La magistrada del juzgado de instrucción 8, María Victoria Rosell, ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones solicitadas por las defensas en el proceso contra los supuestos floteros. La jueza da validez a los datos recabados durante la investigación que la Fiscalía llevó durante casi un año.
La intervención de las comunicaciones y los registros a los supuestos floteros durante la investigación de la Fiscalía para aclarar la comisión de presuntos delitos relacionados con la gestión de licencias del taxi ha sido respaldada por la justicia. Una providencia de la magistrada del juzgado de instrucción 8 de la capital grancanaria, María Victoria Rosell, ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones que solicitaron las defensas de los seis imputados, quienes alegaron vulneración de derechos fundamentales. Con esta determinación, el juzgado mantiene las diligencias previas del caso en que se investiga la posible comisión de presuntos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad y contra los derechos de los trabajadores por parte de floteros del taxi, intermediarios que explotan licencias municipales de terceros mediante el pago de una cantidad fija mensual al dueño de la licencia. Además, cobran una cantidad diaria a empleados que trabajan el taxi al amparo de dicha licencia y ni declaran ni tributan por el beneficio que esto les reporta. La jueza respalda la actuación de la fiscal y asegura que «no se han practicado actuaciones vedadas al Ministerio Fiscal, en particular las referidas a comunicaciones». «No se aprecia en la investigación previa practicada que se hayan efectuado actos de vulneración patente de derechos fundamentales, ni diligencias vedadas al Ministerio Fiscal, aunque sí se aprecia (…) cierta falta de motivación en los amparados por la ley», aclara Rosell. Por este motivo, «se considera que pueden practicarse en fase de instrucción, si se consideran imprescindibles, diligencias encaminadas a acreditar el origen de los datos, preguntando al servicio de vigilancia aduanera (…), como en ocasiones se pregunta a otras policías judiciales sobre el origen de los datos incorporados al atestado».
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