Arxiu de la categoria: arrendamiento

CUATRO EMPRESAS SE REPARTEN EL NEGOCIO ILEGAL DEL ALQUILER DE TAXIS EN MADRID

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                             Protesta de taxistas en Madrid por la liberalización del sector.

Creditaxi, líder en el sector, ofrece hasta 1.700 euros mensuales a los taxistas jubilados que cedan sus licencias. Las empresas contratan a conductores novatos a quienes presionan para que facturen al menos 3.800 euros al mes

Cuatro empresas han florecido sobre un negocio tan próspero como ilegal. El alquiler de taxis está prohibido en Madrid, pero la normativa de transportes no ha impedido que cuatro empresas florezcan bajo la sombra de un esquema difícil de perseguir. El negocio se basa en los taxistas jubilados que desean complementar su jubilación con una buena suma de dinero por alquilar su taxi a empresas profesionalizadas que ofrecen hasta 1.700 euros mensuales por la cesión del taxi.

El mecanismo es sencillo. En lugar de vender su licencia, el taxista jubilado otorga poderes a las empresas del sector que se encargan de buscar conductores, formalizar seguros y gestionar el dinero recaudado por los conductores. “Pedimos a cada conductor que facture 3.800 euros. Ellos se quedan con el 35%. Nosotros tenemos una comisión fija de 300 euros. El propietario sólo tendría que pagar los gastos de la Seguridad Social o de autónomos de los contratados. Al final le quedan entre 1.400 y 1.700 euros”, explica una comercial de la empresa Creditaxi, sin saber que habla con un periodista.

El próspero negocio del alquiler de taxis ha permitido al propietario de la empresa, Jesús Ramos Fernández, administrar otras 16 sociedades, algunas de ellas destinadas a actividades muy diferentes a la del sector del taxi como venta de embarcaciones, tiendas de ropa, márketing y actividades inmobiliarias.

Los negocios paralelos

La Federación del Taxi ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la investigación de este tipo de actividad, prohibida por el Reglamento de Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. La Federación calcula que la empresa líder del sector, Creditaxi, cuenta con entre 300 y 400 vehículos, lo que supondría unos ingresos limpios de más de 100.000 euros mensuales sin contar con los negocios paralelos del lavado y la reparación de vehículos. Además, los propietarios deben pagar una tarifa mensual de cinco euros por concepto de gasto de abogado.

Además de Creditaxi, otras dos empresas luchan por el mismo mercado: Jubiltaxi y Gestión Integral del Taxi. Una cuarta compañía, pionera en el sector y gestionada por un expolicía local madrileño ampliamente conocido en el medio, también compite para la captación de taxistas jubilados. “Ayudamos a los taxistas a rentabilizar al máximo sus licencias y mejorar su jubilación gracias a nuestro servicio”, anuncia la empresa Jubiltaxi que promete 1.000 euros netos mínimos al mes.

No alquilan, “gestionan”

Para protegerse legalmente, las compañías niegan que vivan del negocio del alquiler del taxi. Aseguran que sólo “gestionan” los vehículos cuando sus dueños están enfermos o tienen una sanción de tráfico que les impide la explotación del vehículo.

Además del negocio del alquiler, las empresas del sector también sirven como intermediadores en la venta de licencias. Su capacidad para conseguir financiación con los bancos hace que muchos compradores y vendedores los utilicen como mediadores en las operaciones, otro de los negocios paralelos.

El colectivo de taxistas, afectados por la liberalización creciente del sector, no oculta su molestia con estas prácticas. “Hay taxistas que comienzan el día presionados porque saben que tienen que hacer, como mínimo 90 euros diarios. Suelen trabajar muy mal: cobran de más a los turistas, aplican tarifas más caras o suplementos que no aplican cogen clientes cuando hay otros taxis esperando en las paradas”, explica un taxista madrileño.

La alcaldesa de Madrid prometió hace dos años investigar las presuntas irregularidades cometidas por las empresas. Desde entonces, el negocio no ha dejado de crecer.

SALUT Y BUEN VIAJE

LA SEGURIDAD SOCIAL PERMITE QUE LOS PROPIETARIOS DE TAXIS NO SE DEN DE ALTA COMO AUTÓNOMOS

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Un escrito de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social señala que se permite vincular a los permisos “alternativamente” a un familiar-colaborador

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) lleva un año sin obligar a que las viudas y jubilados, propietarios de una licencia de taxi de Las Palmas de Gran Canaria, se inscriban en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), como así había anunciado que haría. Una advertencia que se producía como consecuencia de las diligencias penales de investigación abiertas para hacer aflorar la actividad de los llamados floteros.

Según desprende de un oficio de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la TGSS ha permitido que los titulares de las licencias vinculen a las mismas “alternativamente” a un familiar-colaborador, dado de alta como autónomo “hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.

Dicho escrito responde a la solicitud de la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, María Eugenia García, de conocer los motivos por los que la Tesorería no ha cumplido con lo anunciado en enero de 2014, cuando dio un plazo de siete meses a los propietarios para regularizar su situación.

García resalta que “el autónomo colaborador solo puede serlo a su vez de un autónomo, titular de la actividad”, por lo que si la viuda o el jubilado no es dado de alta “se produce un fraude doble a la Seguridad Social, beneficiándose el autónomo colaborador del 50% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante 18 meses”.

Asimismo, señala que la explotación irregular de licencias por parte de propietarios que no están dados de alta en el RETA “han alimentado la trama de los floteros” y solicita que “se nos explique qué artículo de la normativa vigente del Régimen General o alternativamente en qué régimen diferente o diferido, un familiar colaborador hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad pueda estar dado de alta en la Seguridad Social si no lo es el titular”.

432 altas

La Inspección Provincial de Trabajo informa en su escrito de que desde septiembre de 2014 ha realizado actuaciones inspectoras respecto a todos los titulares de licencias de taxi de Gran Canaria, para lo que ha utilizado los datos facilitados por el Cabildo.

Asimismo, afirma que tanto la TGSS, como la ITSS decidieron “conforme a la normativa vigente” exigir el alta a los titulares de los permisos, o darles la opción de que figurara la de un familiar-colaborador. Tras esto añade que se han mantenido reuniones con representantes de la Asociación de Autónomos de la capital grancanaria y las cooperativas de taxistas.

Aspecto que contraviene lo comunicado a la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias por parte la Tesorería en Madrid en 2013, cuando señaló que los titulares tienen que estar dados de alta en el RETA, porque la Ley exige que deben tener dedicación plena, lo que difiere de la situación de los jubilados.

Para terminar, el oficio de Inspección señala que “a resultas de las actuaciones practicadas, se han producido 432 altas en la Seguridad Social”, aunque no precisa si se refiere al municipio capitalino o a toda la isla.

García anuncia a Canarias Ahora su intención de llevar la respuesta de la Inspección Provincial de Trabajo ante la Fiscalía al considerar que se podría estar cometiendo un delito de prevaricación y fraude continuado a la Seguridad Social.

SALUT Y BUEN VIAJE

 

CUATRO EMPRESAS SE REPARTEN EL NEGOCIO ILEGAL DEL ALQUILER DE TAXIS EN MADRID

protesta-de-taxistas-12997                     Protesta de taxistas en Madrid por la liberalización del sector.

Creditaxi, líder en el sector, ofrece hasta 1.700 euros mensuales a los taxistas jubilados que cedan sus licencias. Las empresas contratan a conductores novatos a quienes presionan para que facturen al menos 3.800 euros al mes.

Cuatro empresas han florecido sobre un negocio tan próspero como ilegal. El alquiler de taxis está prohibido en Madrid, pero la normativa de transporte no ha impedido que cuatro empresas florezcan bajo la sombra de un esquema difícil de perseguir. El negocio se basa en los taxistas jubilados que desean complementar su jubilación con una buena suma de dinero por alquilar su taxi a empresas profesionalizadas que ofrecen hasta 1.700 euros mensuales por la cesión del taxi.

El mecanismo es sencillo. En lugar de vender su licencia, el taxista jubilado otorga poderes a las empresas del sector que se encargan de buscar conductores, formalizar seguros y gestionar el dinero recaudado por los conductores. “Pedimos a cada conductor que facture 3.800 euros. Ellos se quedan con el 35%. Nosotros tenemos una comisión fija de 300 euros. El propietario sólo tendría que pagar los gastos de la Seguridad Social o de autónomos de los contratados. Al final le quedan entre 1.400 y 1.700 euros”, explica una comercial de la empresa Creditaxi, sin saber que habla con un periodista.

El próspero negocio del alquiler de taxis ha permitido al propietario de la empresa, Jesús Ramos Fernández, adminitrar otras 16 sociedades, algunas de ellas destinadas a actividades muy diferentes a la del sector del taxi como venta de embarcaciones, tiendas de ropa, márketing y actividades inmobiliarias.

Los negocios paralelos

La Federación del Taxi ha pedido al Ayuntamiento de Madrid la investigación de este tipo de actividad, prohibida por el Reglamento de Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. La Federación calcula que la empresa líder del sector, Creditaxi, cuenta con entre 300 y 400 vehículos, lo que supondría unos ingresos limpios de más de 100.000 euros mensuales sin contar con los negocios paralelos del lavado y la reparación de vehículos. Además, los propietarios deben pagar una tarifa mensual de cinco euros por concepto de gasto de abogado.

Además de Creditaxi, otras dos empresas luchan por el mismo mercado: Jubiltaxi y Gestión Integral del Taxi. Una cuarta compañía, pionera en el sector y gestionada por un expolicía local madrileño ampliamente conocido en el medio, también compite para la captación de taxistas jubilados. “Ayudamos a los taxistas a rentabilizar al máximo sus licencias y mejorar su jubilación gracias a nuestro servicio”, anuncia la empresa Jubiltaxi que promete 1.000 euros netos mínimos al mes.

No alquilan, “gestionan”

Para protegerse legalmente, las compañías niegan que vivan del negocio del alquiler del taxi. Aseguran que sólo “gestionan” los vehículos cuando sus dueños están enfermos o tienen una sanción de tráfico que les impide la explotación del vehículo.

Además del negocio del alquiler, las empresas del sector también sirven como intermediadores en la venta de licencias. Su capacidad para conseguir financiación con los bancos hace que muchos compradores y vendedores los utilicen como mediador es en las operaciones, otro de los negocios paralelos.

El colectivo de taxistas, afectados por la liberalización creciente del sector, no oculta su molestia con estas prácticas. “Hay taxistas que comienzan el día presionados porque saben que tienen que hacer, como mínimo 90 euros diarios. Suelen trabajar muy mal: cobran de más a los turistas, aplican tarifas más caras o suplementos que no aplican cogen clientes cuando hay otros taxis esperando en las paradas”, explica un taxista madrileño.

La alcaldesa de Madrid prometió hace dos años investigar las presuntas irregularidades cometidas por las empresas. Desde entonces, el negocio.

SALUT Y BUEN VIAJE

PASTOR ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO MODIFICARÁ LA REGULACIÓN ESTABLECIDA EN LA LOTT PARA EL TAXI Y EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno no tiene intención de modificar la regulación que se estableció en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) tanto para el taxi como para el arrendamiento de vehículos con conductor.

 Durante la rueda prensa de presentación de los PGE 2014 del Ministerio de Fomento Pastor asegura que el Gobierno no modificará la regulación establecida en la LOTT para el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor Madrid, 30 de septiembre de 2013 (Ministerio de Fomento). La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el Gobierno no tiene intención de modificar la regulación que se estableció en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) tanto para el taxi como para el arrendamiento de vehículos con conductor. Durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Fomento correspondientes a 2014, la titular de Fomento ha insistido en que el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado no introduce modificación alguna en el régimen de autorizaciones actualmente establecido para dichas actividades y que, por tanto, no hay ningún elemento .

SALUT Y BUEN VIAJE.

 

EL AYUNTAMIENTO NO RESOLVERÁ POR AHORA 192 EXPEDIENTES A TAXISTAS

La Unidad de Vigilancia Aduanera continúa investigando para el Juzgado, que está pendiente de recibir el informe que emita la AEAT sobre los documentos recogidos en los registros domiciliarios.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria mantendrá en tramitación los 192 expedientes sancionadores abiertos recientemente a taxistas por ceder supuestamente la gestión de sus licencias, mientras el Juzgado de Instrucción número ocho continúe remitiendo información sobre el procedimiento penal abierto a siete presuntos ‘floteros’, cinco de ellos imputados por fraude fiscal, que en la actualidad se encuentra en fase de diligencias previas.
La Administración local ha iniciado un procedimiento administrativo a raíz de la información recibida por el Juzgado, sobre la investigación llevada a cabo por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria (AEAT), que saltó a la luz tras una operación policial llevada a cabo en el seno de las cooperativas de taxis de la ciudad capitalina y que de momento permanece abierta.
Concretamente, la administración judicial envió al Consistorio un CD con las licencias municipales de autotaxi que presuntamente estaban siendo explotadas por los imputados. Sin embargo, según ha podido saber este medio, la Unidad de Vigilancia Aduanera continúa investigando para el Juzgado, que además, todavía está pendiente de recibir el informe que emita la AEAT sobre los documentos recogidos en los registros domiciliarios.
Los expedientes no han sido incoados únicamente a viudas y jubilados, sino también a titulares de licencia dados de alta como autónomos, lo que ha ocasionado un reguero de críticas y presiones al presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxi de Canarias (Atlatc), Expedito Suárez, denunciante del caso de los floteros.
Aunque afirma que ninguno de los casi 60 miembros de la Atlatc han recibido la susodicha ‘carta’, para Suárez esta situación constituye una “huida hacia delante” por parte del concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso, y “no tiene lógica”, ya que los datos utilizados forman parte de un proceso judicial que permanece abierto y “todavía no han ido a declarar ni los imputados”.
El concejal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento, Pedro Quevedo, denunció en un comunicado que Sabroso, ha pasado de argumentar que “no tenía competencias para actuar a dedicarse a expedientar a diestro y siniestro, sin respetar la presunción de inocencia con la clara intencionalidad política de enfrentar a los denunciantes con los denunciados”.
Quevedo reivindica que Sabroso “faltó a la verdad en repetidas ocasiones en sede plenaria, pues ha quedado demostrado que sí había capacidad para maniobrar, el problema es que además de hacerlo tarde lo ha hecho mal, expedientando antes de que acabe el proceso judicial abierto”.
Para el edil de NC las “prisas” del concejal de Movilidad Ciudadana responden a “castigar a los denunciantes y enfrentarlos con las viudas y los jubilados, que si bien muchos de ellos estaban actuando de forma irregular con sus licencias, también es cierto que el Ayuntamiento se los permitía”.
En el mismo sentido se posiciona la presidenta de los Asalariados del Taxi, María Eugenia García, que cuestiona los motivos que han llevado al Consistorio a actuar en base a una información parcial, en vez de hacerlo con los datos propios recabados durante las revisiones ordinarias incluidas en el Reglamento vigente que “no se han hecho”.
Para García la actuación de la Administración local tiene el propósito de “hacer creer a la juez que está actuando”.

Sanción de hasta 6.000 euros
El expediente abierto por el Ayuntamiento cuenta con un periodo de alegaciones de 15 días para evitar una sanción que puede llegar a los 6.000 euros, así como la pérdida de las licencias autorizadas al titular.
Para el Ayuntamiento se trata de un procedimiento común, que ya había sido anunciado por Sabroso, y que nace de la colaboración entre la Administración local y el Juzgado.

SALUT Y BUEN VIAJE.