos dispositivos, de última tecnología también podrán trabajar con la novedosa aplicación Pide taxi, creada a nivel nacional que ofrece la posibilidad de contratar un servicio desde el teléfono móvil. Avances que, poco a poco, están revolucionando el sector gracias a la tecnología.

SALUT Y BUEN VIAJE.

CUATRO EMPRESAS SE REPARTEN EL NEGOCIO ILEGAL DEL ALQUILER DE TAXIS EN MADRID

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                             Protesta de taxistas en Madrid por la liberalización del sector.

Creditaxi, líder en el sector, ofrece hasta 1.700 euros mensuales a los taxistas jubilados que cedan sus licencias. Las empresas contratan a conductores novatos a quienes presionan para que facturen al menos 3.800 euros al mes

Cuatro empresas han florecido sobre un negocio tan próspero como ilegal. El alquiler de taxis está prohibido en Madrid, pero la normativa de transportes no ha impedido que cuatro empresas florezcan bajo la sombra de un esquema difícil de perseguir. El negocio se basa en los taxistas jubilados que desean complementar su jubilación con una buena suma de dinero por alquilar su taxi a empresas profesionalizadas que ofrecen hasta 1.700 euros mensuales por la cesión del taxi.

El mecanismo es sencillo. En lugar de vender su licencia, el taxista jubilado otorga poderes a las empresas del sector que se encargan de buscar conductores, formalizar seguros y gestionar el dinero recaudado por los conductores. “Pedimos a cada conductor que facture 3.800 euros. Ellos se quedan con el 35%. Nosotros tenemos una comisión fija de 300 euros. El propietario sólo tendría que pagar los gastos de la Seguridad Social o de autónomos de los contratados. Al final le quedan entre 1.400 y 1.700 euros”, explica una comercial de la empresa Creditaxi, sin saber que habla con un periodista.

El próspero negocio del alquiler de taxis ha permitido al propietario de la empresa, Jesús Ramos Fernández, administrar otras 16 sociedades, algunas de ellas destinadas a actividades muy diferentes a la del sector del taxi como venta de embarcaciones, tiendas de ropa, márketing y actividades inmobiliarias.

Los negocios paralelos

La Federación del Taxi ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la investigación de este tipo de actividad, prohibida por el Reglamento de Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. La Federación calcula que la empresa líder del sector, Creditaxi, cuenta con entre 300 y 400 vehículos, lo que supondría unos ingresos limpios de más de 100.000 euros mensuales sin contar con los negocios paralelos del lavado y la reparación de vehículos. Además, los propietarios deben pagar una tarifa mensual de cinco euros por concepto de gasto de abogado.

Además de Creditaxi, otras dos empresas luchan por el mismo mercado: Jubiltaxi y Gestión Integral del Taxi. Una cuarta compañía, pionera en el sector y gestionada por un expolicía local madrileño ampliamente conocido en el medio, también compite para la captación de taxistas jubilados. “Ayudamos a los taxistas a rentabilizar al máximo sus licencias y mejorar su jubilación gracias a nuestro servicio”, anuncia la empresa Jubiltaxi que promete 1.000 euros netos mínimos al mes.

No alquilan, “gestionan”

Para protegerse legalmente, las compañías niegan que vivan del negocio del alquiler del taxi. Aseguran que sólo “gestionan” los vehículos cuando sus dueños están enfermos o tienen una sanción de tráfico que les impide la explotación del vehículo.

Además del negocio del alquiler, las empresas del sector también sirven como intermediadores en la venta de licencias. Su capacidad para conseguir financiación con los bancos hace que muchos compradores y vendedores los utilicen como mediadores en las operaciones, otro de los negocios paralelos.

El colectivo de taxistas, afectados por la liberalización creciente del sector, no oculta su molestia con estas prácticas. “Hay taxistas que comienzan el día presionados porque saben que tienen que hacer, como mínimo 90 euros diarios. Suelen trabajar muy mal: cobran de más a los turistas, aplican tarifas más caras o suplementos que no aplican cogen clientes cuando hay otros taxis esperando en las paradas”, explica un taxista madrileño.

La alcaldesa de Madrid prometió hace dos años investigar las presuntas irregularidades cometidas por las empresas. Desde entonces, el negocio no ha dejado de crecer.

SALUT Y BUEN VIAJE

ABREN EXPEDIENTE A UNA COOPERATIVA DE TAXIS POR PRÁCTICAS ANÓMALAS

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La Agencia de Defensa de la Competencia andaluza investiga a Gasauto tras la denuncia de varios taxistas

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), a través del Departamento de Investigación, ha acordado la incoación de expediente sancionador contra la cooperativa Gasauto SCA de Huelva, por supuestas conductas encaminadas a limitar la oferta de prestación de servicios. Las conductas denunciadas suponen una posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Los hechos comenzaron a investigarse a principios de 2015, a raíz de la denuncia presentada por varios taxistas de la cooperativa. Tras el análisis de la información recabada, la agencia ha considerado que existen indicios racionales sobre la realización por parte de Gasauto SCA de conductas que serían contrarias al referido artículo que prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca  producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional.

El procedimiento sancionador se rige por lo establecido en la citada Ley 15/2007, y se fija en dieciocho meses la duración máxima del mismo.

El Departamento de Investigación, en la actual fase de instrucción podrá llevar a la práctica cuantas acciones considere oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la eventual determinación de responsabilidades. Terminada la instrucción el procedimiento finaliza con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, que en caso de considerar acreditada la existencia de prácticas prohibidas determinaría la sanción del presunto infractor. En caso contrario, se archivarían las actuaciones.

SALUT Y BUEN VIAJE.

LOS ASALARIADOS DEL TAXI DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ACUSAN AL AYUNTAMIENTO DE CONTINUAR CON LA POLÍTICA VEJATORIA PARA EL SECTOR DEL PP

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Consideran que la imposición del descanso de dos días, es una mera cortina de humo para ocultar su falta de voluntad para acabar con la explotación ilegal de licencias por parte jubilados y viudas


Los asalariados del taxi de Las Palmas de Gran Canaria acusan al ayuntamiento de mantener la política de ineptitud de la anterior corporación del Partido Popular.

Tras la decisión, por parte del consistorio, de regular dos días libres de descanso a la semana, los asalariados critican que no se les ha consultado.

 

La Presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, considera que el ayuntamiento una vez más está tratando de poner una “cortina de humo” regulando supuestamente en defensa del sector, pero sin abordar en profundidad el verdadero problema del taxi en la capital grancanaria.

Acusa al ayuntamiento de mantener una política continuista y no actuar donde verdaderamente se está produciendo una flagrante injusticia e irregularidad.  “En Las Palmas de Gran Canaria hace más de 25 años que no se conceden licencias de taxi y esto es una aberración”, asegura la Presidenta de los Asalariados, que añade que la ciudad ha crecido en población y en magnitud y es incomprensible que mientras esto ocurra, el Cabildo esté dando autorizaciones a coches privados con la excusa de que hay un servicio que cubrir.

Mientras, denuncian que el consistorio permita que jubilados y viudas de taxistas sigan explotando ilegalmente licencias. Una situación que califican como vejatoria para el conjunto del sector.

El alcalde por su parte declaraba en Radio San Borondón este lunes que se trata de igualar la capital grancanaria al resto de grandes ciudades que ya tienen regulado el sector  considerando el derecho de los trabajadores del taxi al descanso./Radio SB

SALUT Y BUEN VIAJE.

LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITE QUE LOS PROPIETARIOS DE TAXIS NO SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

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Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA),  como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.

Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.

García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.

Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.

432 altas

La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.

Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.

Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.

García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.

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HACIENDA SANCIONA A 75 TITULARES DE TAXI QUE ADMITIERON HABER CEDIDO SUS LICENCIAS A OCHO FLOTEROS

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que iniciará un procedimiento sancionador que podría concluir con la imposición de multas de 4.000 euros y la revocación de los permisos

El concejal de Transportes, José Eduardo Ramírez, espera tener antes de final de año los expedientes de la Agencia Tributaria para poderles dar curso por la vía administrativa

La Agencia Tributaria ha sancionado a 75 titulares de licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria que admitieron ante este organismo haber cedido sus permisos a ocho floteros para que los administraran al margen de las ordenanzas municipales, en régimen de explotación laboral de los conductores y sin que los titulares cotizaran a la Seguridad Social.

Muchos de ellos ya han pagado las multas por haber incumplido sus obligaciones tributarias tanto en lo referente a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el abono del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Al haber reconocido los hechos, las sanciones impuestas por este tipo de fraude se han visto reducidas.

En los próximos días, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, que ya tiene constancia de estas actuaciones, solicitará de forma oficial a Hacienda que le remita los expedientes finiquitados para poderles dar curso por la vía administrativa.

Según ha explicado a este periódico el concejal de Transportes de la corporación, José Eduardo Ramírez, a partir de ese momento se abrirá un procedimiento que podría culminar, siempre que no prosperen las alegaciones de los implicados, en una sanción de aproximadamente 4.000 euros por cada licencia cedida de forma irregular y la revocación de los permisos.

Ramírez, que espera poder tener los expedientes antes de que finalice el año, ha señalado que el Ayuntamiento ya tramita varios procedimientos por actuaciones similares correspondientes al año 2014.

El caso de los floteros estalló en julio de 2013 con el precinto y registro policial a dos cooperativas de taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, ordenados por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en coordinación con la Vigilancia Aduanera del Ministerio de Hacienda, tras la denuncia interpuesta en la Fiscalía por el entonces presidente de la Asociación de Titulares de Licencia de Autotaxis de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez. Previamente había sido María Eugenia García, presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, quien había llevado el caso a la Justicia., aunque fue archivado.

A raíz de las primeras detenciones y de las investigaciones que constataban la explotación irregular de licencias y la existencia de un sistema de comisiones vinculado al traspaso de los permisos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces gobernado por el PP, se comprometió a estudiar si era viable legalmente que el nuevo reglamento, en ese momento en periodo de redacción, estipulara que sólo pudiera haber una licencia por titular, que éste tuviera dedicación plena y que estuviera dado de alta en la Seguridad Social como autónomo.

Sin embargo, la ordenanza municipal aprobada finalmente deja en manos del Gobierno de Canarias la concesión de licencias, sobre la base de la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera, y permite que una persona pueda acumular hasta cinco permisos.

Por su parte, la Tesorería General de la Seguridad Social informó a principios de año a los propietarios de licencias de taxi que estaban obligados a darse de alta como autónomos para explotarlas. Sin embargo, tres meses después de que concluyera el plazo otorgado para regularizar la situación, la Administración  sigue sin obligar a los propietarios a inscribirse en el régimen de trabajadores autónomos (RETA) y ha permitido que vinculen las licencias a un familiar-colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que esté dado de alta en el RETA.

SALUT Y BUEN VIAJE.