Tensión en el sector del taxi. La importante caída en el número de clientes desde que comenzó la crisis y, por tanto, la rebaja sustancial en la recaudaciones quedó patente en la asamblea celebrada ayer en el centro cívico de Delicias. Durante cuatro horas, cerca de 260 titulares de licencias (en la capital hay 446) debatieron con intensidad sobre posibles soluciones ante la drástica reducción de carreras.
El encuentro, convocado a instancias de un grupo de taxistas de Uniatramc (UGT), se saldó con reproches mutuos y un solo acuerdo. Por 156 votos a 99 salió adelante una propuesta: Pedir al Ayuntamiento que controle las horas que realizan los asalariados en las licencias que ‘doblan’, es decir en las que trabaja el titular y otros chóferes, de manera que los contratados no hagan más de las cuarenta horas semanales recogidas en el convenio y el pastel de clientes esté, así, más repartido. Según explicaron fuentes de esta organización, también se llevaba al debate limitar a 16 las horas diarias de servicio de cada coche y aumentar el periodo vacacional en julio y agosto para dejar en los garajes una cuarta parte de los taxis. No se votaron.
A juicio de estos profesionales, la directiva de la agrupación se encargó de «boicotear» sus propuestas. Desde la otra parte se acusa a los promotores de la reunión de querer desestabilizar a los actuales representantes del sector.
Roberto Merino, actual presidente de la Agrupación de Taxis de Valladolid y de la Cooperativa, esperará que los proponentes presenten el sistema para controlar las horas que hacen los asalariados y llevarlo al Ayuntamiento para su consideración. Taxistas consultados aseguran que esa fiscalización será más que complicada.
En la reunión no se abordó una posible eliminación de licencias. «Es verdad que con la caída de trabajo sobran 150, pero retirarlas es una utopía», reconoció Merino. El alcalde de Valladolid fue tajante ayer al asegurar que no se va a suspender ninguna. «En mis casi 18 años en la Alcaldía yo creo que he dado veinte licencias de las 446, espero que no me acusen a mí de haber provocado la crisis en el sector», dijo. Plantear una posible eliminación de permisos supondría, explican fuentes consultadas, tener que indemnizar a cada uno de los que se vaya con unos 100.000 euros de media, lo que elevaría el coste de este ‘ERE’ a la escalofriante cifra de 15 millones de euros. «Inviable del todo», reconocen.
León de la Riva adelantó ayer que el próximo martes se abordará en la reunión de los quince municipios que forman la Comunidad Urbana de Valladolid la posibilidad de crear una zona única para la prestación de este servicio, que permita recoger pasaje dentro del área sin restricciones y establecer unas tarifas únicas entre municipios.
SALUT Y BUEN VIAJE.
