LOS TAXISTAS ALERTAN DE PÉRDIDAS DE HASTA EL 50% POR LA PROLIFERACIÓN DE COCHES PIRATA

La Agencia Valenciana de Movilidad confirma tener constancia de las denuncias, pero asegura que se trata de casos «puntuales»

Mucho se está hablando estos días de la existencia de autobuses que operan de manera ilegal en la estación de Castellón, una irregularidad que quedó al descubierto cuando hace hoy justo una semana un grupo formado por 47 inmigrantes se quedara tirado durante casi 24 horas en la AP-7, a la altura de Santa Magdalena de Pulpis, después de que uno de estos vehículos ‘pirata’ sufriese una avería cuando cubría el trayecto Granollers-Marruecos.
Sin embargo, lo cierto es que esta no es una problemática que afecte sólo a los largos recorridos. En la provincia, y así lo vienen denunciando desde hace tiempo desde la Asociación de Taxis de Castellón, «existen cada vez más casos de conductores ilegales» que, o bien operan en áreas que no les corresponden, o simplemente utilizan su vehículo particular para sacarse un ‘dinerillo’ extra.
De hecho, según explica el presidente de la que es la principal cooperativa de taxis del área metropolitana de Castellón, Ignacio Roig, el intrusismo es una de las principales lacras del sector. «Los coches no autorizados nos quitan a los que sí tenemos los permisos en orden la mitad de los servicios. Todo ello, sin que la administración competente haga nada para remediarlo», lamenta.
En este sentido, Roig asegura que el grueso del problema arrancó a raíz de la construcción del aeropuerto de Vilanova d’Alcolea. «A partir de ese momento, comenzó a especulararse con las licencias. Se dieron muchos permisos en los municipios que rodean aquella zona, pero como los aviones siguen sin aterrizar en Castellón, esos taxistas vienen a nuestra área para trabajar sin autorización», comenta.
Más en verano
Además, esta situación se agrava todavía más cuando llega el verano. En el Festival Internacional de Benicàssim, por ejemplo, resulta ya habitual ver a conductores particulares que se ofrecen para llevar a los jóvenes -sobre todo a los de origen extranjero– al recinto de conciertos, los hoteles o los campings por un precio que se acuerda en el momento y que, en la mayoría de los casos, resulta abusivo. Y aunque los taxistas legales dicen haber puesto estas prácticas en conocimiento de las administraciones competentes, poco o casi nada se ha hecho desde entonces.
Al respecto, desde la Agencia Valenciana de la Movilidad, organismo que depende de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, aseguran tener constancia de varias denuncias, pero alegan que se trata de casos «puntuales». Sin concretar el número exacto de incidencias gestionadas en lo que va de ejercicio, se limitan a destacar que «todas las quejas son investigadas y, si procede, se impone la sanción pertinente».
Según la Ley de Movilidad, realizar servicios de taxi sin contar con el título necesario u operar fuera del área asignada sin autorización supone una infracción grave que podría costarle al conductor una multa «de hasta 6.000 euros». Una pena a la que también se enfrentan aquellos que falsifiquen distintivos o señalizaciones o manipulen el taxímetro u otros instrumentos de control obligatorio, así como quienes incumplan el régimen tarifario intencionadamente o arrenden, cedan o traspasen la explotación de las licencias y de los vehículos afectados a las mismas.
Aún así, lo cierto es que aún hay quien prefiere arriesgarse y seguir desafiando las normas, algo que preocupa, y no poco, a los algo más de cien taxistas que sí cumplen la ley en Castellón y que, a parte de a los coches ‘pirata’, tienen que hacer frente a la caída de la clientela derivada de la crisis, a las continuas subidas del precio de los carburantes y ahora también al incremento de los peajes.
«Desde hace unos años a esta parte los beneficios del sector han caído en más de un 60%», afirma Ignacio Roig, quien pese a todo se muestra dispuesto a seguir luchando para que la Administración ponga freno al intrusismo.
EL DATO
6.000
euros es el importe máximo contemplado como sanción para aquellos conductores que incumplan la Ley de Movilidad. Dicha normativa contempla como una infracción grave el realizar servicios de taxi sin contar con el título necesario u operar fuera del área asignada.
La crisis y la subida del precio de los carburantes agravan la situación de este sector castellonense.

SALUT Y BUEN VIAJE

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