Transportes ultima regulación de las áreas sensibles, que incluyen espectáculos masivos y el aeropuerto.
El nuevo Reglamento del servicio del taxi aprobado por el Gobierno de Canarias concede a los cabildos insulares la potestad de que vehículos de otros municipios puedan compartir el servicio en supuestos de grandes concentraciones ocasionales de personas, como puede ser el caso de “acontecimientos culturales, deportivos, artísticos, feriales o similares”, cuando las unidades de la propia localidad “resulten insuficientes”. El documento, que entró en vigor recientemente, establece una serie de áreas sensibles en puertos y aeropuerto que deben ser reguladas, crea la mesa del sector como órgano especializado de debate, establece 12 años como antigüedad máxima para los vehículos, y prohíbe el arrendamiento o la cesión de la licencia para los 3.000 profesionales del sector.
Los profesionales del taxi están ante una nueva ordenación legal, que se debatió durante casi ocho años por todos los sectores implicados, hasta que acaba de ver la luz. El decreto de la consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno canario cede a los cabildos la regulación de las áreas sensibles, que es uno de los temas más espinosos en los que se encuentra ahora, ya que tiene en vilo a los profesionales del aeropuerto de Gran Canaria, y de los puertos de La Luz y de Agaete. La consejera del Área, María del Carmen Rosario, presentará esta misma semana el borrador que desarrolla este Reglamento, que tanta inquietud ha generado entre muchos taxistas de la Isla.
Profesionales del mar
El Decreto autonómico establece que la institución insular debe declarar como áreas sensibles tanto las citadas zonas como los intercambiadores, estaciones de transporte y similares “que sean de interés general”, así como en los lugares “en los que se genere un tráfico importante que afecte a las comunicaciones entre distintos municipios, a la conexión entre islas o a la atención a los turistas”. En ese caso, el Ejecutivo regional habla de que se podrá establecer un régimen especial de recogida de viajeros fuera del término municipal.
Aunque la consejera insular no ha querido entrar en detalles sobre el borrador que expondrá a los profesionales, María del Carmen Rosario ha dado a entender que no vería con malos ojos el sistema que regía hasta ahora, donde se permitiría entrar a taxistas de otros municipios en Gando y los puertos mediante un contrato firmado con antelación por el pasajero (un tránsfer), con lo cual también respondería a la inquietud de colectivos como las consignatarias, que contaban con taxistas de confianza de la capital para recoger a las flotas de otros países cuando llegaban a Gran Canaria, o cuando los llevaban de vuelta para coger el avión de regreso a sus casas.
Al mismo tiempo, el Reglamento establece dentro de estas áreas especiales que el Cabildo de Gran Canaria, al igual que el resto, podrá fijar un régimen especial para el movimiento de vehículos entre municipios cuando existan casos de “intensificación temporal u ocasional de la demanda”, que se puede originar por la celebración de acontecimientos culturales, deportivos, artísticos, feriales o similares, “cuando resulten insuficientes las unidades autorizadas en el municipio en que se produzca dicho incremento circunstancial o temporal en la demanda”. Al igual que en el caso anterior con los aeropuertos y puertos grancanarios, el texto estipula que, antes de tomar esta decisión, debe reunirse con los ayuntamientos interesados, las asociaciones del sector y los usuarios.
La nueva legislación mantiene las zonas de prestación conjunta entre municipios próximos, y una posible interacción, como ahora.
El Gobierno de Canarias ha promovido dentro de este Reglamento la creación de una Mesa del Taxi, que pretende ser un órgano especializado de debate, en el que estarán presentes los responsables políticos del sector, así como dirigentes empresariales, sindicales y sociales representativos.
El Reglamento, que consta de 34 artículos y 18 disposiciones, obliga a que todos los vehículos dispongan de un taxímetro verificado y homologado. Y establece como una de las prioridades la renovación de los coches periódicamente, poniendo 12 años como tope de antigüedad desde su primera matriculación, “cualquiera que sea el país donde se haya producido”.
El Gobierno regional prohíbe el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia municipal o autorización insular. En este sentido, se ratifica que cuando un ayuntamiento saque a concurso nuevas licencias, los conductores asalariados en el municipio tendrán preferencia sobre el resto en la adjudicación de los títulos administrativos. Además, se permitirá heredar la licencia en caso de fallecimiento del titular, o bien transmitirla a un tercero, siempre que reúnan las condiciones para el trabajo.
Los ayuntamientos seguirán teniendo la capacidad para establecer las tarifas urbanas, pero el Gobierno de Canarias la tendrá en las interurbanas.
SALUT Y BUEN VIAJE
